Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
La refundación del Poder Judicial es un reclamo justo de todos los sectores de la población.
E indispensable.
Sobre todo, por los vicios de corrupción y lo peor, la violación al marco legal cometida por la mayoría de magistrados, ministros y jueces; aunque también hay quienes aplican la justicia acorde a sus principios éticos.
Hay que reconocerlo.
En lo personal, estoy a favor del fondo de este proyecto.
Pero no con la forma.
Al menos, no, en tres puntos de la iniciativa que Andrés Manuel López Obrador entregó a la Cámara de Diputados, el pasado 5 de febrero, porque tienden a politizar el por sí tensado ambiente jurisdiccional, con:
+ La renovación completa del Poder Judicial en 2025;
+ La elección subsecuente, aunque gradual, de los +/- mil setecientos juzgadores, en comicios empatados con los organizados para designar, cada trienio, a diputados federales y alcaldes; y
+ Por consignar, que, en el caso de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
a) El Poder Ejecutivo postulará hasta 10 aspirantes;
b) El Poder Legislativo, por cada cámara, hasta 5 personas: y
c) El Poder Judicial, por conducto del Pleno de la Corte, hasta 10 personas, para sumar un total de 30 aspirantes quienes se someterán al voto de la ciudadanía.
Difícilmente podrá ser modificada la reforma presidencial aun y cuando la Cámara de Diputados, el Senado de la República, los colegios y/o barras de abogados, las universidades, cámaras empresariales y partidos políticos desarrollen encuentros para discutir la reforma.
En el caso de los nueve foros programados en la LXV Legislatura de la Cámara baja –desarrollados actualmente y pese al receso de diez días que hoy inicia–, hay el antecedente de que, tras presentarse la iniciativa, fueron programados 25 foros estatales para llevarse a cabo entre marzo y abril del año que cursamos, pero sólo se realizaron tres: en el Palacio Legislativo de San Lázaro, uno; y los otros dos en San Luis Potosí y Puebla.
Así que tampoco asombran, los actuales.
Respecto a los foros legislativos programados en la segunda horneada cinco ya se cumplieron, en las fechas y con los temas enseguida citados:
1) ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?;
2) La conformación y reorganización del Poder Judicial;
3) Austeridad, fideicomisos y el derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial;
4) División de Poderes: medios legales y constitucionales; y
5) Reforma al Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración.
No habrá más foros legislativos. Hasta concluido el receso de 10 días, para reiniciarlos:
+ El martes 23 de julio, en Puebla, con el tema Tribunales de Justicia local;
+ El martes 30 de julio: abordando la elección popular de integrantes del Poder Judicial, legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros; elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación.
+ El martes 6 de agosto (Saltillo, Coahuila), para discutir la defensoría de oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía; y
+ El jueves 8 de agosto (Culiacán, Sinaloa): Impartición, procuración de justicia y seguridad pública.
Esto significa que, hasta en tanto no concluyan los foros legislativos, el rediseño de la reforma judicial se mantendrá tal cual le envió López Obrador a la Cámara de Diputados.
Y, supongo, ésta se aprobaría, sin quitarle ni un punto ni una coma, en la LXVI Legislatura (federal) que iniciará el 1 de septiembre próximo.
Cortina de humo
Los foros y encuentros que realizan las universidades públicas, privadas y las barras y colegios de abogados son, simple y llanamente, disimuladores, pues la reforma judicial va, por ser un reclamo social ante la injusticia, tal y como la diseñó el tabasqueño.
Ciertamente, ésta no es del agrado de todos. Pero sí, necesaria.
De ahí que el blindaje para llevarla a cabo conlleve la intención de crear una cortina de humo, dándole cuerda a todos.
De cualquier forma, el tema se ha politizado.
Y será el tema central al instalarse la LXVI Legislatura, con la mayoría calificada que morena logre con sus aliados
Los seis ministros impuestos por AMLO apoyan la iniciativa, casi en su totalidad, porque así creen que disminuiría el rezago, solamente en la SCJN, de más de 1.5 millones de expedientes.
No hay que olvidar que esta reforma es netamente federal, por lo que en cada entidad serán el Congreso local quien determine que reformas se harán para refundar, también los supremos tribunales de justicia, aunque lo más sensato sería iniciar refundando las fiscalías, que es donde más se nota la corrupción al integrar los expedientes.
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