Por Agustín Peña Cruz
Altamira, Tamps.- A siete años del incendio registrado en la planta de residuos peligrosos
TERSA en la comunidad Santa Amalia, la ciudad de Altamira sigue enfrentando el reto de
garantizar la seguridad industrial y ambiental en un entorno donde conviven infraestructura
portuaria, zonas habitacionales y una creciente red de empresas dedicadas al manejo de
desechos de alta peligrosidad.
En entrevista exclusiva María Luisa Cuevas Rivera, directora de
Protección Civil Municipal, confirmó que en lo que va de 2025, al menos cinco comercios
han sido sancionados por irregularidades asociadas a riesgos potenciales, principalmente
por no contar con un Programa Interno de Protección Civil actualizado —un requisito legal
que data de hace más de una década y que muchas empresas siguen sin cumplir
cabalmente.
Cuevas Rivera detalló que las sanciones han derivado en clausuras parciales, que
posteriormente se revierten una vez que las empresas acreditan el cumplimiento del plan de
acción emitido por las autoridades. Aunque evitó proporcionar los nombres de las
compañías sancionadas, reiteró que las inspecciones responden tanto a denuncias directas
de la ciudadanía como a reportes anónimos al 911. “La denuncia ciudadana es atendida de
inmediato. Es la base de nuestra actuación, especialmente en zonas donde el riesgo es alto
y los vecinos son los primeros en percibir anomalías”, subrayó la funcionaria.
UN PASADO QUE NO SE OLVIDA: EL CASO TERSA
La conversación con la titular de Protección Civil revive el recuerdo del siniestro ocurrido el
5 de marzo de 2018 en las instalaciones de Técnicas Especiales de Reducción de Altamira
S.A. de C.V. (TERSA), una empresa especializada en residuos peligrosos industriales y
biológico-infecciosos. El incendio, atribuido a una chispa generada durante la carga de un
horno, obligó a evacuar dos centros escolares y a cerrar vialidades en el sector, aunque no
se reportaron lesionados.
Según registros oficiales, durante el incendio se vieron comprometidos al menos 42.2 m³ de
residuos sólidos contaminados con solvente, 20.8 m³ de catalizador y 35 m³ de pintura
caduca. La empresa reportó a la PROFEPA el incidente conforme al artículo 130 del
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(LGPGIR). No obstante, el evento dejó al descubierto las deficiencias en las prácticas de
seguridad interna, mismas que motivaron la clausura inmediata por parte de Protección Civil
y el levantamiento de un acta con un plan de acción correctiva.
Cabe señalar que esta no fue la única eventualidad de TERSA. Apenas en diciembre de
2017, otro incendio —esta vez atribuido a fuegos pirotécnicos lanzados desde el exterior—
se registró en sus instalaciones. Pese a estos antecedentes, la empresa fue autorizada para
reanudar operaciones pocos meses después del segundo incidente.
¿QUIÉN MANEJA LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN ALTAMIRA?
De acuerdo con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), en Altamira
están registradas al menos siete empresas especializadas en la recolección de residuos
peligrosos, entre ellas:
● Desechos, Basuras y Servicios, S.A. de C.V., con sedes tanto en Ciudad Madero
como Altamira.
● Servicios Anticontaminación Lacavex, S.A. de C.V.
● Eco Servicios, propiedad de Jorge Esteban Aguirre Reséndiz.
● Maritime Procurement Services, S.A.P.I. de C.V.
Además, otras compañías como Altamira Terminal Multimodal; Comercial y Servicios RV del
Potosí también participan en la recolección de basura industrial, lo cual las convierte en
actores clave para la sostenibilidad del entorno portuario.
La existencia de esta red de empresas refleja tanto el potencial económico del corredor
industrial Altamira-Tampico como su vulnerabilidad ante eventos asociados a residuos
peligrosos. Una falla técnica, la omisión de protocolos o la falta de supervisión pueden
convertirse, como en el caso de TERSA, en detonantes de crisis ambientales y sociales.
MÁS ALLÁ DE LOS SELLOS Y CLAUSURAS
Aunque las acciones de clausura inmediata y los planes de acción correctiva son medidas
contundentes por parte de Protección Civil, el caso TERSA evidencia que la reincidencia es
posible si no existe una supervisión constante y coordinada entre los niveles municipal,
estatal y federal. La normativa ambiental, robusta en el papel, muchas veces tropieza en su
aplicación efectiva cuando intervienen intereses económicos y vacíos de inspección.
El reto, como lo ha señalado Romel Martínez Flores —titular regional de Protección Civil—
es garantizar que las empresas cuenten con todos los permisos de PROFEPA, así como
con protocolos de seguridad adecuados. El área de tratamiento de materiales peligrosos
“debe tener condiciones técnicas y legales muy específicas”, advirtió en declaraciones de
febrero de 2023.
Por tanto, Altamira por ser una ciudad donde confluyen el crecimiento industrial y las
aspiraciones portuarias con los derechos básicos de salud y seguridad de sus habitantes, la
vigilancia no puede relajarse. La prevención no debe comenzar con un incendio.
