Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

El presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados Favila, debe mostrar físicamente su visa original estadounidense porque, de lo contrario, crecería la versión de que ésta le fue cancelada ante la sospecha de que él aparece en alguna investigación sobre narcotráfico, allende el Río Bravo.

Concretamente en el caso de Edgar Alejandro Villarreal Guajardo alias ‘Fresa’, detenido por agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) el pasado día 22 de enero en Brownsville –condado Cameron (Texas)–, en posesión de 8.8 kilogramos de cocaína.

Según versiones periodísticas, Granados Favila fue sujeto a revisión el jueves que nos antecede en el viejo puente internacional, por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quienes lo interrogaron durante +/- cuatro horas para, finalmente, quitarle la visa.

Sin embargo, José Alberto al día siguiente, en la Playa Bagdad, sita en Matamoros, comentó ante los medios de comunicación masiva que se trató simplemente de una revisión de rutina:

“Las autoridades hicieron una revisión a la camioneta en que circulaba y aquí hay una pequeña diferencia. Por ser alcalde, pudieron haber tomado una foto, se hace un poquito más de ruido, pero finalmente fue una revisión cotidiana. Como a la que cualquiera de las personas que cruzamos, a los Estados Unidos, le puede tocar”.

También dijo que, tras esa revisión, se fue de compras.

Y ante la pregunta de un reportero de que si traía la visa consigo, en el recorrido playero, adujo no portarla en ese momento porque no acostumbra cargar siempre documentos oficiales.

De cualquier forma, para respaldar su afirmación, pudo haber ofrecido una conferencia de presa más tarde en la que exhibiera la visa, pero hasta la fecha no ha mostrado ese documento, aunque no lo requiere en México, aun cuando está obligado a presentarlo públicamente, para acallar rumores de que es investigado, allende el Río Bravo, por supuesta colusión con grupos criminales.

Aquí surgen varias interrogantes:

1) ¿Le fue o no revocada la visa?

2) En caso afirmativo, ¿por qué lo niega? O, de no ser cierto, ¿por qué a la fecha no ha mostrado el documento original?

3) ¿Por qué no dice qué le preguntaron sus interrogadores durante las +/- cuatro horas de diálogo?

4) ¿En qué vehículo se transportaba, el sujeto a revisión, si era o no el oficial en México, que se supone sólo puede utilizar en su función edilicia?

5) ¿Quiénes lo acompañaban al momento de ser revisada la unidad; y si él solo fue trasladado a un cuarto para interrogarlo?

El Departamento de Estado de la Unión Americana igual guarda mutis en torno al hecho, lo mismo que el cuerpo diplomático yanqui, siendo que el escándalo se comenta profusamente en redes sociales.

Así que, por salud del sistema político mexicano, Beto Granados debe acreditar con la visa original en mano que no es sujeto a investigación, allá en Estados Unidos, por supuestos vínculos con grupos criminales, como ha trascendido.

Esto daría pie a:

+ Que la LXVI Legislatura del Congreso de Tamaulipas no lo llamara a comparecer para él explicar su situación legal con el Tío Sam;

+ Evitar que el presidente Donald John Trump ‘se agarre’ del supuesto para sustentar su proyecto de que existen políticos mexicanos vinculados a grupos criminales; y

+ Limpiar su imagen, deteriorada con la aprehensión de dos amigos (o colaboradores) suyos, en posesión de enervantes.

Como fuere, de este asunto, ya está enterada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo –quien visitó Matamoros hace apenas unos días para poner en marcha un programa de vivienda–, lo que hace suponer que la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez Velázquez), como su homóloga Anticorrupción y Buen Gobierno (Raquel Buenrostro Sánchez) y su par de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente), investigan al respecto, por ser un caso que podría lastimar los acuerdos bilaterales que están relacionados con el combate al narcotráfico.

Precisamente, por eso, ‘Beto’ Granados debe mostrar su visa, original, aun cuando la revisión aduanal, como él dice, haya sido rutinaria.

Más, cuando el escándalo ya trascendió fronteras.

No por el asunto de la visa –que sería intrascendente–, pero sí por la forma y el fondo en que se llevó a cabo el interrogatorio.

Saqueo al IPSSET

La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, confirmó que se han presentado tres denuncias penales por un desfalco hasta por 2 mil 500 millones de pesos al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET).

Las denuncias corrieron a cargo del propio IPSSET, la Secretaría de Finanzas y la Auditoría Superior del Estado; y tienen qué ver con el período gubernamental de Egidio Torre Cantú.

¿Los pájaros de cuenta ya habrán volado?

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