Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Madero, Tamps.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de
Ciudad Madero, una de las instancias más sensibles por su función de atención directa a la
población en situación de vulnerabilidad, permanece bajo una sombra de opacidad fiscal
tras no haber aclarado un monto superior a los 24 millones de pesos, de acuerdo con un
Informe Específico emitido por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas (ASE).
El documento, al que tuvo acceso Noticias PC, fue elaborado bajo la conducción del
contador público auditor Francisco Antonio Noriega Orozco, titular de la ASE, y fue
formalmente remitido el 26 de noviembre de 2024 al diputado Eliphaleth Gómez Lozano,
presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. El informe expone, con base en una revisión
técnica y jurídica, una serie de irregularidades cometidas durante el ejercicio fiscal 2021,
cuyas consecuencias financieras siguen sin ser esclarecidas plenamente.
Cabe precisar que la revisión se originó a partir de la denuncia ciudadana D-030/2024,
recibida por la ASE el 28 de junio de 2024, en la que se señalaron hechos posiblemente
constitutivos de incumplimientos a las reglas presupuestarias, de ejercicio del gasto y de
disciplina financiera previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios. Tras un dictamen técnico-jurídico de procedencia, la denuncia
fue admitida y registrada bajo el número ASE/DC/030/2024, ordenándose la auditoría
mediante el oficio ASE/1668/2024, de fecha 02 de julio de 2024.
El sustento legal del procedimiento es amplio y explícito. El informe invoca disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el artículo 116,
fracción II, así como diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas
y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, entre ellos
los artículos 13, 41, 48, 53, 54, 84 y 90. El alcance normativo no deja margen a
interpretaciones laxas: la auditoría fue diseñada como una auditoría de cumplimiento, con el
objetivo de constatar si el DIF Madero respetó las reglas de disciplina financiera durante el
ejercicio 2021.
El resultado aludido, tiene su origen 31 de diciembre de 2021, la entidad generó, bajo el
momento contable devengado, un Balance Presupuestario no sostenible por 24 millones
703 mil 864 pesos, así como un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
igualmente no sostenible por el mismo monto. En términos jurídicos, ello implica un
incumplimiento directo del artículo 19, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera,
que obliga a las entidades públicas a mantener un equilibrio entre ingresos y egresos.
El informe detalla que el balance fue negativo porque la diferencia entre los ingresos totales
y los egresos presupuestarios, sumada al remanente del ejercicio anterior, arrojó un
resultado menor a cero. De igual forma, los ingresos de libre disposición y el financiamiento
neto resultaron insuficientes frente a los gastos no etiquetados, configurando un escenario
de manejo financiero insostenible.

Ante estos hallazgos, la ASE determinó promover una responsabilidad administrativa, con
fundamento en el artículo 41, fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Estado, dando vista al órgano interno de control para que continúe con la investigación
y, en su caso, inicie el procedimiento sancionador correspondiente conforme a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.
Más allá de la cifra, el caso revela una vulnerabilidad estructural en el manejo de recursos
públicos de una institución cuya razón de ser es la protección social. A ello se suma un
elemento político-administrativo relevante: la administración municipal 2024-2027 ha optado
por un hermetismo informativo respecto a la forma en que operaron sus antecesoras,
limitándose a guardar silencio sobre las observaciones heredadas, pese a que los efectos
financieros continúan impactando a la hacienda pública local.
No se pasa por alto que la rendición de cuentas es una obligación constitucional y no una
concesión política, el expediente del DIF Madero se convierte en un recordatorio incómodo
de que la aprobación formal de cuentas en el pasado no equivale necesariamente a su
legalidad sustantiva. Hoy, con documentos, oficios y cronología plenamente identificados, la
ASE ha levantado el velo; corresponde ahora a las autoridades administrativas y, en su
caso, jurisdiccionales, determinar las responsabilidades y romper el círculo de opacidad que
sigue rodeando más de 24 millones de pesos de recursos públicos no aclarados.