Por Luis Enrique Arreola Vidal
¿Existe una lista de funcionarios intocables de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca? ¿Acaso hay enemigos ocultos y encubiertos en el Gobierno de Américo Villarreal? ¿O quizá compromisos políticos o económicos que atan las manos de quienes prometieron justicia?
En el México de las simulaciones, Tamaulipas parece encabezar el podio. La Contraloría Gubernamental, bajo la batuta de Norma Angélica Pedraza Melo, ha sido presentada como la punta de lanza en la cruzada anticorrupción del gobierno de Américo Villarreal. Pero al desmenuzar los hechos más allá de los discursos, lo que queda es una maraña de dudas, opacidad y una inquietante ausencia de resultados tangibles.
Los números de la simulación
Durante la gestión de Pedraza Melo, la Contraloría ha reportado la inhabilitación de más de 40 funcionarios por “faltas no graves” y la presentación de cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). A primera vista, parecería un avance, pero, como señala Raymundo Riva Palacio, ¿de qué sirve cazar peces chicos mientras los tiburones más peligrosos nadan a sus anchas? Hasta el momento, no se ha logrado una sola condena penal significativa que involucre a los verdaderos responsables de los desfalcos millonarios que marcaron la administración de Cabeza de Vaca. ¿Estamos ante una justicia simbólica? ¿O acaso hay intereses más oscuros que mantienen a salvo a los grandes nombres de la corrupción tamaulipeca?
La opacidad como bandera
Uno de los episodios más alarmantes ha sido la negativa de la Contraloría a transparentar los expedientes de Francisco García Cabeza de Vaca y de su exsecretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto. Las solicitudes ciudadanas para acceder a estos documentos fueron rechazadas con el pretexto de “eficiencia administrativa”. Un argumento tan ambiguo como insultante que solo refuerza las sospechas de complicidad. Como bien diría Denisse Dresser, “cuando un gobierno oculta algo, es porque lo que guarda tiene un hedor insoportable”.
Sanciones sin impacto
La lista de sanciones anunciadas también deja mucho que desear. En 2024, se reportaron 75 inhabilitaciones relacionadas con irregularidades patrimoniales, pero las sanciones impuestas —que oscilan entre tres meses y un año— son tan leves que parecen una broma de mal gusto. ¿Es esto lo mejor que puede ofrecer la Contraloría en un estado que ha sido saqueado durante años? Este tipo de medidas parecen más un esfuerzo de relaciones públicas que una estrategia seria contra la corrupción.
Las preguntas incómodas
La gestión de Pedraza Melo plantea interrogantes que no pueden ser ignoradas:
• ¿Qué ocultan los expedientes de Cabeza de Vaca y sus colaboradores más cercanos?
• ¿Hay una lista de funcionarios protegidos por acuerdos políticos o económicos?
• ¿Es la Contraloría un instrumento de justicia o un brazo encubridor de quienes tienen algo que esconder?
El verdadero problema: el mensaje que se envía
La falta de contundencia y transparencia no solo afecta la credibilidad de la Contraloría, sino que perpetúa el ciclo de impunidad que tanto daño ha causado a Tamaulipas. Cuando las instituciones encargadas de combatir la corrupción prefieren callar y proteger, el mensaje es claro: los mismos de siempre siguen siendo intocables. Y mientras tanto, los tamaulipecos ven cómo la esperanza de un cambio real se diluye entre las excusas y los maquillajes políticos.
La gran pregunta ¿Si en el Gobierno de Tamaulipas la transparencia seguirá siendo opcional, la justicia selectiva y la corrupción la única constante?
