Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
La elaboración del paquete económico 2025, la está afinando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.
Sin embargo, aún se desconoce la fecha en que se presentaría ante el Congreso de la Unión para su análisis, observaciones, modificaciones y, en su caso, aprobación en comisiones legislativas antes de llevarse al pleno.
La Ley de Ingresos sufriría algunas modificaciones, que toca sancionar a las dos cámaras (diputados y senadores) mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación, es responsabilidad exclusiva de la cámara baja.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en la fracción IV, del Artículo 74, que: el Poder Ejecutivo hará llegar a la Cámara de Diputados ambos proyectos a más tardar el 8 de septiembre de cada año, aunque también indica que “cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre”.
Regularmente, los dos dictámenes se votan antes de esa fecha. Pero por la transición del Poder Ejecutivo federal se corre el plazo, lo que podría llevar a que en esta ocasión se dilate unos días su aprobación.
Los documentos que la SHyCP deberá remitir al Congreso de la Unión para su análisis, consignarían:
1) Los Criterios Generales de política económica, donde se analicen la situación de México y el panorama internacional para estimar los ingresos a recibir y gastar durante ese ejercicio;
2) la Iniciativa de la Ley de Ingresos;
3) el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación; y
4) la Miscelánea Fiscal.
Al respecto, la presidenta ha asegurado que no contempla aumento de impuestos, tarifas de electricidad ni combustibles, aunque sí el incremento a los programas sociales y la cobertura de servicios de salud universal.
También adelantó que: habría pocos ajustes, por la política de austera, pero sin despidos en la administración federal.
En el plano estatal, todavía no hay una suma asignada formalmente; y, según marca la tradición, se espera un incremento acorde a la inflación que sería, más/menos, de ocho puntos.
En fin, hay que esperar el anuncio oficial para saber en cuánto estiman la presidenta y su secretario hacendario el monto presupuesta, aquí como las dependencias que vayan a sacrificarse económicamente; las entidades, en respuesta a sus peticiones de incrementos y la reducción a organismos autónomos que poco aportan e importan, pero sí gastan mucho.
Disfunción fronteriza
La explosión demográfica de cualquier localidad fronteriza trae consigo problemas que ameritan ser atendidos adecuadamente, pues de lo contrario más temprano que tarde provocarían crisis social y rebasarían todo control de la autoridad.
Entre las disfunciones más comunes sobresalen la inmigración, el desempleo, la inseguridad y la carencia de servicios públicos adecuados.
Cotidianamente somos testigos de las críticas fundadas hacia la alta burocracia de parte de la ciudadanía o sus representantes, al comprobar cómo los funcionarios federales le sacan la vuelta a la necesidad de apoyar con más recursos a los municipios fronterizos que tantos miles de millones de pesos generan al sistema hacendario vía impuestos.
Drenaje, pavimentación, agua potable, alumbrado, seguridad, vivienda, servicios de salud y transporte público, son algunas asignaturas que siempre han estado pendientes de resolver en las ciudades fronterizas, en tanto que éstas crecen a ritmos vertiginosos y los presupuestos se achican ante la problemática.
En este contexto se acarrean verdaderos lastres, y, con todo y la oferta federal de atender el fenómeno para regular el desarrollo urbano acá de este lado, las dificultades siguen al alza porque no existe una adecuada planeación estratégica mediante la cual se visualice el desarrollo y fortalecimiento de nuestra zona limítrofe con Estados Unidos.
Por eso es necesario construir nuevos mecanismos de gestión y administración pública, que permitan a los ayuntamientos fronterizos encarar en mejores condiciones los retos de desarrollo y la competitividad.
Los alcaldes saben que es tiempo de impulsar nuevas iniciativas que aceleren la integración regional y fortalezcan el crecimiento de las comunidades fronterizas, pero no todos, pues en el caso de la presidente municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal; el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz; y el munícipe de Matamoros, José Alberto Granados Favila, lo más importante es promocionarse en medios masivos de comunicación que hacer obras, amén de desarrollar programas y proyectos que incidan en el bienestar social, como puntualmente lo han consignado algunos analistas y lo comentan cotidianamente hasta algunos de sus más cercanos colaboradores.
El caso de los ediles de la llamada frontera chica se cuece aparte, ya que estos han optado por no meterse en problemas políticos que no son de su incumbencia y tratan de llevar la fiesta en paz para ser beneficiados con más presupuesto.
En fin, esta es sólo una pequeña observación del escenario político-administrativo que, por cierto, refleja la frontera tamaulipeca.
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