Enfoque Sociopolítico |

Por Agustín Peña Cruz*
Como catedrático de diversas asignaturas para la carrera de criminología, puedo precisar
qué Tamaulipas necesita una reforma profunda, no sólo en lo político, sino en lo humano. A
raíz del incidente protagonizado por la séptima regidora de Altamira, Epifania Morán Villeda
—la cual amenazó a quien esto escribe y el caso continuará— se ha encendido una alarma
que merece ser escuchada más allá del eco local.
Pues, en un entrevista exclusiva realizada dentro del preámbulo de la segunda sesión
itinerante del Congreso de Tamaulipas que se desarrollará en Altamira, la diputada Úrsula
Salazar Mojica, presidenta de la Comisión de Investigaciones Legislativas y Asuntos
Municipales de la XLVI Legislatura, se pronunció abiertamente por abrir el debate sobre un
tema que, hasta ahora, ha permanecido fuera del radar legislativo: la evaluación psicológica
de los servidores públicos.
Salazar, habría precisado que “cuando el pueblo elige, lo hace esperando congruencia entre
pensamiento, decisión y acción. Si no hay esa congruencia, entonces algo no está bien”.
Así mismo en esa misma tónica, la legisladora reconoce que no basta con que un
funcionario tenga derecho a ocupar un cargo —capacidad de goce—, sino que debe contar
con la capacidad de ejercicio, es decir, tener las condiciones mentales y emocionales para
desempeñar con responsabilidad su función pública.
Es preciso indicar que, la distinción no es menor, y es que jurídicamente está respaldada
por el artículo 22 del Código Civil Federal, que diferencia entre ambas capacidades.

LA CAPACIDAD DEL EJERCICIO COMO ELEMENTO LEGISLATIVO
En México, no existe una norma nacional que obligue a funcionarios electos o designados a
someterse a evaluaciones psicológicas, salvo en ciertos casos como los de las fuerzas
armadas o elementos de seguridad pública, donde los exámenes de control de confianza
son un requisito. Sin embargo, no hay un marco legal que contemple la salud mental como
filtro de idoneidad para cargos públicos en niveles legislativos o administrativos.
Mientras que, la omisión es relevante, más aún si se considera el artículo 134
constitucional, que establece que los recursos públicos deben ser administrados con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Como reflexión podemos hacernos la pregunta: ¿Cómo garantizar que un funcionario
cumpla con estos principios si su capacidad de juicio está comprometida por desequilibrios
emocionales o conductas violentas?
Por otra parte, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también
establece el derecho de toda persona a ser juzgada por tribunales competentes,
independientes e imparciales. El mismo principio debería aplicarse en sentido inverso: los

funcionarios públicos que toman decisiones sobre la vida, libertad o patrimonio de los
ciudadanos deben actuar desde un marco de competencia e imparcialidad psicoemocional.

EL CASO DE PARTIDA ILUSTRA EL FONDO DEL PROBLEMA
El caso de la regidora altamirense no es un episodio aislado ni una rareza institucional. Es,
en realidad, un espejo de un patrón nacional en el que el poder sin control deriva en
autoritarismo, prepotencia o, incluso, violencia verbal y simbólica.
Amenazar a un periodista —como ocurrió— no solo representa una conducta inapropiada,
sino que atenta contra el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 6 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en tratados
internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La amenaza
contra la prensa es, en esencia, una amenaza contra la democracia.
Por ello, la diputada Salazar no evade el asunto. Por el contrario, lo reconoce como un
punto de inflexión: “Me llevó el tema a la comisión legislativa. Si se tiene que legislar, lo
vamos a hacer. El funcionario debe tener no solo capacidad legal, sino estabilidad
emocional para ejercer”.

LA OMISIÓN COMO COMPLICIDAD
Hay que tener claro que, no se trata de patologizar la política, sino de reconocer que la toma
de decisiones públicas requiere estabilidad emocional, ética y racionalidad. Cuando un
funcionario actúa desde el arrebato, el resentimiento o la confusión mental, no solo pone en
riesgo la legitimidad de su cargo, sino que compromete al Estado mismo.
Por ello, la ausencia de mecanismos para detectar estos perfiles no es un error
administrativo: es un vacío legal que se convierte en complicidad institucional. La evaluación
psicológica no debe ser un estigma, sino una herramienta de profesionalización, al igual que
los exámenes médicos o las declaraciones patrimoniales.

LA PROPUESTA COMO EJE DE TRANSFORMACIÓN REAL
La diputada propone lo que muchos no se atreven: legislar en torno a la capacidad de
ejercicio como requisito evaluable para ocupar cargos públicos. Esto implicaría, por ejemplo:
● Que los aspirantes a regidurías, presidencias municipales, diputaciones o
secretarías pasen por una evaluación psicológica integral aplicada por una instancia
imparcial.
● Establecer parámetros éticos y emocionales mínimos que aseguren que quien ejerce
poder no lo haga desde la impulsividad o la disociación.
● Incorporar protocolos de monitoreo y evaluación continua a lo largo del periodo de
gestión.

¿EL PODER ENFERMA O REVELA LA ENFERMEDAD?
Como les expongo a mis alumnos de la carrera de Derecho en la materia de ética: ¿El
poder enferma o revela la enfermedad?, la pregunta, aunque filosófica, es también jurídica.
¿Debemos esperar a que un funcionario muestre desequilibrios para cuestionar su aptitud?
¿O debe el Estado, en aras del interés público, prevenir antes que sancionar?
Hay que tener presente que hoy en día, México se encuentra ante un dilema. Legislaturas
como la de Tamaulipas tienen la oportunidad histórica de romper con el modelo de poder
autorreferencial y comenzar a construir una gobernanza más ética, más humana, más
profesional. Por tal motivo, la diputada Ursula Salazar desde sus dos comisiones de
Investigaciones legislativas y Asuntos Municipales ha lanzado el reto. El siguiente paso será
del Congreso, y de la sociedad que exige no sólo funcionarios capaces, sino también
emocionalmente aptos.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]

• El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones
  industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad
  Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.