Enrique Jonguitud 

Ciudad Victoria, 25 de febrero.-El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, aseguró que el organismo está abierto a revisar y, en su caso, reducir los salarios de las consejeras y consejeros electorales que actualmente perciben más de 126 mil pesos mensuales 

Estoy, siempre que exista una reforma que establezca criterios de homologación salarial 

Ramos Charre explicó que los ingresos de quienes integran el Consejo General no han tenido incrementos desde 2019.

Detalló que una consejería electoral cuenta con un sueldo base mensual bruto de 46 mil pesos, más 46 mil 623 pesos adicionales, así como una compensación de 80 mil pesos, lo que suma 126 mil 623 pesos mensuales antes de impuestos.

“Esa cantidad es exactamente la misma que percibió un integrante del Consejo General en el año 2019 y es la cantidad que ha aprobado el Congreso del Estado desde ese año a la fecha”, afirmó. 

Añadió que el IETAM puede acreditar con los presupuestos anuales aprobados que no ha habido aumentos en las percepciones de los consejeros electorales de Tamaulipas.

El presidente del organismo electoral reconoció que a nivel nacional no existe una “simetría” en los tabuladores salariales de las consejerías electorales, ya que en algunas entidades los montos son mayores y en otras menores

Señaló que si lo que se busca es una estandarización u homologación de salarios, se puede avanzar en ese sentido mediante las reformas correspondientes.

Ramos Charre subrayó que nadie puede ganar más que la persona titular de la Presidencia de la República y, en el ámbito estatal, nadie puede percibir más que el gobernador o gobernadora constitucional. 

En ese sentido, indicó que cuando el Congreso de Tamaulipas aprueba el presupuesto del instituto revisa que los tabuladores no superen esos límites.

Finalmente, reiteró que el IETAM está dispuesto a atender los planteamientos que se formulen en torno a una posible reforma que obligue a homologar salarios, aunque enfatizó que cualquier modificación deberá ajustarse al marco constitucional vigente.