● Francisco Castañeda exige ofensiva global de salud pública
Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Madero, Tamps.- El debate sobre la comida chatarra en México —frecuentemente
reducido a prohibiciones escolares y ajustes fiscales— es, en realidad, un problema cultural
profundo que desborda el alcance de las normas actuales. Así lo sostiene el doctor
Francisco Castañeda Cruz, secretario de la organización civil Acción con Sentido, quien
advierte que el consumo masivo de refrescos y productos ultraprocesados opera como una
adicción socialmente aceptada que alimenta una crisis de salud pública.
En entrevista, el especialista afirma que las disposiciones de la Secretaría de Salud para
restringir la venta de comida chatarra en planteles educativos, aunque bien intencionadas,
resultan insuficientes frente a un entorno dominado por la oferta comercial. “El niño sale de
la escuela y a media cuadra encuentra lo mismo”, señala. El problema, insiste, comienza
antes: en casa.
Para Castañeda Cruz, la normalización del refresco en celebraciones infantiles es un
síntoma de una transformación cultural impulsada por décadas de mercadotecnia global.
“Una fiesta no es fiesta si no tiene refresco”, observa, al contrastar la escena con prácticas
del pasado, cuando las aguas frescas de frutas de temporada eran la regla y no la
excepción.
El especialista describe estas bebidas como productos con capacidad de generar
dependencia. Subraya su alto contenido de azúcares y aditivos químicos, asociados a
padecimientos como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares. En
su diagnóstico, el incremento de precios o los impuestos especiales difícilmente modificarán
hábitos arraigados. “El vicio es el vicio”, resume, al explicar que la demanda persiste incluso
frente a costos elevados.
México figura entre los países con mayor consumo per cápita de refrescos en el mundo, y
las estadísticas oficiales ubican a la diabetes y la obesidad entre las principales causas de
enfermedad y mortalidad. En este contexto, el médico plantea que las políticas públicas
deben trascender la regulación en escuelas y avanzar hacia estrategias de educación
alimentaria sostenida, comenzando en el hogar.
“La cultura se establece desde casa”, insiste. Padres y madres, afirma, son el primer filtro
frente a una industria que promueve productos altamente procesados como sinónimo de
modernidad y estatus. La intervención gubernamental —añade— debe articularse en los
tres niveles de gobierno y complementarse con campañas permanentes de concientización.
Castañeda Cruz va más allá y sugiere que la dimensión del problema exige acciones
coordinadas a escala internacional para limitar prácticas comerciales que, a su juicio, han
desplazado opciones tradicionales más saludables. Aunque su postura es frontal y
polémica, el núcleo de su argumento apunta a un consenso creciente entre expertos en
salud pública: sin un cambio cultural profundo, las leyes aisladas difícilmente revertirán
tendencias epidemiológicas que presionan al límite a los sistemas hospitalarios.
Para Castañeda Cruz, el costo no es solo clínico. La carga financiera derivada del
tratamiento de enfermedades crónicas representa miles de millones de pesos anuales para
instituciones públicas. Fomentar hábitos saludables, concluye, no solo prolonga la calidad
de vida, sino que constituye una estrategia de sostenibilidad económica para el Estado.
