Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

Hace un par de días, el gobernador Américo Villarreal Anaya estuvo en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado, donde presidió los honores al lábaro patrio.

Su presencia llamó atención porque ha sido, es, el primer mandatario de Tamaulipas que en dos décadas visita las instalaciones de ese órgano denominado autónomo, que adoptó ese título el 15 de noviembre de 2018, al transformarse la inscripción original de Procuraduría.

Esto refiere la política incluyente del gobernador, su institucionalidad y carácter de estadista, pues antepone el avance de Tamaulipas a cualquier otro interés en materia de procuración de justicia.

El mandatario no se anda con eso de colores ni de ideologías, no tiene fobias, ni dobleces, sino que es un hombre que suma y extiende su mano a quienes como él trabajan por la transformación del estado.

Sabe perfectamente en qué ha fallado y ha funcionado bien la Fiscalía, así como el papel que ha jugado su titular (Irving Barrios Mojica), quien, por cierto, concluirá su período constitucional de 7 años en 2025.

Rindió protesta el 21 de diciembre de 2018, aunque amparado por una modificación a la Constitución Política de Tamaulipas, en el sentido de que sólo podría ser removido del cargo si votan dos tercios del Congreso, como lo establece la legislación cuando se trata de modificar preceptos anclados en la carta magna del estado.

En este contexto, hay que recordar que las funciones de la FGJ son:

+ Investigar los delitos del orden común cometidos en la entidad;

+ Perseguir a los imputados; y

+ Consignar a éstos debidamente con apego a la ley y pleno respeto a los Derechos Humanos, pero atendiendo las necesidades especiales de los diversos grupos para abatir la inseguridad jurídica y la impunidad.

Según la Ley Orgánica de la Fiscalía, ésta debe conducirse bajo los principios de autonomía, debido proceso, perspectiva de género, respeto a los derechos humanos, especialización, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, lealtad, confidencialidad, transparencia, trato digno y buena fe, entre otros.

En los seis años del régimen de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sin embargo, hubo muchas quejas acerca de la actuación de este personaje, así como de la Fiscalía en general, pues se decía que ahí no se actuaba con apego a la ley, sino ‘atendiendo’ la instrucción del mandatario en turno, en franco y abyecto servilismo.

Esa situación llevó a desconfiar de los agentes del ministerio público y los funcionarios de la Fiscalía, hasta el grado de que hubo en ese sexenio un incremento considerable de delitos del orden común, como fraude, robo, asalto en la calle o en transporte público, extorsión, robo a casa-habitación, violación, acoso sexual, lesiones, homicidios… y otros.

En su mensaje de anteayer, el gobernador Américo habló de la nueva modalidad para presentar una denuncia de manera digital.

Dijo que la herramienta fortalece la transparencia y agiliza la atención a la ciudadanía para ésta poder presentar una denuncia “porque, si no hay denuncia, ¿qué perseguimos? Entonces ¿cómo se puede hacer justicia?, ¿cómo se investiga, se procesa y se castiga a un transgresor de la ley si no tenemos una denuncia de quien está transgrediéndola? ¿O cómo se puede exigir la reparación del daño a las víctimas?

“Por todo esto –dijo–, es sumamente positivo que la herramienta de la Denuncia Digital ya esté aquí”.

Y tiene razón, ya que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que levanta año con año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo se denuncian más/menos el 10 por ciento de los delitos.

Esto quizá porque no hay confianza en la Fiscalía, o tal vez porque el burocratismo entorpece los trámites.

De cualquier forma, hay una gran cantidad de procesados hacinados en los penales de Tamaulipas, pero la mayoría no han sido sentenciados por el Poder Judicial, merced a una mala integración de las carpetas de investigación o por negligencia de los jueces.

Lo cierto es que hoy se abre un nuevo esquema en procuración de justicia.

Ojalá el Fiscal Irving Barrios Mojica y todos sus colaboradores así lo entiendan y se pongan a trabajar, en serio, sin más dobleces ni ataduras con los emisarios del pasado.

El gobernador, por su parte, públicamente le dio su voto de confianza a la Fiscalía, pues considera que ésta es imprescindible para combatir la impunidad.

Todo lo anterior es reflejo claro del interés gubernamental que hay de rescatar a la FGJ de la podredumbre en que actualmente se encuentra.

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