CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Bajo el disfraz de una supuesta defensa de la ética periodística, una diputada de Morena pretende instaurar un mecanismo que permitiría señalar, exhibir y someter al escarnio público a periodistas y medios de comunicación incómodos al poder.
No se trata de una reforma administrativa ni de una mejora institucional: se trata, en esencia, de un intento por domesticar la crítica y colocar al periodismo bajo vigilancia política.
Lo más paradójico de todo es que la promovente, Cynthia Lizabet Jaime Castillo,también es periodista.
Su propuesta es reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para crear un llamado “Colegio de Periodistas”.
Según el proyecto legislativo, ese órgano tendría facultades para recibir quejas contra periodistas y medios, analizar presuntas faltas éticas y emitir resoluciones públicas que podrían traducirse en llamados de atención, exigencias de rectificación, disculpas públicas o extrañamientos formales. Dicho sin eufemismos: una estructura con capacidad para exhibir y desacreditar públicamente a comunicadores.
El riesgo no está solamente en la redacción de la iniciativa, sino en su trasfondo político. Porque cuando el poder pretende crear organismos con atribuciones para juzgar el contenido periodístico, lo que realmente busca es condicionar el ejercicio de la crítica. No hace falta imponer cárcel o multas cuando basta con instalar mecanismos de intimidación reputacional.
Ese es precisamente el corazón del problema: la iniciativa abre la puerta a un sistema de censura indirecta. Un periodista que sabe que puede ser denunciado, exhibido y sometido a una condena pública por un órgano con respaldo legal, inevitablemente ejercerá su trabajo bajo presión. Y donde hay miedo, la libertad de expresión comienza a morir lentamente.
El periodismo libre incomoda. Esa es su naturaleza. Su función no consiste en agradar gobiernos ni en acomodarse a sensibilidades oficiales, sino en cuestionar, investigar, confrontar y exhibir aquello que el poder preferiría mantener oculto. Pretender encerrar esa función dentro de un marco de vigilancia ética controlado políticamente es una amenaza frontal a la democracia.
La pregunta inevitable es quién decidirá qué es ético y qué no lo es. ¿Quién nombrará a los integrantes de ese colegio? ¿Bajo qué criterios serán seleccionados? ¿Quién vigilará a los vigilantes? La iniciativa no resuelve con claridad esas interrogantes, y justamente ahí reside uno de sus mayores peligros: la discrecionalidad.
Porque un órgano así puede terminar convertido en un instrumento selectivo. No castigará necesariamente al periodista irresponsable, sino al periodista incómodo. No perseguirá al propagandista disfrazado de reportero, sino al reportero que toque intereses sensibles del régimen. Esa es la experiencia histórica cada vez que el poder se arroga facultades para regular la prensa.
Insisto en lo desconcertante que resulta el hecho de que, esta propuesta provenga de una legisladora que conoce el oficio periodístico. Cynthia Jaime Castillo ejerció el periodismo antes de llegar al Congreso. Precisamente por eso debería saber que los códigos éticos no se imponen desde el poder político ni se administran desde estructuras sujetas a influencias partidistas.
La ética periodística pertenece al terreno de la autorregulación, de los medios, de las audiencias, de los defensores de lectores, de los mecanismos internos de rendición de cuentas. Convertirla en materia de supervisión cuasi oficial es pervertir su naturaleza y contaminarla con intereses ajenos a la libertad de prensa.
En México, donde ejercer el periodismo sigue siendo una actividad marcada por amenazas, agresiones y asesinatos, resulta inadmisible que desde el poder legislativo se promuevan instrumentos que, en vez de proteger al gremio, lo coloquen bajo sospecha. Lo que los periodistas necesitan son garantías de seguridad, no tribunales de reputación.
El discurso de combatir noticias falsas o sancionar faltas éticas suele ser la coartada favorita de los gobiernos con pulsiones autoritarias. Siempre comienza igual: con promesas de orden, responsabilidad y protección social. Pero detrás de esas palabras suele esconderse el viejo impulso de controlar el relato público.
Apelo, por eso, a la cordura. Ojalá todavía quede sensatez entre quienes toman las decisiones en Tamaulipas y esta iniciativa termine donde merece estar: en el cesto de la basura legislativa, antes de que el despropósito se convierta en agravio institucional.
Tamaulipas no necesita un colegio que funcione como comisaría ideológica de la prensa. Necesita pluralidad, crítica abierta, debate libre y respeto absoluto al derecho de informar. Todo lo demás es retroceso democrático.
Lo verdaderamente alarmante es que esta iniciativa normaliza la idea de que el poder puede erigirse en juez del periodismo. Y una vez aceptado ese principio, el siguiente paso siempre será más grave: callar voces, marginar críticos, disciplinar medios.
La prensa no está para obedecer gobiernos. Está para vigilarlos
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
