Agencias.- Demanda la diputada Mónica Almeida atender la problemática que generan, pues además no contribuyen a las finanzas públicas.
Peor aún, con frecuencia son utilizados por el crimen organizado, al que le facilitan la impunidad por falta de registro
La Diputada Federal Mónica Almeida López demandó políticas y acciones que den certeza a industriales, comerciantes y usuarios de automotores, ya que decisiones unilaterales, como la modificación del Decreto sobre importación de vehículos usados, popularmente llamados “autos chocolate”, agravan efectos negativos, como caída de ventas, que perjudican al país en su conjunto.
La parlamentaria del PRD reconoció que la permisividad hacia esta importación surgió con la intención de que las personas pudieran adquirir vehículos a mejores precios, pero señaló que debido a la poco o nula supervisión y regulación se desencadenaron diversos efectos negativos que aún siguen sin solución.
Precisó que la falta de monitoreo y vigilancia impide que siquiera se tengan cifras que permitan dimensionar la magnitud del problema.
Ante esta situación, la Diputada Almeida López consideró “preocupante que no se tenga certeza respecto al tema, ya que el pasado 29 de marzo el Ejecutivo Federal modificó el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, el cual entrará en vigor el 31 de diciembre de 2019, con lo cual se abre la puerta a un ingreso masivo de vehículos “chocolate” al país, lo que tendrá aparejados un sinfín de impactos que no se encuentran previstos”.
Según algunas versiones, entre 2005 y 2011 se importaron casi seis millones de autos usados, la mayoría de Estados Unidos, con lo cual, a pesar de los pronósticos favorables en la industria, se paralizó la expansión del comercio de automóviles nuevos en México.
Así, durante el segundo mes del año se vendieron 103 mil 679 vehículos ligeros nuevos, 5.5% menos que las unidades vendidas en febrero 2018. Con esto suman 214 mil 891 vehículos comercializados en el 2019, 1.9% por debajo de lo registrado en el primer bimestre del 2018.
Por tanto, el sector automotriz de México tiene ya dificultades y con una decisión de modificar y poner en vigencia el citado Decreto se le daría una estocada fatal.
Recordó que la industria automotriz aporta el 3.0% del Producto Interno Bruto (PIB) total y el 17.2% del PIB Manufacturero, y que por lo tanto genera miles de empleos, mismos que igualmente se verían afectados con un mayor ingreso de “autos chocolate”.
Indicó que es en la zona fronteriza donde hay mayor número de “autos chocolate”. No están registrados, sujetos a la legislación estatal aplicable ni a la verificación vehicular, por lo que se desconoce cómo su emisión de contaminantes perjudica la salud y cuánto se requiere para atender ese perjuicio.
Además, en materia de seguridad, existe un amplio índice de impunidad en los delitos cometidos con vehículos de esta naturaleza, ya que al desconocerse la identidad de sus propietarios, son un insumo de alta demanda de los grupos delictivos.
Por otra parte, como no están sujetos al pago de contribuciones, como el de placas y tarjeta de circulación, entre otros, tampoco contribuyen al financiamiento de servicios públicos, como sí lo hace el comercio de autos nuevos.
La diputada del GPPRD enfatizó que, en tanto no se tengan las previsiones económicas, ambientales y de seguridad en general, así como específicas para el sector automotriz, de una mayor importación de los “autos chocolate”, se debe frenar la entrada en vigor del Decreto.
“La sensatez y la seguridad de los mexicanos debe ser prioridad para la toma de decisiones. Aún estamos a tiempo de aprender de los errores del pasado”, concluyó.
