 “¿Qué es lo que nos falta? -responde a sí misma Ibarra Lozano- Que se
hagan las denuncias y que, como sociedad, nos juntemos todos”.

Por Agustin Peña Cruz
Altamira, Tamps.- Parte el alma, el corazón se siente destrozado y la consciencia de que
una moneda no soluciona las múltiples situaciones por las que tal vez atraviesan infantes
situados en cruceros viales para obtener el sustento diario, es tan expuestos a un
accidente que les asegura una posiblemente muerte, pareciera que surfean entre
vehículos cuando estos empiezan su movimiento ante el cambio repentino del semáforo.
Algunos infantes hacen malabares, otros venden dulces, otros acompañan a sus padres o
madres quienes estiran la mano a los automovilistas, implorando la caridad y empatía
ante la visible vestimenta desgarrada, calzado desgastado y hasta uno que otro dedo del
pie que se asoma sobre la planta del zapato. Niños entre dormidos, niños con futuro
incierto, y otros con grandes ilusiones de ser profesionales pero que todo apunta a tener
un sueño frustrado ante la condición actual en la que se encuentran.
Para Gabriela Berenice Ibarra Lozano, abogada penalista y especialista en temas de los
derechos humanos además de ser fiel defensora de los derechos de los niños y la familia
reconoce que hay personas que se aprovechan de los niños, padres que no trabajan,
sacan a los niños en la intemperie, en el frio en la lluvia, ya sea para pedir dinero a los
conductores que transitan en sus vehículos en arterias con mayor flujo principalmente en
los cruceros, o venden chicles, dulces para generar, la empatía emocional con las
personas que están en la movilidad.
Ibarra afirma que “son niños invisibles para las autoridades y para la sociedad, esto tiene
muchos años”.
Hace la remembranza que, en 2016, tuvo la oportunidad de participar en el Onceavo
Conversatorio de la Gendarmería de la Policía Federal, (hoy Guardia Nacional), “nos
decían que la trata de personas en Tamaulipas no existía por eso estaban haciendo el
conversatorio. Fue algo, muy impactante para las autoridades de México cuando dije que,
como Ex Procuradora del Sistema DIF en Altamira, eso era una mentira, no existían en
las estadísticas porque no se denunciaba, porque la gente no lo denunciaba”.
Precisa que, “aquí en Altamira, lo que nos tocó, que cada vez que veíamos a un niño en
algún crucero, durante la administración del 2013-2016, la hora que fuera nos
trasladábamos con la trabajadora social, con un psicólogo y con la camioneta que era de

DIF y deteníamos, en el sentido al papá o a la mamá para que nos explicarán porque
estaban ahí”.
Prosigue, “obvio nunca existió una razón legal para podernos decir por qué estaban ahí,
los invitábamos a irnos a la procuraduría para que nos expusieran porque tenían la
necesidad de estar en ese crucero, ahí pues por la falta de oportunidades”.
En experiencia como Exprocuradora, enfatiza que “mucha gente viene de la zona norte de
Veracruz y de la zona de Hidalgo, son los mayormente, los niños con sus papás o con las
personas que los traen aquí”.
Además, comparte el procedimiento que efectuaban, “una vez que nos dábamos la tarea
del porque estaban aquí, los invitábamos a alguna cuestión de salud médica, de ropa y si
eran candidatos para entrar algún tipo de apoyo, y nos dábamos cuenta de que los niños
no tenían ni acta de nacimiento por que no tenían ni siquiera el registro, pero eso solo
podía hacerlo en Altamira, ya brincando Tampico y Madero pues ya no tenía la
jurisdicción”.
La jurisperita ve que las cosas no han cambiado, revelando que, “cuando salgo de la
procuraduría pues lamentablemente nos damos cuenta de que esto, estaba igual o peor
porque las mismas autoridades transitan todos los días por los semáforos, ven a esos
niños y no hacen nada, y las únicas personas que pueden hacer algo son los
procuradores de los Sistemas DIF, que son los encargados de tutelar los derechos de los
derechos de los niños”.

¿FALTA DE COMPROMISO O DESCONOCIMIENTO LEGAL?
Desde el punto de vista legal, la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, “habla
que cualquier persona que vea que un menor está en vulneración de sus derechos está
obligado a denunciar a las agencias del Ministerio Público (MP), que ahorita son las
Unidades Generales de Investigación (UGI) o a través de la Procuraduría del Sistema
DIF”, dice.
La abogada tiene una certera opinión y experiencia referente a la denuncia en materia del
porque no se hace, “no lo hacemos, porque fui a presentar una denuncia, porque en
Tampico se ve mayormente estos niños, y el procurador (Luis Llorente Herrera)
simplemente me la recibió y me dijo que iban hacer todo lo posible para que eso ya no
pasara, eso ya vamos para la segunda administración de Jesús Nader y seguimos que es
el mismo procurador y los niños siguen en los mismos puestos y en los mismos
semáforos”.
¿Qué es lo que nos está faltando? – se pregunta a sí misma y a su vez responde-, “un
compromiso social de la ciudadanía y un compromiso legal de las autoridades. Existe, lo
que es el comité estatal para atención y cuidado de los derechos de los niños, es el
Sistema Integral de Protección para la Procuración de las Niñas, Niños y Adolescentes, el
presidente es el Gobernador y los demás que están a cargo de cada área son presidente
de cada municipio, hay en la zona norte, zona centro y zona sur”.

FALTA DE INTERÉS DE LAS AUTORIDADES
La defensora de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia, precisaría
que: “nuestro alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, es parte de ese sistema
integral, y él junto con los alcaldes de Tampico y Madero, están obligados a que esos
niños, se les tutelen sus derechos”.
“Es muy importante que, si se presenta esta denuncia que puedan hablar al 911, están
obligados a hablar a la procuraduría del DIF y la procuraduría de DIF está obligada a
atender esa llamada, siempre que hablamos al 911, nos dan un número de registro”,
indicó.
Agregó Ibarra que “con ese número de registro se le da la continuación, sí están
atendiendo, esa denuncia anónima”.
Para la abogada hay algo tan claro, en esta realidad visible en las calles, por lo que se
pregunta “¿Qué es lo que nos falta? -responde a sí misma Ibarra Lozano- Que se hagan
las denuncias y que, como sociedad, nos juntemos todos”.

EN CONCRETO
Por otra parte, se le hace un planteamiento extenso a la abogada Ibarra Lozano, ¿de que
no se da o se está dando la trata de personas?, y por otro lado es que vemos a niños en
la calle y a veces pasan invisibles, a veces pudiéramos decir se están aprovechando de
los niños, nada más se la pasan pidiendo, y decimos el papá, la mamá pueden trabajar, y
al niño lo utilizan y por eso a lo mejor no hay ese apoyo, de dar algún dinero. ¿Pero
entonces, quiere decir que esta modalidad en la que se utilizan a los menores edad se
estaría incurriendo en una trata de personas?.
A lo que subrayó tajantemente la jurisconsulta, “si, definitivamente, este delito se llama
trata de personas, porque son niños que no son de la zona y me atrevería afirmar que el
99% no son hijos de las personas que traen en brazos, que los traen como dormidos, que
los traen a veces como si los niños estuvieran enfermos, y hacer esto, lo que lo vemos
diario es un delito”.
Precisó que “es un delito federal, la trata de personas, y están obligadas las procuradurías
del Sistema DIF a hacer, este tipo de denuncias y poner a los menores en resguardo
inmediato en lo que investigan, si es el papá o no es el papá, si es la mamá o quién es
esa persona, pero siempre que nos damos cuenta de que están los niños en los
semáforos, en los cruceros, son niños que hay alguien que los está cuidando a una
cuadra o a media cuadra”.
A voz de la abogada, “cuando tú (cualquier persona) te acercas hablar, son niños que no
hablan español, hablan alguna especie como dialecto y son niños que, si dan una sonrisa,
y son niños que se les están violentando todos sus derechos: el derecho a la salud, a la
educación, a vivir en un ambiente armónico de bienestar integral de sano desarrollo, a
vivir con su familia”.
Para la defensora de los derechos humanos, lamentablemente, las autoridades no
atienden este tema porque “considero que para ellos les genera un gasto, porque es

resguardar al menor, cuidarlo, darle de comer, atenderlo tanto medica como
psicológicamente y hacer todas las investigaciones para ver si ellos son sus padres
quienes estaban en la calle y sino hacer una búsqueda desde quienes son los papás.
Algunos niños ni tienen actas de nacimiento”, dice.

RESPONSABILIDADES JURÍDICAS
¿En este caso sería hasta fincar responsabilidades jurídicas?, se le cuestiona a la
licenciada en derecho, “así es, pero como las autoridades no quieren acatar este tipo de
responsabilidad en las casas hogar, porque a lo mejor hay pocas, pues simplemente dicen
ya fuimos y ya hablamos con ellos y dijeron que no lo van a volver hacer, y se los llevan,
lo cual también están incurriendo en delito las procuradurías porque también se les finca
responsabilidades a ellos, si hay una denuncia y no la están atendiendo”.
Nuevamente, se le plantea, ¿en este caso por el delito de omisión?, -responde- “por
omisión, y hay tanto multas de carácter económicas, como inhabilitación para que puedan
ejercer cualquier cargo”.

POLÍTICAS PÚBLICAS
En pocas palabras hace falta políticas públicas que van dirigidas a disminuir esos índices
o que no se estén presentando en nuestra zona o en todo Tamaulipas, se le planteo a la
abogada en la entrevista exclusiva para Noticias PC.
“Si faltan ese tipo de políticas públicas, por cada uno de los municipios, las procuradurías
del Sistema DIF son independientes, así que cada una puede hacer ese tipo de política
pública de crear algún tipo de programa, y hacer un tipo de reglamento interno para que
las procuradurías de DIF empiecen atender integralmente a todos los niños de los
semáforos o los niños que están en la calle”, expresó.
Agregaría Ibarra que “hay algo muy curioso que si me llegan a mi decir, ¿Qué pasaría si
ese niño está en la calle, en el semáforo, lo atropella y lamentablemente muere?, puedo
asegurar que no es responsable la persona que va manejando porque el niño no tenía
que estar en la calle en un semáforo pidiendo dinero ni vendiendo chicles porque la calle
es para transitar y por lo tanto no se le debería de fincar una responsabilidad a la persona
que llevaba ese vehículo, si ese niño se atraviesa aunque sea homicidio, aunque sea con
culpa, pero ese menor no tenía por qué estar ahí”.
¿Entonces quién es el responsable?, a mi punto de vista, las autoridades en este caso la
procuraduría de DIF porque no atendió de que ese menor no tenía que estar en ese día, a
esa hora, ahí, dice.
Para concluir la jurisconsulta indica que “es un derecho que tienen el menor de estar bajo
resguardo con su familia, escuela y las autoridades no lo están haciendo”.