SINGULAR
Por Luis Enrique Arreola Vidal
Si Jorge Carpizo viviera, ya se habría tomado dos aspirinas y un trago de tequila para soportar el nivel de idiotez institucional que estamos presenciando. La crisis constitucional que dejó López Obrador ha alcanzado niveles de comedia involuntaria, pero con consecuencias desastrosas.
La reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, que propone la elección popular de jueces y magistrados, no es más que un burdo intento de convertir la justicia en una sucursal de Morena.
Lo que nos venden como “democratización” es, en realidad, el tiro de gracia a la independencia del Poder Judicial.
Morena lleva años con el manual bien ensayado:
1. Primero, insultar a los jueces cada vez que no les cumplen sus caprichos.
2. Después, asfixiarlos financieramente.
3. Y ahora, quieren someterlos a la voluntad de las mayorías clientelares, porque, claro, la mejor manera de tener jueces “imparciales” es que dependan del voto popular (léase: el voto manipulado).Jorge Carpizo, el hombre que institucionalizó la figura del ombudsman en México y que entendía la importancia de un Poder Judicial fuerte y autónomo, hoy se estaría riendo para no llorar.
Fue ministro de la Suprema Corte, rector de la UNAM, Secretario de Gobernación y defensor del Estado de derecho. Advirtió con toda claridad que un gobierno que busca subyugar a los jueces es un gobierno que no quiere leyes, sino obediencia ciega.
Y hoy, como un mal chiste de la historia, tenemos un gobierno que quiere convertir a los jueces en delegados de la 4T.
El sometimiento del Poder Judicial.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que se supone debería limitarse a temas electorales, ahora quiere ser el árbitro supremo del universo.
Han exigido que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y otros tres ministros se excusen de deliberar sobre la reforma judicial porque ya expresaron su oposición.
¿Y las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, que abiertamente apoyan la reforma?
Ah, no, ellas sí pueden votar.
Porque en la 4T la imparcialidad solo se exige a los opositores.
Aquí aplica la frase que bien podría ser el epitafio de nuestra democracia:
“Solo en la 4T los patos le tiran a las escopetas.”
Para los despistados, la expresión significa que quienes deberían estar subordinados (los patos) son los que ahora intentan mandar sobre los superiores (las escopetas). En este caso, los magistrados del Tribunal Electoral quieren poner de rodillas a los ministros de la Suprema Corte, que, en teoría, son los verdaderos guardianes de la Constitución.
El peligro de la justicia sometida.
Hoy, los tribunales federales tienen la función de corregir los vicios que puedan surgir en los tribunales locales. Es decir, si un juez estatal se equivoca o dicta una resolución con sesgo político, un tribunal federal tiene la última palabra para garantizar que la justicia se aplique correctamente.
Con la reforma de la 4T, este equilibrio se romperá. La supuesta “democratización” de los jueces garantizará que sus decisiones no sean técnicas ni basadas en derecho, sino en la línea política del partido que domine el país.
Nos quedaremos bajo la línea uniforme de lo que indique la superioridad morenista, sin posibilidad de corregir errores, excesos o arbitrariedades.
Lo que estamos viendo es el mundo al revés: el Tribunal Electoral metiendo las manos donde no le toca, ordenando a la Suprema Corte qué hacer y dictando quién puede votar y quién no.
Una aberración jurídica y un espectáculo de autoritarismo torpe.
El descaro del sometimiento.
El mensaje de la 4T es claro: “Si no nos obedeces, te callamos”. No importa si eres ministro de la Suprema Corte, periodista, académico o simplemente alguien con dos neuronas funcionales.
El país está al borde del colapso institucional:
• El Poder Judicial está sitiado.
• Los jueces están siendo amenazados.
• Las instituciones que deberían garantizar el Estado de derecho están siendo convertidas en oficinas de Morena.El respaldo jurídico de la independencia judicial.
Si aún quedaban dudas de lo inconstitucional de esta reforma, basta con revisar el Artículo 94 de la Constitución, el cual establece que la independencia judicial es un principio fundamental del sistema de justicia mexicano.
Este artículo establece que:
“La independencia de los jueces y magistrados será garantizada por el Estado, asegurando que las decisiones jurisdiccionales sean tomadas sin influencias externas, con base en la legalidad y el derecho.”
La propuesta de elección popular de jueces es una violación directa a este principio, pues someter a los jueces a campañas políticas rompe cualquier posibilidad de autonomía e imparcialidad.
Por si fuera poco, el Artículo 116 señala que los poderes judiciales locales deben ser independientes y regirse bajo los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, objetividad y profesionalismo.
Pero ¿cómo puede haber profesionalismo si la única credencial que necesitará un juez para ser electo será la aprobación del partido en el poder?
La farsa democrática y el fin de los contrapesos.
Si el régimen quiere acabar con los contrapesos y someter la justicia a su antojo, que al menos lo haga sin hipocresías.
Que declaren formalmente la dictadura, eliminen la Suprema Corte y le cambien el nombre a la Constitución por “El Manual del Buen Obradorista”.
Porque, a este ritmo, México está a un paso de convertirse en una democracia de cartón, con jueces electos al estilo de “La Casa de los Famosos” y ministros con la autonomía de un florero.
Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando la factura de esta “deformación”.
