● Agresión a periodista y opacidad empañan las Fiestas de Abril en Tampico

Por Agustín Peña Cruz
Tampico, Tamps.- Lo que debía ser una velada festiva en el Teatro del Pueblo, con la
presentación del grupo Bronco como plato fuerte de las “Fiestas de Abril 2026”, derivó en un
episodio preocupante dentro del gremio periodístico y reavivado cuestionamientos sobre la
seguridad, la transparencia y la gestión de eventos públicos concesionados en el sur de
Tamaulipas.
El incidente ocurrió en medio de la cobertura del concierto, cuando el periodista Vladimir
Meza, integrante de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y reportero de El Sol de
Tampico, fue confrontado por personal de seguridad privada. De acuerdo con testimonios y
el pronunciamiento difundido por la propia empresa editorial, Meza fue obligado a
descender un dron que utilizaba para documentar el evento, y posteriormente presionado
para eliminar el material grabado.
Aunque el equipo le fue devuelto horas más tarde, el episodio incluyó momentos de tensión
que, según la OEM, vulneran directamente el ejercicio periodístico. La organización
adelantó que analiza acciones legales, mientras el caso ha comenzado a resonar más allá
del ámbito local, al insertarse en un contexto nacional donde las condiciones para la prensa
siguen siendo motivo de preocupación constante.
La controversia no solo apunta a los protocolos de seguridad, sino también a la actuación
del equipo de relaciones públicas del concesionario del evento, la empresa Espectaculares
García, señalada por diversos comunicadores de mantener un trato restrictivo y selectivo
hacia los medios. En particular, las críticas se concentran en su representante, Yael Guerra,
a quien se atribuyen decisiones que habrían limitado el acceso informativo y la cobertura
libre del evento.
Este episodio ha colocado en el centro del debate el modelo de concesión bajo el cual
operan las Fiestas de Abril. Aunque el evento forma parte de las celebraciones vinculadas al
aniversario de la fundación de Tampico —que este año alcanza los 203 años en
coincidencia con el periodo vacacional de Semana Santa—, su organización no recae
directamente en el gobierno municipal, sino en un operador privado. Para muchos
ciudadanos, esta distinción no resulta clara, lo que termina por trasladar el costo
reputacional de cualquier incidente a la administración pública.
Más allá del altercado con la prensa, el historial empresarial del concesionario ha sido
objeto de escrutinio. Espectaculares García mantiene vínculos con Atracciones García,
firma que en los últimos años ha enfrentado señalamientos por incidentes en juegos
mecánicos en distintas regiones del país. Reportes periodísticos documentan casos como
fallas técnicas, interrupciones abruptas y situaciones de riesgo que, en algunos episodios,

han sido negadas por la propia empresa pese a la evidencia recabada por testigos y
medios.
Entre los antecedentes destaca un incidente reciente en Guanajuato, donde un juego
conocido como “El Titán” presentó fallas estructurales, así como otros episodios en
entidades como Quintana Roo y Puebla, donde usuarios reportaron irregularidades en el
funcionamiento de atracciones. Aunque la compañía ha rechazado sistemáticamente las
acusaciones, estos antecedentes han contribuido a consolidar una percepción de
desconfianza en torno a sus operaciones.
En Tampico, periodistas locales sostienen que las restricciones a la cobertura podrían estar
relacionadas precisamente con el interés de evitar la documentación de posibles
irregularidades. La limitación del uso de drones —herramienta cada vez más común en la
cobertura de eventos masivos— es vista como un síntoma de opacidad que contrasta con
los estándares de apertura que suelen exigirse en celebraciones públicas.
El caso de Vladimir Meza ha sido particularmente sensible por tratarse de un medio con
arraigo regional y respaldo nacional. La OEM, uno de los consorcios periodísticos más
grandes del país, ha insistido en que la labor informativa no debe estar sujeta a
condicionamientos arbitrarios ni a presiones por parte de actores privados, especialmente
cuando se trata de eventos que, en la práctica, forman parte de la vida pública de una
ciudad.
El gremio periodístico en el sur de Tamaulipas ha reaccionado con preocupación. Diversos
comunicadores han coincidido en que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de un
patrón de trato restrictivo que vulnera el derecho a informar. Asimismo, han exhortado a las
autoridades municipales a revisar los criterios de concesión para futuras ediciones de la
feria, priorizando no solo la oferta de entretenimiento, sino también las garantías de
seguridad y transparencia.
La discusión trasciende el ámbito local. En un país donde el ejercicio del periodismo
enfrenta riesgos continuos, cualquier intento de limitar la cobertura, incluso en contextos
aparentemente festivos, adquiere una dimensión mayor. La libertad de prensa no se pone a
prueba únicamente en escenarios de violencia extrema, sino también en aquellos espacios
donde el control de la narrativa puede derivar en censura indirecta.
Mientras tanto, las Fiestas de Abril continúan su curso, con una cartelera que busca atraer a
miles de asistentes. Sin embargo, el episodio ha dejado una marca difícil de ignorar. Para
muchos, la celebración ha quedado eclipsada por una pregunta de fondo: quién garantiza
que, detrás del espectáculo, se respeten tanto la seguridad de los asistentes como el
derecho de la sociedad a estar informada.
En ese equilibrio entre entretenimiento y responsabilidad pública se juega no solo el éxito de
una feria, sino la credibilidad de quienes la organizan y la confianza de una ciudadanía que,
cada vez más, exige transparencia.