DE PRIMERA ….. LA DAMA DE LA NOTICIA
POR ARABELA GARCIA …..

«Escándalo en Matamoros: Corrupción y desvío de millones en el sindicato municipal»
Todo parece indicar que el último comité sindical del municipio de Matamoros, encabezado por
Raquel Iñiguez, estuvo involucrado en prácticas de corrupción junto con la administración
municipal que lideraba Mario López Hernández. A lo largo de los tres años en que Iñiguez estuvo al
frente del sindicato, se gestó un escenario de total impunidad, en el que se desviaron millones de
pesos destinados a los empleados sindicalizados. Estos recursos, de acuerdo con las
investigaciones, podrían haber sido malversados para fines personales, regalos, pagos indebidos e
incluso para financiar la campaña de Carlos Ballesteros.
El caso ha tenido un giro escalofriante, pues Raquel Iñiguez, quien hasta hace poco fue la dirigente
del sindicato, ha sido identificada como la principal responsable de esta trama. Tras más de 20
años de servicio en el municipio, Iñiguez fue separada de sus funciones desde la semana pasada,
después de que el sindicato decidiera desconocer sus derechos como miembro adherente. Esto no
solo es un golpe para su carrera, sino también para el sistema sindical, que ahora enfrenta un
proceso de limpieza a raíz de estos hechos.
Pero la cosa no termina con Iñiguez. La tesorera del sindicato, Iris Elena Palacios, también está
involucrada en este escándalo. Tras casi seis meses de estar en proceso para jubilarse, fue
expulsada del sindicato, al igual que la dirigente. Ambas mujeres, que ocuparon cargos clave,
ahora enfrentan un panorama incierto mientras las investigaciones continúan.
Lo más grave de todo este asunto es que, más allá de los desvíos de dinero que se han
identificado, el comité de honor y justicia del sindicato, en su reciente auditoría a la administración
anterior, descubrió que el dinero destinado a los empleados fue malgastado en un caprichoso
proyecto: la construcción de un «chapoteadero» en un terreno otorgado en comodato por el
municipio. Este gasto se realizó sin la aprobación de la asamblea sindical, lo que demuestra una
clara falta de transparencia y una violación de los procedimientos internos.
El presidente municipal, Mario López Hernández, autorizó el uso de 849 mil pesos de un bono
destinado a los empleados del municipio para financiar este proyecto. Un bono que, cada año
desde la administración de Baltazar Hinojosa, se entregaba de manera tradicional a los
sindicalizados en reconocimiento a su labor. Sin embargo, en 2023, los trabajadores no recibieron
dicho bono, y el dinero fue desviado a la cuenta del sindicato para, finalmente, utilizarlo en la
construcción del polémico chapoteadero.
El monto total desviado se estima inicialmente en dos millones de pesos, pero se sospecha que
podría llegar hasta los cinco millones, ya que, según informes, la administración saliente dejó más

de tres millones en recursos disponibles para el sindicato, entre ellos un millón 700 mil pesos en
efectivo y un millón 300 mil en reembolsos.
Este escándalo ha llegado a su punto álgido en la asamblea extraordinaria celebrada a finales de
noviembre, donde se decidió expulsar a Iñiguez y Palacios del sindicato. No obstante, el caso aún
está lejos de resolverse, pues se habla de que incluso podrían existir implicaciones legales. Iñiguez
ya ha presentado demandas contra el sindicato y el municipio, asegurando que se están
vulnerando sus derechos. Además, ha trascendido que Alejandro Villafañez, actual regidor y en su
momento síndico, podría estar involucrado, ya que fue quien firmó el contrato de comodato para
el terreno donde se construyó el «chapoteadero».
La situación es aún incierta, y mientras las investigaciones continúan, el futuro de todo el comité
sindical y de las personas involucradas en este entramado de corrupción está en la cuerda floja.
Este caso no solo deja al descubierto los posibles actos de corrupción dentro del sindicato y la
administración municipal, sino también la falta de control y transparencia en el manejo de los
recursos públicos destinados al bienestar de los trabajadores. Sin duda, la justicia deberá hacer su
trabajo para esclarecer estos hechos y, en su caso, castigar a los responsables,
independientemente de las posiciones o relaciones de poder que hayan tenido.
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