El atraco de los 2,500 millones al IPSSET exige justicia de Estado.
Por Luis Enrique Arreola Vidal.
En Tamaulipas, la corrupción no es un vicio: es una industria. Y Egidio Torre Cantú fue uno de sus ingenieros más precisos.
Durante su sexenio, se desvanecieron 2,500 millones de pesos del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), el fondo que garantiza el retiro de maestras, médicos, policías y burócratas. No fue un error. No fue una omisión.
Fue un crimen quirúrgicamente ejecutado desde las entrañas del poder.
No hablamos de una anécdota.
Hablamos de un desfalco institucional con rostro, estructura y complicidades.
Crímenes con nombre, apellido… y Código Penal.
Como diría Jorge Carpizo McGregor: “El Estado de Derecho no admite excepciones convenientes ni silencios cobardes.”
En este caso, la ley ha sido burlada, pero no anulada. Las figuras penales son claras y contundentes:
• Peculado (Art. 223 CPF): Por desviar recursos públicos para fines privados.Pena: 2 a 14 años de prisión.
Aquí no hay lugar para eufemismos contables. Son 2,500 millones de pesos saqueados con premeditación.
• Lavado de dinero (Art. 400 Bis CPF): Por triangular fondos mediante factureras y contratos simulados.Pena: 5 a 15 años.
Esto no fue burocracia. Fue crimen organizado disfrazado de gestión.
• Delincuencia organizada (Ley Federal contra la Delincuencia Organizada): Por operar como red criminal desde el gobierno.Pena: 20 a 40 años.
Esto fue una mafia con credencial de servidor público.
• Ejercicio ilícito del servicio público (Art. 214 CPF): Por traicionar el deber legal y ético.Pena: hasta 12 años.
Cada día sin justicia es una bofetada a la dignidad ciudadana.
Sumados, más de 50 años de prisión podrían recaer sobre Egidio Torre Cantú y sus cómplices. Y sin embargo, siguen libres. Sonriendo. Intocables.
Como advertía Ignacio Burgoa Orihuela: “La justicia diferida es justicia denegada.” En 2026, estos delitos podrían prescribir, y el mayor atraco a las pensiones de Tamaulipas quedaría archivado como simple “pasivo histórico”.
¿Permitirá la Fiscalía General de la República que este crimen se entierre bajo una montaña de tecnicismos y pactos de impunidad?
La carpeta ya ha sido atraída por la FGR. El expediente Egidio —según fuentes federales— ya se encuentra en el despacho de Alejandro Gertz Manero, y forma parte de los casos priorizados a solicitud directa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El momento de decidir: justicia o complicidad.
La presidenta ha sido clara desde su primer día de gobierno:
“No hay lugar para la corrupción, venga de donde venga.”
Y como recordaba Héctor González Graf: “La aplicación selectiva de la ley no es justicia, es simulación institucional.”
El caso IPSSET es la prueba de fuego de ese compromiso. Porque aquí no hay grises: o se honra la ley, o se protege a una mafia.
El camino es inequívoco:
• Egidio Torre debe ser imputado y vinculado a proceso penal.
• Jorge Ábrego Adame, exsecretario de Finanzas —hoy prófugo—, debe responder desde prisión.
• Cristóbal Rosales, exdirector operativo del IPSSET, debe ser procesado como parte esencial del entramado.
• Cada peso robado debe ser recuperado y restituido a las cuentas de los jubilados.Robar una pensión: el crimen más vil.
Como diría Luis Manuel Guaida: “La corrupción que daña a los más vulnerables es la que más exige castigo ejemplar.”
No hablamos de dinero. Hablamos de dignidad. De médicos que hoy no pueden pagar sus medicinas.
De maestras que sobreviven con pensiones raquíticas. De policías que envejecen sin seguridad ni futuro.
Robar una pensión es arrebatarle la vida a quienes ya lo dieron todo.
La última advertencia: el pueblo no olvida.
Tamaulipas exige justicia, no disculpas. México tampoco. Este no es solo un expediente penal: es una deuda moral del Estado con su gente.
Porque si la ley no castiga este crimen, la historia lo hará.
Y quienes hoy se esconden tras pactos, fueros o silencios, deben saberlo:
Las traiciones al pueblo no prescriben.
No merecen retiro. Merecen rejas.
