Cd. Victoria, Tam.- Enero 22 de 2021, la masacre de indocumentados centroamericanos en Camargo puso a Tamaulipas en la prensa mundial. El horror de otras veces, en efecto.
Pero el verdugo no sería la delincuencia organizada sino la policía estatal. En plan de gatilleros, los uniformados interceptaron los vehículos donde viajaban 17 extranjeros y dos mexicanos. Los mataron y quemaron.
Asalto, asesinato y carbonización como actos de autoridad. Escándalo mayúsculo, tuvo que intervenir la federación. ¿Hay presos?, si, hay presos. Once policías sentenciados a 50 años de prisión por los cargos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.
Y uno más, identificado como testigo colaborador, con una pena menor de 19 años por abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.
Fue en agosto del mismo 2021 cuando dicho exagente de nombre ISMAEL VÁZQUEZ habría admitido durante el interrogatorio que los responsables fueron ellos, desmintiendo así la coartada inicial de que la autoridad llegó después, cuando automotores y cuerpos ya estaban en llamas.
La orden habría venido (según el testigo) del comandante a cargo HORACIO ROCHA NAMBO, quien dispuso alterar la escena del crimen y recuperar los casquillos percutidos, minimizando en su narrativa el número de patrullas presentes en el evento. Dijeron que tres, en lugar de seis. Y también el número de efectivos. Juzgaron a 12 pero participaron más de 20.
CUERPO DE ÉLITE
Cheque usted quienes fueron. Los consentidos el gobernador. Sus “rambos”, en cuya dependencia invirtió millones cuando dio el banderazo de salida a la nueva institución. Fuerzas especiales, gente seleccionada, entrenada y pagada para defender la seguridad ciudadana.
Elementos que (según la propaganda cabezona) estarían altamente capacitados. Se decían profesionales con disciplina, lealtad y vocación de servicio. Los resultados indican otra cosa.
El Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) había sido inaugurado con bombo y platillo por CABEZA DE VACA (ojo a la fecha) en enero 21 de 2020. Apenas un año y un día después, el episodio de Camargo los desnudó.
Duró poco el glamour de un organismo concebido como un estimulante hormonal del Ejecutivo, desplegado con ánimo intimidatorio desde la vitamina del poder. Aunque despreocupado del factor humano.
Esas tanquetas azules SANDCAT, costosos vehículos artillados, con circuito cerrado, cámara de visión térmica y nocturna, blindaje poderoso, torreta y ametralladora.
Operadores y efectivos muy pronto mostraron su verdadera cara, como aliados institucionales del crimen organizado, en misiones privadas, dirigidas al control de las rutas migrantes que llegan del sur en busca del sueño americano.
ASCENSO Y CAÍDA
El Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) fue creado durante el gobierno de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, como una versión compacta del CISEN (hoy CNI) y el propósito semejante de procesar información como recurso estratégico para la toma de decisiones.
Había un equipo capaz, empezando por su impulsor y director, el desaparecido maestro GABRIEL LIMÓN HERNÁNDEZ. Un apasionado del trabajo cuya salud colapsó fatalmente en el otoño de 2010. La dependencia continuó operando con dicha orientación hasta 2016.
En ese año, tras el advenimiento del gobierno panista, los acervos y facultades del CAIET pasaron a manos poco ilustradas. Se convirtió en un instrumento policiaco; información para la represión, persecución, intimidación. En vez de analistas, gendarmes.
Funcionaría, además, en línea staff al gobernador, ajeno a la jerarquía de Seguridad Pública, como el brazo armado de PANCHO CABEZA. El nuevo engendro fue presentado en sociedad ya desprovisto de sus rasgos esenciales, sin el análisis, la información, ni los estudios.
Nacía entonces el GOPE, en manos de FÉLIX ARTURO RODRÍGUEZ, exjefe de seguridad con CABEZA en el ayuntamiento de Reynosa, hoy radicado en Texas y en la misma tarea, junto a su patrón. Muy rápido mostró su peor cara. Entre enero de 2020 y enero de 2021 el proyecto se fue al barranco.
BANDA DE LA CHAROLA
El punto de quiebre fue la masacre de Camargo, aunque el historial de abusos es más largo. Desapariciones, atracos, ejecuciones extrajudiciales, persecución de periodistas en Nuevo Laredo.
Invadían también funciones del SAT, aunque no con fines recaudatorios sino como algo más parecido a la extorsión, el cobro de piso y peaje a transportistas y comerciantes.
Tras dictar sentencias, la Fiscalía General de la República (FGR) consideraría cerrado el caso. Sin embargo, la herida quedó abierta, no hay satisfacción plena para las familias de las víctimas, en su mayoría guatemaltecos de escasos recursos.
Los guardias cumplen condenas, pero también es cierto que antes cumplieron órdenes, ¿en dónde están los autores intelectuales?…. Justicia incompleta, mutilada, castigaron a los de abajo. Se entendieron más arriba.
La FGR de GERTZ MANERO nunca quiso echar luz sobre la cadena de mando. Ni investigar la connivencia de PANCHO y FÉLIX ARTURO con las células delictivas que controlan el tráfico humano en dichos territorios. Y si lo hizo, jamás informó ni deslindó responsabilidades.
Tampoco actuó en consecuencia.
BUZÓN: [email protected]
