Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Por mandato constitucional ninguna reforma a la ley tiene efecto retroactivo y, por supuesto, tampoco las modificaciones a los códigos y/o reglamentos que rigen la actuación gubernamental en sus tres niveles.
Además, en el caso de los ayuntamientos, para que aplique un cambio al Código Municipal es necesario reformar, primero, la Constitución Política estatal.
De otra forma se estaría violentando la legalidad.
Y bajo esa tesitura, precisamente, considero que fue precipitada la decisión que la LXVI Legislatura del Congreso local tomó, al aprobar la reforma del Artículo 55 del Código Municipal para darle atribuciones a regidores y síndicos para proponer el nombramiento de los funcionarios administrativos. Mientras tanto entra en función la reforma, esta función es responsabilidad directa del alcalde, según consigna el texto vigente.
Así que los ediles inconformes del Cabildo de Victoria, están obligados a respetar la legalidad.
Es decir, a votar a favor o en contra las propuestas del alcalde, mas no a sugerir qué personajes podrían ocupar las secretarías del Ayuntamiento y Desarrollo Urbano y Ecología o las direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos municipales y Tránsito; la Tesorería y la Contraloría.
Sin embargo, los ediles revoltosos no entienden razones.
Y se niegan al diálogo y la concertación obstaculizando, con su actuar, la transformación de la capital tamaulipeca.
¿Promocionados por quién?
Su actitud mantiene paralizada, prácticamente, la actividad municipal.
Lo más lamentable, es que se trata de una gavilla que llegó al Cabildo por ‘dedazo’ –al ser incluidos en las planillas, encabezadas por candidatos a la alcaldía (y, conforme al régimen democrático, hoy ostentan el cargo)–, pues nadie votó por ellos –en el sentido estricto de la palabra–, como sí lo hicieron miles de ciudadanos por Eduardo Abraham Gattás Báez.
Ahí están las estadísticas electorales que no admiten lugar a dudas.
Empero, estos ‘alzados’ insisten en tomar por asalto la administración municipal, provocando una crisis de ingobernabilidad.
Conforme a derecho, a ‘Lalo’ le asiste la razón para proponer, ante el Cabildo, a los funcionarios administrativos de su período edilicio, pero hay, en este cuerpo colegiado, una cerrazón de síndicos y regidores, porque, al parecer, acatan una orden para desestabilizar la administración municipal.
¿Con qué objetivo?
Obviamente ser ellos (síndicos y regidores) quienes acaten una orden ‘superior’ para, desde el ostracismo, mandar en la capital tamaulipeca.
Como fuere, el derecho y la razón le asisten a Gattás Báez.
Galimatías
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, admitió el pasado martes (octubre 22), cinco acciones de inconstitucionalidad, contra de la Reforma Judicial, promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC); Unidad Democrática de Coahuila y diputados de Zacatecas, por lo que se analizará su validez.
Eso no significa –según aclaró–, que se va a frenar la implementación de la Reforma Judicial, pues, según lo estipulado “en el artículo 64, párrafo tercero de la Ley Reglamentaria de la materia”, no ha lugar a la suspensión de la norma general.
De cualquier forma, los trabajadores del Poder Judicial que integran la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) continúan manifestándose, aunque ya no son vistos con buenos ojos y las autoridades los acosan para acallar sus voces.
El ejemplo más claro ocurrió en la víspera –frente al autódromo donde se desarrolló la competencia de la Fórmula Uno–, cuando dos juezas federales fueron víctimas de violencia de la policía capitalina al ser ‘encapsuladas’ mientras se manifestaban pacíficamente.
Ante la gravedad del asunto, la organización de los jueces emitió un comunicado alertando el incremento de violencia institucional ante protestas de juzgadores y trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Este asunto amerita ser considerado por la Secretaría de Gobernación porque pone en entredicho el marco legal de la libre manifestación de las ideas, además de ser un claro atentado a la democracia.
Mas ahora, cuando se ha ventilado la alta cifra que será invertida en la organización de las elecciones para designar a 881 juzgadores: 13 mil 500 millones de pesos.
Relevo en el PAN
El próximo día 10 de noviembre, el Partido Acción Nacional (PAN) renovará la dirigencia que hoy ostenta Marko Antonio Cortés Mendoza.
Hay dos contendientes: Adriana Dávila Fernández y Jorge Romero Herrera –ambos ex diputados federales–, aunque el apoyo del grupo que aún domina al membrete es para el varón. Pero la dama no se raja y su lema es ‘recuperar el respeto para el PAN’ que se ha perdido por los actos de corrupción de algunos de sus cuadros más distinguidos.
Por cierto, Romero Herrera ha sido señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de estar involucrado en ilícitos que son atribuidos al llamado cártel inmobiliario.
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