Enfoque Sociopolítico |
Por Agustin Peña Cruz*
En las instituciones públicas, la disputa por el control suele librarse en los pasillos antes que
en las aulas. Y cuando la educación se politiza, el costo lo pagan los estudiantes. Lo
ocurrido recientemente en la elección de directiva sindical en el Instituto Tecnológico de
Ciudad Madero no es un episodio aislado, sino el desenlace de una tensión acumulada
durante más de una década, donde sindicatos, directores y grupos de presión han
disputado la rectoría moral y administrativa del campus.
Hace doce años, el entonces director Héctor Arnulfo Hernández Enríquez fue removido por
la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. El relevo, encabezado por Juan
Manuel Cantú Vázquez, colocó al frente a la doctora Ana María Mendoza Martínez el 21 de
marzo de 2014. Aquella designación se presentó como el fin de un periodo señalado por
corrupción e injusticia. Sin embargo, el entusiasmo institucional chocó con una realidad más
áspera: la presión de la delegación sindical D-V-106 de la Sección 61 del SNTE y la inercia
de prácticas que distorsionaban la vida académica.
La doctora Mendoza no logró consolidar consensos. El peso de liderazgos sindicales
acostumbrados a influir en nombramientos, heredar plazas o extender privilegios
administrativos terminó por erosionar su gestión. Su salida abrió paso a Luciano Aguilera
Vázquez, cuya administración fue vista por amplios sectores como una continuidad de
rezagos estructurales, deterioro académico y complacencia con los mismos grupos que
habían tensionado a sus antecesores.
El 16 de agosto de 2024 marcó un giro. Juan Dionisio Cruz Guerrero, egresado del propio
Tecnológico y orgullosamente formado como ingeniero en Electrónica, asumió la dirección
tras recibir el nombramiento de Evangelina De Luna Zermeño, Coordinadora Técnica
Administrativa de la Subsecretaría de Educación Superior. En un acto cargado de
simbolismo, se le definió como “Cruz”, porque venía a “poner una cruz” a prácticas de
sabotaje —incluido el corte de energía atribuido a un pequeño grupo sindical—, y
“Guerrero”, porque no se dejaría doblegar.
Más allá de la retórica, el mensaje fue preciso: cerrar el ciclo de subordinación institucional
frente a intereses gremiales. La disputa no tardó en escalar, —un año más tarde—. Tras
elecciones internas recientes, la planilla ganadora difundió señalamientos sobre una
supuesta intervención del director Dionisio Cruz en el proceso. Sin embargo, se trata de un
procedimiento interno del sindicato, cuya autonomía no puede confundirse con supremacía
normativa. Los estatutos gremiales, por definición jurídica, no están por encima del artículo
3° de la Constitución ni de la Ley General de Educación. Esa línea —delgada pero
decisiva— es la que hoy delimita el margen de maniobra.
El trasfondo no puede pasar desapercibido. Durante años, el campus fue sinónimo de
infraestructura incompleta: ausencia de barda perimetral, alberca olímpica en abandono,

aulas y sanitarios en condiciones precarias. También fue escenario de prácticas que, según
críticos internos, privilegiaban lealtades sobre perfiles académicos. El director Dionisio Cruz
Guerrero ha buscado romper con esa lógica. La apuesta es proyectar al Tecnológico con
visión nacional e internacional, blindando su vida académica frente a presiones políticas.
SEGURIDAD COMO ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
En un contexto regional donde la seguridad pública es un factor determinante para la vida
universitaria, Cruz Guerrero ha decidido convertir la coordinación interinstitucional en eje
estratégico. Este viernes 13, fecha cargada de simbolismo popular, difundió una serie de
reuniones que delinean su ruta.
Primero, con el coronel José Velázquez Robledo, comandante del 15° Batallón de
Infantería. “Siempre es un honor estrechar lazos y sumar voluntades a favor de la educación
y la formación integral de nuestras y nuestros jóvenes”, escribió, adelantando “muy buenas
noticias y grandes proyectos en conjunto”.
Después, reconoció públicamente el triunfo de la maestra Ana Laura Velázquez como
secretaria general de la Delegación DV-106 Sección 61 del SNTE: “Ser institucional es
prevalecer la razón de ser de nuestro querido Tec Madero… reiterándole mi apoyo y
compromiso para juntos dar continuidad a la transformación”.
Por último, sostuvo diálogo con el comandante Óscar Infante Sierra, delegado de la Guardia
Estatal en el sur del estado, para “fortalecer el trabajo en equipo y la coordinación
interinstitucional… con el firme compromiso de generar entornos más seguros y favorables”.
La secuencia no es casual. En un entorno donde la seguridad suele ser reactiva, el director
ha optado por anticiparse: tender puentes con fuerzas armadas y corporaciones estatales
para garantizar que el campus no sea rehén de conflictos externos ni internos. La
seguridad, en este caso, no es una acción protocolaria sino una pieza de gobernanza
universitaria.
El matiz es evidente: mientras en el pasado los directores parecían navegar entre presiones
gremiales y deterioro estructural, la actual administración proyecta una combinación de
firmeza institucional y cálculo estratégico. Cruz Guerrero no sólo enfrenta inercias; intenta
redefinir la correlación de fuerzas dentro y fuera del campus.
La pregunta de fondo es si esta estrategia logrará consolidar un ambiente de paz estudiantil
duradero o si las viejas tensiones volverán a emerger. Por ahora, el mensaje es inequívoco:
la educación no puede ser rehén de intereses corporativos, y la seguridad —física e
institucional— se ha convertido en el nuevo campo de batalla del Tecnológico de Madero.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]

• El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales,
  Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista
  investigador independiente y catedrático.