Por: Luis Enrique Arreola Vidal.

Hay silencios que pesan más que los discursos.
Silencios que no buscan absolución ni revancha, sino dejar constancia.

Eso es lo que hace Julio Scherer Ibarra en Ni venganza ni perdón, el libro que coescribe con Jorge Fernández Menéndez.
No es una confesión.
No es un ajuste de cuentas.
Es una advertencia.

Scherer no escribe desde la oposición ni desde la comodidad del retiro.
Escribe desde el núcleo del poder, desde el lugar donde se firman decretos, se construyen narrativas y se decide quién sirve… y quién estorba.

Y lo que relata incomoda porque desmonta uno de los mayores mitos políticos de las últimas décadas: que la llamada “Cuarta Transformación” había desterrado las prácticas del viejo régimen.

El libro documenta un episodio clave: el decreto presidencial de 2022, presentado como un acto de “justicia social” para extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
El resultado real, según el testimonio, fue un pasivo cercano a los 27 mil millones de pesos para el erario.

Condonación de deudas hipotecarias por más de 6 mil millones.
Cesión de inmuebles públicos.
Beneficios dirigidos a grupos disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Nada de eso fue improvisado.
Nada fue neutro.

Scherer sostiene que el diseño político y comunicacional de ese esquema fue impulsado por Jesús Ramírez Cuevas, entonces Coordinador General de Comunicación Social de Andrés Manuel López Obrador y hoy Coordinador de Asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El análisis actuarial del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado —según se expone en el libro— advertía que el esquema carecía de sustento jurídico y viabilidad financiera.
Aun así, avanzó.

¿Con qué objetivo?
El que la política mexicana conoce bien desde hace décadas: clientelismo electoral, construcción de lealtades y apuntalamiento de proyectos políticos, entre ellos —se señala— la candidatura de Clara Brugada en la Ciudad de México.

Pero el tema no termina en territorio nacional.

Existe ya una denuncia formal presentada ante la FinCEN y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde se solicita investigar un posible esquema de lavado de dinero, triangulación de recursos y adquisición de activos en suelo estadounidense, presuntamente ligados a estos desvíos.

La denuncia —hay que decirlo con responsabilidad— no ha sido probada judicialmente en el dominio público.
Pero su sola existencia en instancias financieras de Estados Unidos no es menor.

Cuando el dinero público cruza fronteras, la corrupción deja de ser un asunto interno y se convierte en un riesgo sistémico.

Porque la corrupción no solo roba recursos.
Roba estabilidad.
Roba confianza.
Roba futuro.

Scherer no pide castigo ni absolución.
No busca venganza ni perdón.

Solo escribe para que quede registro de cómo el poder premia la obediencia y castiga la dignidad, de cómo se construyen decisiones que se justifican con discursos morales y se ejecutan con lógica patrimonial.

Hay un eco histórico inevitable: Proceso, la revista fundada por su padre Julio Scherer García, nació exactamente para eso: para incomodar al poder cuando el poder se siente intocable.

Hoy, con más de 80 periodistas asesinados en México desde el año 2000, dejar constancia no es un gesto literario.
Es un acto de resistencia.

El título del libro no es una consigna.
Es una postura ética.

Ni venganza.
Ni perdón.
Solo verdad.

Porque olvidar sería traicionar a las víctimas de un sistema que, una y otra vez, decide proteger al poder antes que al pueblo.

Y si esos hilos alcanzan a Estados Unidos, como hoy se investiga, entonces el mensaje es claro:
la corrupción no reconoce fronteras.

Es hora de confrontar al poder.
No de aplaudirlo.