Por René Martínez Bravo
En política, como en la vida pública, no basta con señalar, insinuar o lanzar acusaciones al aire. Quien denuncia, quien acusa o quien pretende exhibir presuntas actividades ilícitas, está obligado moral, política y legalmente a presentar pruebas. No importa quién sea, ni el cargo que ostente. La irresponsabilidad no puede normalizarse cuando están de por medio prestigios, trayectorias y carreras construidas durante años.
Y así es como toco tema que ya hemos abordado en entregas anteriores: las declaraciones del diputado federal del Partido Verde, Mario López Hernández, durante la entrevista concedida a Carlos Loret de Mola, en donde habló de presuntos vínculos relacionados con el huachicol fiscal.
Una denuncia de ese tamaño no puede quedarse solamente en el terreno mediático ni en el escándalo momentáneo. Si existen elementos reales, lo correcto es formalizar la acusación ante las autoridades competentes y permitir que sean las instituciones las que investiguen y determinen responsabilidades. De lo contrario, todo termina convirtiéndose en una peligrosa práctica de golpeteo político.
Y es que la responsabilidad de Mario López es todavía mayor. No habla únicamente a título personal. Es representante popular de todo un distrito electoral y porta la voz de miles de ciudadanos que le otorgaron su confianza en las urnas. Por eso no puede darse el lujo de lanzar declaraciones tan delicadas sin sustento público conocido, porque sus palabras generan repercusiones políticas, sociales y hasta judiciales.
Incluso, durante la conferencia mañanera, la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dejó claro que cualquier acusación debe acompañarse de pruebas y presentarse por las vías legales correspondientes. Exactamente el mismo sentido de responsabilidad que aquí hemos señalado desde el inicio de esta polémica.
Y es que lo ocurrido dejó la impresión de un arranque poco calculado, una especie de diarrea verbal que terminó abriendo una caja de Pandora política. Faltó prudencia. Faltó medir el alcance de las palabras. Primero debió conectarse el cerebro con la lengua antes de encender semejante incendio político.
Aunque también surge otra lectura, quizá más inquietante. En política pocas cosas ocurren por accidente. Empieza a crecer la sospecha de que todo pudo formar parte de una estrategia previamente diseñada: enlodar a posibles aspirantes, desgastar figuras políticas y mover piezas rumbo a los futuros acomodos de poder en Tamaulipas. Porque cuando aparecen este tipo de ataques mediáticos, regularmente detrás existen intereses, grupos y proyectos disputándose posiciones.
Y ahora, curiosamente, desde el Congreso local comienzan a surgir versiones sobre presuntas cuentas sin comprobar durante una de las administraciones de la Borrega como alcalde de Matamoros, observaciones que incluso podrían derivar en procesos judiciales.
¿Casualidad?
¿Respuesta del grupo contrario?
¿Venganza política?
¿O simple coincidencia administrativa?
Aunque algunos aseguran que esas investigaciones ya venían desarrollándose desde antes de este escándalo mediático, el contexto inevitablemente despierta sospechas.
Porque en política, como bien dice el viejo refrán, las casualidades casi nunca existen.
Hasta la próxima
