Columna Opinión Económica y Financiera.
Dr. Jorge A. Lera Mejía
Especialista en políticas públicas.
La reciente lectura del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) confirma que la inflación general en México ha vuelto a repuntar, en buena medida por la presión que ejercen los productos agropecuarios, especialmente frutas y verduras, sobre el costo de la canasta básica.
En marzo de 2026, el INPC registró un aumento de 0.9% mensual, la cifra más alta para un marzo desde 2022, y sólo ligeramente por debajo de lo anticipado por los analistas, lo que revela que los choques de precios siguen siendo significativos.
A tasa anual, la inflación general se ubicó en 4.6%, un salto frente al 4.0% observado en febrero y su mayor nivel desde octubre de 2024, lo que consolida la idea de que el proceso desinflacionario previo se ha detenido y que la economía entra en una nueva fase de inflación persistentemente elevada.
El componente no subyacente, que incluye los precios más volátiles y las tarifas autorizadas por el gobierno, fue el principal motor del repunte: avanzó 2.5% mensual en marzo y su tasa anual se disparó a 5.1%, desde 2.4% en febrero.
Dentro de este rubro, los productos agropecuarios aumentaron 4.5% en el mes, elevando su inflación anual a 8.8%, con un comportamiento particularmente alarmante en frutas y verduras, cuyo subíndice se incrementó 10.8% mensual, sin precedentes para un marzo, y llevó la inflación anual de ese grupo a 21.8%, más del doble del 9.9% observado apenas un mes antes.
En paralelo, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno registraron un aumento de 0.9% mensual y una tasa anual de 2.2%, la más alta desde noviembre de 2025, lo que anticipa presiones adicionales sobre costos de transporte, servicios y producción.
Aunque la inflación subyacente –que excluye estos componentes volátiles y es considerada una mejor guía de la tendencia de mediano plazo– mostró un comportamiento relativamente más benigno, su ajuste resulta insuficiente: aumentó 0.4% mensual y se situó en 4.5% anual, apenas por debajo de su nivel previo. Más preocupante aún, suma ya 11 meses consecutivos por encima de 4% anual, es decir, fuera del rango de variabilidad de la meta de 3% ±1 punto porcentual del Banco de México, pese a que la actividad económica mantiene signos de debilidad.
La lectura crítica de estos datos es clara: la economía mexicana opera bajo un régimen de inflación elevada con bajo crecimiento, una combinación que erosiona el poder adquisitivo, golpea con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos –que destinan una proporción mayor de su gasto a alimentos– y dificulta la planeación de empresas y gobiernos.
El hecho de que el impulso provenga del componente no subyacente no debe llevar a la complacencia: cuando los incrementos en alimentos y energéticos son tan fuertes y persistentes, terminan filtrándose a la inflación subyacente vía costos de producción, contratos y expectativas.
Frente a este escenario, limitarse a esperar que “los choques se disipen” sería un error.
Del lado de la política monetaria, el reto es doble: mantener una postura suficientemente restrictiva para reanclar expectativas sin asfixiar aún más una economía que ya muestra debilidad.
Esto exige que el banco central comunique con mayor claridad su trayectoria de convergencia hacia la meta, condicione cualquier relajamiento adicional de la tasa al descenso sostenido de la inflación subyacente y enfatice que no tolerará una nueva “zona de confort” en torno al 4–5%.
Del lado de la política fiscal y sectorial, se requiere una estrategia activa para contener el costo de la canasta alimentaria: mejorar la logística y el transporte de perecederos, revisar márgenes y prácticas en cadenas de intermediación, facilitar importaciones temporales cuando haya choques de oferta locales y fortalecer los programas de apoyo alimentario que amortigüen el golpe sobre los hogares más vulnerables.
A la vez, sería deseable establecer mecanismos de observación y transparencia de precios en mercados agropecuarios clave, de modo que la sociedad pueda identificar con claridad cuándo un aumento responde a factores objetivos y cuándo a prácticas especulativas.
