La regidora Mayra Rocío Ojeda Chávez encabeza el reclamo por la rendición
de cuentas; advierten riesgo de embargo si persiste el desacato judicial

Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Madero, Tamps.- Un bloque de diez regidores del Ayuntamiento de Ciudad Madero
ha colocado en el centro del debate público un asunto que combina responsabilidad política,
obligaciones laborales históricas y la fuerza vinculante de una sentencia federal: el pago de
$51,142,776.36 pesos derivado de un laudo laboral y el cumplimiento del amparo 748/2025,
radicado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito.
La voz más visible del grupo es la abogada y regidora priista Mayra Rocío Ojeda Chávez,
quien sostiene que el alcalde Erasmo González Robledo no puede delegar en el Secretario
del Ayuntamiento la explicación técnica, jurídica y presupuestaria de un asunto que
compromete el patrimonio municipal.
“Es el Alcalde quien está obligado legalmente a atendernos y explicarnos la situación
técnica, jurídica y presupuestaria de este caso. No aceptamos que nos mande al Secretario
del Ayuntamiento —quien ni siquiera tiene voz ni voto en el Cabildo— como escudo para
evitar su responsabilidad”, expresó el bloque en un posicionamiento conjunto.
Los regidores afirman que la omisión en la entrega de documentos les impide cumplir con el
plazo de tres días fijado por la autoridad judicial para informar sobre el cumplimiento del
fallo. En términos estrictamente legales, la falta de colaboración interna podría traducirse en
responsabilidad administrativa e incluso en consecuencias patrimoniales si se acredita
desacato.
FRACTURA INÉDITA EN EL CABILDO
El diferendo escaló tras la sesión del 30 de enero de 2026, cuando por primera vez en la
actual administración se rompió la unanimidad en votaciones clave. La fractura dejó
constancia de una recomposición política que trasciende filiaciones partidistas.
Votaron en contra ediles de MORENA, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRI,
incluida Ojeda Chávez; la única abstención provino de una regidora panista. La escena fue
interpretada por algunos como un “frente frío político”, pero detrás de la metáfora subyace
un conflicto estructural: el cumplimiento de obligaciones laborales acumuladas durante más
de una década.
DEUDA HEREDADA Y MULTIPLICADA

El adeudo tiene raíces en la administración de Sergio Arturo Posadas Lara (2008–2011),
cuando se dejaron de cubrir incrementos salariales, becas, uniformes y aportaciones al
fondo de ahorro pactados con el sindicato.
Las gestiones posteriores —incluidas las de Jaime Turrubiates Solís, José Andrés Zorrilla
Moreno y Adrián Oseguera Kernion— no resolvieron el litigio de fondo. La deuda creció con
actualizaciones, intereses y costas hasta superar los 51 millones de pesos.
Juristas consultados advierten que, agotadas las instancias ordinarias, la última fase de
ejecución podría desembocar en embargo de cuentas públicas, una medida extrema pero
prevista cuando existe incumplimiento reiterado de sentencias firmes.
CARNAVAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIORIDAD
El bloque de regidores cuestiona además la oportunidad política del gasto. Señalan que
mientras el Cabildo no recibe información completa sobre el impacto presupuestal del laudo,
el alcalde ha encabezado festejos de carnaval.
El punto no es festivo, sino fiscal: los ediles exigen que partidas destinadas a bacheo y
alumbrado público no sean afectadas para cubrir la condena judicial. En términos de
derecho municipal, la reasignación presupuestal sin deliberación informada del Cabildo
podría vulnerar principios de legalidad y transparencia.
El caso expone una tensión clásica en gobiernos locales: la colisión entre herencias
financieras, decisiones políticas y mandatos judiciales. La sentencia de amparo no es una
recomendación; es una orden. Y en el diseño constitucional mexicano, su incumplimiento
puede activar responsabilidades que van desde sanciones administrativas hasta la
consignación penal por desacato.
Tomando en consideración, la narrativa climática del alcalde (sobre cambios) que algunos
han usado para describir el momento político palidece frente a la contundencia de los
números: 51 millones 142 mil 776 pesos con 36 centavos. Una cifra que ya no admite
metáforas.