Por: Angel Ríos González
Hay abogados que defienden intereses. Hay otros que defienden principios. Ana María Ibarra Olguín pertenece, sin duda, al segundo grupo. Su pluma afilada, su argumentación impecable y su incansable lucha por la justicia la han llevado a donde pocos se atreven: al terreno donde el derecho no es solo un conjunto de normas, sino un escudo contra la arbitrariedad y la injusticia.
Los pasillos del litigio no le son ajenos. En sus primeros años, trabajó en el despacho Zaldívar Lelo de Larrea y Asociados, S.C., donde conoció de cerca los entresijos de los tribunales y los desafíos de quienes buscan justicia en un sistema que a menudo parece diseñado para negarla. Su especialidad en libertad de expresión y telecomunicaciones la convirtió en una voz clave en la defensa de derechos fundamentales en un país donde decir la verdad puede costar caro.
Pero lo suyo no es solo el litigio: es la causa. Ha dedicado su carrera a construir un andamiaje jurídico que dé voz a quienes han sido sistemáticamente silenciados. Desde la Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar hasta la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Virginia, su trabajo ha traspasado fronteras. Ha llevado argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha desentrañado el impacto de los regímenes extractivos en comunidades indígenas y ha supervisado la capacitación de defensoras de derechos humanos en Guatemala, en una lucha donde el derecho se escribe con sangre y resistencia.
Pero si hay una historia que define su vocación, es la del Taller de Derecho para una Comunidad Indígena en Pamal Navil, Chiapas. Mientras otros aspirantes a jueces y ministros se forjaban en despachos de mármol y salas de conferencia, Ana María Ibarra Olguín estaba en la montaña, enseñando a una comunidad indígena a defenderse de los abusos, escribiendo manuales sobre derechos indígenas, ambientales y de las mujeres, porque entendió que la justicia no llega de arriba: se construye desde abajo.
A su nombre se suman esfuerzos titánicos en la defensa de los migrantes mixtecos y en la lucha ambiental con la “Red de Organismos Sociales por la Laguna, A.C.”. No es la jurista que se queda en los libros. Es la que pisa la tierra, la que se ensucia las manos, la que incomoda al poder.
Su posible llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un simple nombramiento. Es la oportunidad de que el derecho tenga memoria, de que la toga no sea una barrera, sino un puente. Es la posibilidad de que la justicia, por una vez, deje de ser solo una promesa y se convierta en realidad.
Porque hay abogados que defienden intereses. Y hay quienes defienden principios. Ana María Ibarra Olguín ha demostrado que ella solo juega en la segunda categoría.
