Alberto Serna
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada local de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en Tamaulipas, con el propósito de establecer expresamente la obligación de la familia de no imponer trabajos forzados ni actividades que vulneren la dignidad o salud de este sector.
La propuesta contempla reformar las fracciones IV y V, y adicionar una fracción VI al artículo 8° de la legislación estatal, a fin de incorporar de manera explícita esta prohibición.
El proyecto plantea que la familia deberá: “Abstenerse de imponer a la persona adulta mayor la realización de trabajos forzados o de cualquier actividad que vulnere su dignidad, integridad o que implique un riesgo o afectación a su salud física o mental”.
En la exposición de motivos, la legisladora señala que la iniciativa busca fortalecer el marco normativo de protección familiar desde una perspectiva humanista, reconociendo a las personas adultas mayores como sujetos plenos de derechos.
La diputada advierte que, aunque muchas veces estas prácticas no son visibles, existen entornos donde la edad, la dependencia económica o la fragilidad física colocan a las personas mayores en situaciones de abuso normalizado.
El documento expone que “el trabajo forzado y las actividades que menoscaban la dignidad personal no siempre se manifiestan de manera abierta o extrema; con frecuencia adoptan formas sutiles que, bajo el pretexto de la colaboración familiar o de la costumbre, terminan por afectar la salud, la integridad emocional y la autonomía”.
Asimismo, la iniciativa sustenta su propuesta en instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el plano nacional, refiere que la Constitución mexicana establece el principio pro persona y la obligación de todas las autoridades de proteger y garantizar los derechos humanos, además de prohibir cualquier forma de discriminación por edad.
La reforma no elimina obligaciones ya existentes, sino que las complementa, reforzando el deber familiar de evitar actos de discriminación, abuso, explotación, violencia o abandono, y ampliando la protección hacia cualquier actividad que pueda poner en riesgo la salud física o mental de la persona adulta mayor.
