Por: José Medina
VICTORIA.- Marina Ramírez Andrade presentó modificaciones a diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, a fin de establecer mecanismos específicos para la protección integral de niñas, niños adolescentes migrantes, garantizando su no detención por motivos migratorios, el acceso inmediato a servicios de salud y educación, el acompañamiento jurídico y psicosocial, y la creación de un protocolo de atención integral.
Denunció que, tan solo en el albergue municipal de Reynosa entre enero y septiembre de 2023 se atendieron más de 3,800 niñas y niños migrantes, muchos de ellos no acompañados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que las condiciones en estos espacios son insuficientes y en ocasiones incompatibles con el principio del interés superior de la niñez, de igual forma organismos como la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) ha documentado situaciones de separación familiar, detenciones arbitrarias por motivos migratorios y barreras para acceder a servicios básicos.
En ese tenor, la panista comentó que, en Tamaulipas, la legislación vigente en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes carece de disposiciones específicas orientadas a atender esta problemática con un enfoque de derechos humanos y protección integral, si bien la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado contempla de manera general la obligación de proteger a la infancia, no contempla mecanismos específicos para salvaguardar los derechos de menores migrantes ni protocolos de atención diferenciada en el contexto de movilidad humana.
Aunado a lo anterior la falta de acceso a educación y servicios de salud sigue siendo una barrera crítica, informes de la CNDH y del DIF estatal indican que al menos el 70% de los menores migrantes atendidos en albergues de Tamaulipas no están inscritos en el sistema educativo, y solo una minoría recibe atención médica continua, además de ello, el acompañamiento legal y psicosocial es prácticamente inexistente en muchos casos, lo que agrava su vulnerabilidad ante procesos migratorios y administrativos que no consideran su edad ni sus circunstancias personales.
«Proponemos la prohibición expresa de la detención de menores migrantes por motivos de estatus migratorio, el acceso irrestricto e inmediato a servicios de salud y educación así como el acompañamiento jurídico y psicosocial durante los procedimientos administrativos y la creación de un protocolo de atención integral y la conformación de un mecanismo de coordinación interinstitucional entre el DIF estatal, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instituciones educativas, de salud y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Dicho lo anterior, reforzar el marco normativo de protección a la niñez migrante es un acto de justicia social y un imperativo jurídico; esta reforma busca colocar a Tamaulipas a la vanguardia en el respeto y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y responde al compromiso ético y legal del Estado de proteger a la infancia, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio».
