Columna Opinión Económica y Migratoria.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
El reciente descenso en montos y frecuencia de las remesas hacia México obedece a una combinación de factores externos (coyuntura en Estados Unidos y tipo de cambio) e internos (alta dependencia de los hogares y falta de alternativas productivas).
Esto obliga a repensar estrategias de resiliencia tanto para las familias receptoras como para migrantes retornados o varados, incluyendo opciones específicas para Tamaulipas.
Motivos externos de la caída
En 2025 las remesas a México se redujeron alrededor de 4.6 % anual, rompiendo 11 años de crecimiento continuo.
La causa principal ha sido el deterioro del mercado laboral de baja calificación en Estados Unidos, que ha reducido horas trabajadas y empleos para migrantes mexicanos.
El fortalecimiento del “súper peso” ha mermado el poder de compra en México: aun cuando el migrante manda la misma cantidad de dólares, la familia recibe menos pesos reales.
Hay una reducción en el número de operaciones: en algunos meses de 2025 se han observado caídas de más de 10 % en transacciones, lo que refleja menos personas enviando dinero y menor frecuencia de envío.
Nuevos costos y regulaciones, como impuestos o cargos adicionales a transferencias desde Estados Unidos, desincentivan montos altos y transferencias frecuentes.
Motivos internos y riesgos sociales
Muchos hogares rurales y urbanos pobres dependen de remesas para más de 50 % de su ingreso, por lo que cualquier reducción golpea de inmediato el consumo básico y la educación de hijos.
La falta de inclusión financiera obliga a manejar remesas en efectivo, sin canalizarlas a ahorro formal, seguros o inversión productiva local.
La estructura productiva local en regiones expulsoras no ofrece empleos formales suficientes, por lo que las remesas sustituyen política de desarrollo y se vuelven un “amortiguador” que ahora se debilita.
Cierre de frontera y migrantes deportados o varados
Tras el cambio de gobierno en Estados Unidos, el cierre práctico del asilo y el reforzamiento de operativos migratorios han restringido la entrada y permanencia de nuevos migrantes.
El incremento de detenciones y deportaciones está generando más retornados forzados, así como personas “autodeportadas” que regresan ante el temor a redadas o pérdida de documentos.
Al mismo tiempo, hay miles de migrantes que ven cancelado su “sueño americano” al quedar varados en ciudades fronterizas mexicanas, con alta vulnerabilidad laboral y de seguridad.
Alternativas productivas y visas temporales
La expansión de visas temporales H2-A (agrícolas) y H2-B (no agrícolas) ha sido notable: hacia 2025 el número total anual de ambos tipos rondaba 455 000, frente a poco más de 30 000 a fines de los noventa.
Esto sugiere que el futuro de la migración laboral mexicana será cada vez más legal y temporal, usando esquemas de contratación documentada en agricultura, hotelería, construcción, servicios y procesamiento de alimentos.
Los estados pueden crear ventanillas especializadas para reclutamiento ordenado en H2-A/H2-B, capacitación laboral previa (inglés funcional, normas de seguridad, derechos laborales) y verificación de empleadores para evitar abusos.
Paralelamente, se requieren programas de reconversión laboral para retornados: certificación de competencias (oficios de construcción, mantenimiento industrial, logística), apoyo para microempresas y cooperativas, e inserción en cadenas regionales de valor.
Opciones específicas para Tamaulipas
Tamaulipas ya impulsa, a través del Instituto Tamaulipeco para el Migrante, la promoción y asesoría para visas H2-A, cubriendo transporte, alojamiento y alimentación según la normatividad estadounidense.
Puede ampliarse este esquema a H2-B, aprovechando la cercanía fronteriza y la experiencia de sus migrantes en hotelería, servicios, maquila y logística.
A nivel interno, Tamaulipas podría desarrollar polos de empleo para retornados en agroindustria (cítricos, ganadería de engorda, sorgo), logística portuaria y carretero-ferroviaria, energías renovables y manufactura ligera, combinando incubación de negocios, crédito blando y compras públicas locales.
Una política clave sería dirigir parte de las remesas remanentes hacia proyectos productivos comunitarios (cooperativas agrícolas, talleres de servicios, turismo rural), mediante esquemas tripartitos: aportación de migrantes, gobierno estatal y municipios.
Un eje transversal debe ser la educación financiera de las familias receptoras y de los propios migrantes, para reducir la dependencia al ingreso externo, diversificar fuentes de ingreso local y utilizar mejor los periodos de bonanza remesera antes de futuras caídas.
