El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en la conferencia matutina de Palacio Nacional que se reunirá, si es necesario, con Carlos Slim Helú para buscar una solución al conflicto de los ductos construidos por el Grupo Carso, incluso aseveró que se mantiene el dialogo para lograr un acuerdo que beneficio a empresarios y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los ductos están listos para transportar en forma segura y eficiente el gas natural que demanda la industria nacional, además para las plantas generadoras de energía de la CFE en el sureste del país, en donde se han registrado varios “apagones” precisamente por la falta del combustible.
En caso de que se llegue a un acuerdo, de inmediato entraría en operación el gasoducto Texas-Tuxpan que puede transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente, con lo que se espera incrementar en 40% la capacidad actual de importación de gas natural del país.
En el tendido de este gasoducto, que en su mayor parte se hizo en el fondo del mar, se hizo una inversión aproximada de 2 mil 500 millones de dólares, además se generaron alrededor de 3 mil empleos durante su construcción.
Muchos esperan que entre en operación del gasoducto Texas-Tuxpan, como fue el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, quien se mostró preocupado por la decisión de CFE de solicitar un arbitraje internacional porque México daba la impresión de no querer respetar los contratos.
De igual forma, la Cámara de Comercio de Estados Unidos solicitó al presidente López Obrador reconsiderar la decisión de iniciar un proceso de arbitraje internacional en contra de las compañías constructoras del gasoducto marino Texas-Tuxpan.
Incluso, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca durante una entrevista señaló que “el gasoducto va a resolver gran parte de los cuellos de botella que se tienen para importar gas natural, que se requiere para generar energía eléctrica en el país”.
Asimismo, el dirigente la Asociación de Industrias del Sur de Tamaulipas, Asociación Civil (AISTAC), Salvador Salazar Herrera, dijo que es imperativo que la CFE y las empresas constructoras del gasoducto Texas-Tuxpan, llegue a un acuerdo a fin de tener la certeza que se surtirá el gas natural para la industria nacional, incluida la industria petroquímica local.
Y hablando del sur de la entidad, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Spriú, acompañado por el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, realizó una gira de trabajo por los puertos de Tampico y Altamira, en donde se comprometió a invertir en la ampliación de ambas terminales portuarias.
Jiménez Spriú destacó la importancia que tienen los puertos de Tampico y Altamira en el traslado de mercancías entre México y Estados Unidos, sobre todo de cargas en contenedores para abaratar los costos, además de apoyar la importación de vehículos fabricados en nuestro país.
Por su parte, López Gutiérrez habló acerca de dragar la dársena norte del puerto de Altamira con el propósito que atraer empresas que requieran tener muelles propios para la importación y exportación de sus mercancías.
No descartó la posibilidad de que se instalen nuevas terminales especializadas en carga de combustibles, sobre todo ahora que existe el proyecto de incrementar la producción de petróleo, gasolinas y diésel en la refinería de Madero, entre otros proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De regreso con la solución a la vista del conflicto entre la CFE y las empresas constructos del ducto Texas-Tuxpan, el Gobierno de Tamaulipas será directamente beneficiado porque la empresa Infraestructura Marina del Golfo le pagará renta de unos terrenos para la construcción de una toma de combustible en el municipio de Altamira.
El contrato señala que se trata de un predio de 23 mil 420 metros cuadrados en donde se construirá una derivación del ducto Texas-Tuxpan precisamente para abastecer de gas natural a las empresas asentadas en la zona conurbada de Altamira, Madero y Tampico.
Tiene una vigencia de 25 años, en cuyo lapso de tiempo la administración estatal recibirá una renta de 14 millones 104 mil pesos cada año, pero con la posibilidad de tener un incremento durante una revisión pactada en el tercer años, según el Periódico Oficial.
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