Por José Gregorio Aguilar
Viernes 13 de marzo del 2026
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) rechazó las propuestas que buscan restringir la venta de tortillas en hieleras, tiendas de abarrotes o mediante reparto vecinal.
Y es que de acuerdo a cifras de la organización, 7 de cada 10 tortillas en México provienen de tortillerías de barrio, que son la base del abasto nacional y un pilar de la dieta cotidiana, refirió Cuauhtémoc Rivera.
Los pequeños comerciantes defienden la venta en hieleras, aclarando que estudios han demostrado que este método no representa riesgos sanitarios siempre que el producto se elabore bajo condiciones higiénicas. Además, la red de distribución vecinal —tiendas de abarrotes, puntos de venta y reparto en motocicleta— cumple una función clave para acercar la tortilla a millones de hogares, especialmente adultos mayores y familias sin transporte.
De acuerdo con el presidente de ANPEC, limitar estos canales de distribución no solo afectaría a miles de familias que dependen de ellos, sino que también podría provocar un alza en el precio del kilo de tortilla. El encarecimiento, subrayó, no se debe a la producción artesanal, sino al incremento en los costos de insumos como maíz, gas y energía eléctrica.
ANPEC propuso fortalecer al sector artesanal con capacitación, créditos blandos y empaques sellados que garanticen mayor inocuidad. “La solución no es combatirlo, sino apoyarlo”, enfatizó su presidente Cuauhtémoc Rivera
El debate sobre la tortilla en hielera se encendió luego de que el delegado de Profeco en Tamaulipas, Manuel Leal Villarreal, declarara que multarían hasta con 4 millones de pesos a quienes la vendieran de esa forma, bajo el argumento de un supuesto riesgo sanitario.
La reacción ciudadana no se hizo esperar y poco después la Profeco Nacional salió a desmentirlo, aclarando que ni siquiera tiene facultades para imponer esas sanciones. Al final, lo único que quedó en evidencia es que la Profeco local parece más ocupada en inventar amenazas que en cumplir su función real. Una dependencia dormida, que nadie sabe qué hace, salvo ser una carga más para el erario.
