ORBE

Ma. Teresa Medina Marroquín.-
El conflicto desatado entre la bancada morenista que lidera Úrsula Salazar
Mojica y los abogados del ex fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda,
se ha convertido en una tremenda maraña que genera amparos, debates y
disputas.
Así, de pronto, la primera impresión es que las leyes no tienen, y cuidado
con esto, capaces, calificados y reconocidos traductores de lo que definen
(según esto) sus códigos, por lo que los litigios suelen desembocar en una
confusión generalizada.
Confusión generalizada que propicia una grave decepción en la ciudadanía
esperanzada (ahora ya mucho menos) en que la impunidad deje de ser,
como la delincuencia organizada, parte de otro gobierno que le impide al
gobierno legítimo y electo democráticamente administrar correctamente los
recursos públicos y destinos de un pueblo.
Pero, aparte de esos laberintos legales que se forman de la noche a la
mañana, y que son ya tan comunes ante la ausencia de renombrados,
imparciales e ilustres doctores de la ley, y no de los simples y corrientes
burócratas y merolicos de la misma que abundan y alardean de “abogados”,
la desgracia social son las energías malignas y oscuras que desprenden
este tipo de batallas legales.
Son tantas y constantes estas disputas que ya se han vuelto una terrible
calamidad para el pueblo que espera, ya no paciente, los resultados de sus
autoridades electas en las urnas.
Y que fueron electas porque en su momento resultaron notables, en sus
campañas políticas, sus convicciones y sus interpretaciones sobre la crisis
en la que se debate la nación, así como sus propuestas para salir airosos
de esas dificultades sociales.
JUECES FOMENTAN LA IMPUNIDAD
Pero, al margen de esa confusión y falta de congruencia de los impartidores
de justicia, muchos de ellos ajenos a las magnitudes de los fenómenos
sociales que claman la justa aplicación de las leyes, la pregunta es si estos

burócratas de la ley (corruptos además), como son acusados ahora no
pocos jueces federales, carezcan evidentemente de la capacidad de
interpretación jurídica, ignorando que las leyes no son siempre justas para
solucionar un problema tan serio como el que atañe a la Fiscalía
Anticorrupción de Tamaulipas.
No puede ser, en serio, que toda esa burocracia basura que degrada a la
administración de la justicia sea la que impere, y que los jueces de distrito,
como los del fuero común en otros casos, le den más importancia a las
leyes que a la justicia.
Si el ex fiscal Anticorrupción es un evidente defensor de la terrible
descomposición en que cayó el gobierno estatal panista de Francisco
García Cabeza de Vaca, ¿por qué diablos (pregunta a gritos el pueblo de
Tamaulipas) no aplican la justicia los jueces, negando esos amparos que
fomentan abiertamente la impunidad?
Y es que el afán de proteger la putrefacción del pasado es lo que está
frenando el desarrollo de Tamaulipas, y ahí los jueces les importa muy poco
convertirse en cómplices de los corruptos que saquearon los recursos del
estado.
Ellos bien que saben lo que son ciertas leyes que nada tienen que ver con
la justicia, pues a cambio de sobornos millonarios se salen con la suya,
dejando en agonía una cultura jurídica que en apenas unos años se ha
desvanecido del mapa social.
Esto es, como si el sistema político de pesos y contrapesos dependiera del
Poder Judicial, y como si este dictara cuando una ley es justa y cuando
debe ser ignorada a pesar de que tenga ver con el proceso.
ACUSAN DE OPORTUNISTAS A LOS DIPUTADOS DEL PAN
Antier los diputados federales del PAN fueron acusados de oportunistas al
pronunciarse sobre la necesidad de que el Gobierno Federal otorgue los
recursos para la construcción de la Segunda Línea del Acueducto.
La crítica radica básicamente en que cuando el gobernador Américo
Villarreal Anaya y el alcalde Eduardo Gattás Báez gestionaban los
presupuestos para esta obra, los legisladores del blanquiazul ignoraron las
necesidades de la ciudadanía. Pero como ya son tiempos electorales, ¡se
“acordaron” de los victorenses!
¡Feliz fin de semana!
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