Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Victoria, Tamps.- Desde una conversación transmitida en la plataforma de YouTube con Carlos Alazraki en AtypicalTV y con el tono de quien se sabe en la mira del poder, Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, lanzó una de las acusaciones más severas formuladas por un exmandatario estatal en los últimos años: la existencia de una operación de huachicol fiscal de dimensiones históricas, valuada —según sus palabras— en 600 mil millones de pesos, presuntamente articulada desde estructuras federales y partidistas. No se trató de una denuncia aislada ni de una consigna coyuntural, sino de un relato minucioso que enlazó contrabando, financiamiento político, debilitamiento institucional y una deriva autoritaria que, a su juicio, amenaza los cimientos democráticos del país.
Cabeza de Vaca sostuvo que el esquema comenzó a operar desde finales de 2019 y que consistió en la introducción ilegal de combustibles a territorio nacional, evadiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). “Detectamos que estaban pasando tráilers con combustibles, con hidrocarburos, con gasolinas… en pocas palabras, de contrabando”, afirmó. A partir de operativos estatales realizados —dijo— al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal, se aseguraron cargamentos que no pudieron acreditar su ingreso legal, lo que derivó en denuncias formales ante la Fiscalía General de la República.
El exgobernador describió el mecanismo con una precisión poco habitual en el discurso político: compras legales de combustible en refinerías de Texas, exportaciones debidamente registradas en Estados Unidos y, del lado mexicano, declaraciones falsas de “carga vacía” en aduanas, lo que permitía que el producto ingresara sin pagar impuestos. “Es matemática simple”, resumió. “No pueden salir 100 litros de Estados Unidos y llegar 50 a México; lo que pasa es que no lo reportan para evitar pagar el IEPS”.
Cuando las pipas comenzaron a ser detectadas, el esquema —según su versión— migró a ferrotanques y posteriormente a buquetanques que descargaban combustible en terrenos sin infraestructura portuaria formal. “Fue una barbaridad… sólo se explica por el alto grado de impunidad y por todos los funcionarios involucrados”, dijo, al describir descargas irregulares en zonas del litoral del Golfo. Para Cabeza de Vaca, la magnitud del desfalco es equiparable a megaproyectos nacionales completos: “Estamos hablando de un Tren Maya o prácticamente de una refinería de Dos Bocas; de ese tamaño es el boquete”.
La acusación escaló cuando se le preguntó si percibía la participación directa del entonces titular del Ejecutivo federal y su círculo cercano. La respuesta fue categórica: “No creo, estoy seguro”. En su argumentación, sostuvo que los “grandes negocios” no se mueven sin consentimiento presidencial y que la red de complicidad incluyó a autoridades aduaneras, reguladores energéticos y operadores políticos. “No hay forma de que esto se haya llevado a cabo sin el consentimiento del presidente, del director de aduanas y de una red de funcionarios”, afirmó.
Más allá del daño fiscal, el exmandatario subrayó dos consecuencias que considera aún más graves. La primera, el fortalecimiento de organizaciones criminales mediante el reparto de recursos provenientes de la evasión tributaria. “Parte de este dinero lo compartieron con los grupos criminales, fortalecieron sus estructuras”, señaló, vinculando el fenómeno con la escalada de violencia y con la clasificación reciente de cárteles como organizaciones terroristas por autoridades estadounidenses. La segunda, el presunto uso de esos recursos para financiar campañas electorales. “Está documentado que con este dinero financiaron gran parte de las campañas de 2021”, sostuvo, al explicar —según su relato— la virulencia de la persecución política en su contra.
En ese sentido, Cabeza de Vaca enmarcó su situación personal como la de un opositor incómodo para un régimen que, dijo, utiliza instituciones de procuración de justicia y tribunales como herramientas de presión. “Han querido desprestigiar y someter a los opositores; yo soy uno de ellos”, afirmó, al recordar el proceso de desafuero que enfrentó y que —aseguró— logró revertir. Reivindicó su gestión al frente del estado al contrastar indicadores: haber recibido una de las entidades más inseguras del país y haberla colocado entre las cinco con mejores índices de seguridad, además de atraer inversión extranjera directa y desarrollar energías limpias. “La confianza no se compra; se construye con hechos”, dijo, al atribuir esos resultados a una política de “cero tregua” contra los grupos violentos y a la cooperación informal con agencias estadounidenses.
El relato del exgobernador no se limitó al pasado reciente. Extendió su crítica al presente institucional del país, al advertir que la concentración de poder, el debilitamiento de organismos autónomos y las reformas impulsadas en materia electoral apuntan —en su visión— a un desmantelamiento deliberado de la democracia. “Este sería el último clavo al ataúd de la democracia en México”, advirtió, al comparar el proceso con experiencias latinoamericanas donde el control del sistema electoral y la eliminación de contrapesos precedieron a regímenes autoritarios.
En su lectura, el impacto trasciende las fronteras nacionales. La certeza jurídica, sostuvo, es un pilar para la inversión y para la relación comercial con América del Norte. “¿Quién va a invertir a mediano y largo plazo si no hay garantía de que se respeten contratos y leyes?”, cuestionó, al anticipar tensiones en el marco de la revisión del tratado comercial regional. Para Cabeza de Vaca, la erosión democrática no es un asunto ideológico, sino un riesgo sistémico que afecta competitividad, seguridad y bienestar.
Al cerrar su exposición, el exgobernador insistió en que el tiempo terminará por revelar la dimensión completa del caso. “Tenemos que hablar y hablar fuerte para que nos escuchen”, dijo, al justificar su activismo internacional y su decisión de llevar estas denuncias a foros extranjeros.