Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
La cancelación de citas a migrantes aceptados para ser entrevistados en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, para definir su entrada legal a la Unión Americana, no es fortuita, sino consecuencia de la orden xenofóbica de Donald John Trump.
Son miles. La mayoría instalados en los municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas donde, a lo largo de meses, han esperado la ansiada audiencia para ser admitidos legalmente en el país vecino del norte, en caso de solventar los requisitos.
Acá, en este terruño, la mayoría asoma estacionada principalmente en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, aunque igual se nota una presencia, aunque menor, en los municipios Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Río Bravo y Valle Hermoso.
La cuantificación de los solicitantes aceptados a una entrevista, con la ‘CBP One’ –siglas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos–, es difícil de citar porque no hay fuentes fidedignas que la refieran ni por supuesto un padrón en cada uno de los municipios donde se mantienen hacinados los migrantes.
Pero en claro queda que a ese ejército se suman cientos de miles más que no han solicitado formalmente su incursión a territorio yanqui y están, a lo largo de la frontera, esperando cómo brincar la línea divisoria, aunque de forma ilegal.
Su estancia provoca problemas a la autoridad municipal, ciertamente, aunque los alcaldes no se hayan aun quejado. ¿Para dar la apariencia del control en sus comunidades o tener capacidad para solventar el problema?
Lo cierto es que una deportación masiva como la ordenada por Donald John Trump generará a los ayuntamientos fronterizos graves problemas de techo, servicios, hospitalarios, médicos, de alimentación y seguridad, por lo menos, aun cuando el gobernador Américo Villarreal Anaya haya dispuesto medidas precautorias con los alcaldes fronterizos para dar atención a miles de indocumentados.
Estos, por cierto, comenzaron a ser expulsados en la víspera –por los puentes de Matamoros–, sin equipaje, por tratarse de los que permanecían recluidos en centros de reclusión migratoria en espera de su deportación.
La estancia de los migrantes estacionados en la frontera norte de México, insisto, es un asunto grave que fractura la relación entre México y su país vecino, al crecer y desarrollarse anárquicamente por la omisión mostrada por quienes (hoy) están a cargo del asunto en el gobierno federal.
Y en lo que respecta al estado, la desidia para tratar ese asunto corre a cargo de los alcaldes fronterizos, al no saber cómo tratar el problema, hasta el grado de argumentar que ‘ése tema debe resolverlo la Federación’.
Hace días le comenté, en este mismo espacio, acerca de ello, ante la indolencia mostrada por los presidentes municipales, cuando despreciaron acudir a una reunión para tratar el rubro, aunque luego le dieron rienda suelta a su protagonismo al acudir a un encuentro municipalista –allá en la Ciudad de México–, convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque no se tocó el tema de la deportación.
La Federación una y otra vez ha dicho que este problema ha sufrido cambios considerables.
Sobre el particular, aquí mismo ya he comentado que la emigración de mexicanos (centro y sudamericanos) hacia los Estados Unidos es un fenómeno que se registra cotidianamente a lo largo de la frontera que compartimos con la potencia económica más importante del mundo.
Nuestros compatriotas y los migrantes de otros países exponen su vida propia y en ocasiones la de su familia, en su búsqueda de tener un empleo que les permita sobrevivir.
Durante años y pese a las leyes, vigilancia y hasta la represión recurrente de parte de las autoridades y los rancheros del vecino país del norte, los ilegales han enfrentado todo tipo de vicisitudes al cruzar la frontera, aun sabiendo que del otro lado encontrarán el exacerbado racismo que se esconde tras el aparente paraíso de la libertad.
Pero puede más la necesidad que los temores a caer en las garras criminales y así se lanzan a la aventura; incluso estando conscientes de que no existen las condiciones ni garantías de que su humanidad pueda ser respetada.
Los medios de comunicación regionales, estatales y nacionales, a diario, dan cuenta de la fatalidad que persigue a los indocumentados, que, cuando no sucumben en las aguas del Río Bravo o mueren deshidratados en el desierto de Arizona y Nuevo México, son ‘cazados’ por bandas de racistas que han incubado un odio desmedido en contra de razas distintas a la suya, ‘orgullosamente blanca y superior’, según su infame percepción.
Incluso la patrulla fronteriza no se anda con miramientos cuando captura a los indocumentados, a quienes somete de manera avasalladora y represiva.
Organismos independientes de ambos lados de la frontera exhiben constancia de ello, al igual que lo han hecho los medios de comunicación que recogen testimonios de la forma cruel e inhumana en que actúan las autoridades gringas en contra de los migrantes.
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