Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Terminar con la violencia en México es harto difícil, aunque no imposible. Y por más enérgica que fuera planteada una nueva estrategia, encaminada a recuperar la seguridad, indudablemente la apoyaría (todo) el conglomerado social, porque el reclamo contra le delincuencia ha sido y es una constante.
El mejor recurso sería aplicar castigos más severos a los delincuentes, tras comprobarse su culpabilidad. Así como a tantos funcionarios corruptos que, sin reparo alguno, los han protegido y los protegen.
La prueba de que los correctivos más drásticos son funcionales, se dio en Singapur hace 25 años –en el 2000– cuando Lee Hsien Loong tomó las riendas del gobierno que le heredara su padre (Lee Kuan Yew), castigando con trabajos forzados a narcotraficantes, criminales, violadores confesos y, lo más fuerte, aplicándoles la pena de muerte a los más repetitivos, aunque se tratara de servidores públicos, políticos, policías o militares.
A la fecha, es uno de los países con mayor desarrollo económico.
Y, lo mejor, de los más seguros y pacíficos del mundo.
Empero, en un sistema de gobierno tan corrompido como el nuestro, la complicidad seguramente evitaría el castigo capital.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por ahora parece esperar la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (en principio) y de los juzgadores de los tribunales estatales (posteriormente) para promover una reforma al Código Penal Federal, a fin de que sean implementadas medidas más drásticas contra los delincuentes al ser sentenciados tras comprobarse su responsabilidad en los ilícitos por los que sean vinculados a proceso.
Pero por el momento no ha tocado ese tema, aunque sus asesores en materia jurídica tampoco han dicho en qué consistiría realmente la reforma.
Lo que sí queda en claro, es que ella no está dispuesta a dialogar con el crimen organizado para pactar un alto a la violencia.
De ahí se agarran sus oponentes políticos para desacreditarla hasta la saciedad, sin tomar en cuenta que fue precisamente en sus establos donde otrora se dio patente de corso a los grupos delincuenciales para operar, sin restricción alguna, a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Por tanto, ¿sería o no descabellada una intención reformista?
Recuérdese que fue durante los regímenes priistas cuando surgieron los cárteles –y hasta eso con mucha inmunidad repartiéndose el territorio nacional–, aunque en su inicio sólo para traficar con drogas y, obviamente, contrabandear todo tipo de artículos, hasta armas de fuego, según se dijo.
Pero a partir del 2006, al estrenarse Felipe Calderón Hinojosa como presidente, cambió el ‘acuerdo’, al decretarse una lucha sin cuartel contra los grupos delictivos, no afines al jefe del Ejecutivo Federal en turno, lo que produjo el surgimiento de las bandas dedicadas a la extorsión, el chantaje y el secuestro, así como a la ejecución sanguinaria de sus víctimas.
Antes y aún, han aparecido involucrados políticos militantes de todos y cada uno de los partidos políticos, por lo que resulta insensato escupir para arriba, como pretenden hacerlo los amanuenses del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien implantó la política de ‘abrazos, no balazos’.
Y más, cuando ejemplos existen de sobra para probar la participación de algunas autoridades policiales de esas épocas, en actos ilícitos… pese a que estos hayan actuado en lo ‘oscurito’.
Según se ufanaba el mentado ‘Peje’, durante su régimen presidencial (2018-24) en el país se registraban (+/-) 76 homicidios diarios, originados por la disputa entre bandas delictivas, por lo que propuso un pacto no para rendirse, pero sí para evitar que el pueblo, ajeno a esas reyertas, siguiera siendo víctima.
Al concluir su mandato, el tabasqueño se fue a ‘La chingada’ –nombre de su rancho enclavado en Palenque, Chiapas–, pero sin explicar por qué falló su estrategia de ‘abrazos, no balazos’, hasta el grado de hoy seis de los cárteles son considerados grupos terroristas por el presidente de los Estados Unidos, Donald John Trump.
Alcaldesa ambivalente
Acepto y reconozco que Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, ante parte del pueblo de Nuevo Laredo, asoma como una buena persona.
Una alcaldesa bien intencionada. Pero adolece de la fuerza para hacer sentir su autoridad.
En la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), por cierto, nadie la hace caso; ni creo, tampoco, en la Dirección de Obras Públicas, ya que muchas calles y avenidas de esa localidad lucen deterioradas; igual los parques y jardines.
Lo peor del caso, es que el programa de reencarpetación y bacheo no son obra suya, aun cuando a través de las redes sociales pretenda al menos ‘colgarse’ medallas ajenas.
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