-A una velocidad de 5 entrevistas por hora es la evaluación del Poder Legislativo
-En tan solo 12 minutos analizan conocimientos, experiencia y propuestas
-Titular de la Quinta Visitaduría de la CNDH recibe doctorado con firma falsificada
H. Matamoros, Tamaulipas.-En entrevistas que duran no más de 12 minutos, el Comité de
Evaluación del Poder Legislativo analiza los conocimientos jurídicos, experiencia y
propuestas para mejorar el sistema de justicia de quienes aspiran a participar en la
elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.
Desde el pasado 14 de enero y hasta mañana jueves 24, de manera presencial y virtual, los
evaluadores entrevistarán a alrededor de 5 mil aspirantes que cumplieron con los
requisitos en materia de idoneidad. Una cantidad similar no pasó ese filtro por lo que no
pasaron a la ronda de evaluación.
Lo que da pauta para dudar de la efectividad del Comité de Evaluación del Poder
Legislativo es que, dada la cantidad de aspirantes a ministros a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), al Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas
administrativas, es que 12 minutos no es tiempo suficiente para un análisis de esa
naturaleza.
Desde el pasado lunes hasta mañana jueves, los evaluadores del Poder Legislativo
entrevistarán de manera virtual a quienes pretenden ocupar un cargo en tribunales
regionales, magistrados de circuito y jueces de distrito, para concluir esa etapa establecida
en la convocatoria de selección.
Cabe señalar que el hermetismo extremo es la conducta que han adoptado tanto los
evaluadores como los entrevistados, por lo que se desconoce el método de selección de
los mejores perfiles a la primera mitad del Poder Judicial de la Federación que surgirá del
proceso electoral extraordinario programado para el primer domingo de junio del año en
curso. La segunda mitad se elegirá en jornada eleccionaria similar en 2027.
Con el objeto de evitar fuga de información y eludir cuestionamientos de representantes
de medios de comunicación, la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la
República, fue habilitada como el recinto oficial para el proceso de evaluación por parte
del Poder Legislativo.
Como es del dominio público, de acuerdo a la reforma al poder judicial los nuevos
juzgadores serán electos mediante el voto popular y los aspirantes surgirán de las

propuestas de los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, previa
selección de sus respectivos comités de evaluación.
La sentencia de un juez de distrito del estado de Michoacán motivó que el Poder Judicial
suspendiera el proceso de evaluación, motivo por el cual surgió la especulación de que tal
responsabilidad la asumiría el Poder Legislativo.
Para los titulares del Ejecutivo y Legislativo, las sentencias derivadas de juicio de amparo
promovidos en contra de la reforma judicial carecen de validez y, por lo tanto, no es
procedente el recurso de inconformidad.
Al respecto, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ha sido muy reiterativa al
subrayar que el Comité de Evaluación del Poder Judicial debe poner oídos sordos a
resolutivos y sentencias de los jueces y, por lo tanto, no suspender el proceso entrevistar y
elegir a los mejores aspirantes.
Sin embargo, justo es señalar que el desacato y la desobediencia a los juzgadores
federales no es el mejor camino para transitar en un país democrático como México.
Menos aún que la arenga de desobediencia provenga de quien protestó cumplir y hacer
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella
emanen.
Con el argumento de que los amparos suspensivos no proceden, avalado por la
mandataria nacional, los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo “han
mandado a freír espárragos” a los jueces federales que han ordenado la suspensión del
proceso de elección de los nuevos juzgadores.
Desde otra perspectiva, no es invocar al pesimismo o a corrientes contrarias a la Cuarta
Transformación ni tampoco tener más de dos dedos de frente para presumir que en tan
solo 12 minutos de entrevista evaluadora, los responsables de tal cometido analicen los
conocimientos jurídicos, experiencia y propuestas para mejorar el poder judicial.
¿Cómo la ve?
DESDE EL BALCÓN:
I.-Es verdaderamente lamentable atestiguar el aniquilamiento del Poder Judicial y, por
ende, el equilibrio y separación de poderes que mandata la Carta Magna.
También, como de un plumazo legislativo termina la carrera judicial a la que se
sometieron los actuales juzgadores para dar paso a los nuevos togados cuyo activo
principal no será necesariamente el conocimiento de las leyes sino la empatía con la
sociedad, al menos teóricamente.
Ni hablar.

II.-El próximo sábado, en Monterrey, Nuevo León, una “universidad internacional” y un
“colegio estatal de periodistas” otorgarán doctorados honoris causa a diversos personajes,
quienes, a su juicio, merecen esa distinción.
En la ceremonia, dos integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
recibirán ese título honorífico obtenido en edición anterior pero que presentaban errores
en los nombres y una firma irregular.
Se trata de los licenciados MARIANO PUENTE ESPAÑA y JAIME ANTONIO GUADALUPE
GONZÁLEZ HIDALGO quienes exigieron y lograron la corrección del entuerto de los
“directivos universitarios y del claustro rectoral” y, además, una firma que,
irresponsablemente, sustituyeron por un “garabato”.
Lo malo del caso es que los dos pergaminos corregidos contrastarán con el de otros cuatro
miembros de la CNDH que recibieron la misma distinción sin errores ortográficos ni
cambio de nombres, pero con una firma que indebidamente fue falsificada por los
otorgantes.
Ellos son el titular de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
RAÚL ARTURO RAMÍREZ RAMÍREZ y los miembros JOSUÉ DAVID GARCÍA RAMOS, CARLOS
RODRÍGUEZ BERMÚDEZ y JUAN JOSÉ CEDILLO ALEMÁN, quienes presumen sus doctorados
honoris causa con un “garabato” en el lugar de una de las firmas autorizadas.
¿Cómo la ve?
Y hasta la próxima.
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