Columna Opinión Económica y Financiera.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
La situación de la empresa maquiladora Tridonex en Matamoros sintetiza la vulnerabilidad del modelo maquilador fronterizo: una decisión corporativa tomada lejos de la frontera pone en riesgo inmediato el ingreso de más de mil familias y tensiona la relación entre trabajadores, empresa y autoridad.
La empresa, perteneciente a First Brands Group y sujeta a un proceso de reestructura en Estados Unidos, ha reducido o detenido operaciones, dejando a la plantilla en la incertidumbre y obligando a montar guardias para evitar el retiro de maquinaria y el vaciamiento de la planta sin que se haya cumplido con las obligaciones laborales básicas. Frente a este escenario, la primera línea de acción pasa por la defensa de derechos.
Es imprescindible acelerar los mecanismos de conciliación y, cuando sea inevitable, el tránsito a juicio laboral, garantizando que sueldos caídos, prestaciones y liquidaciones se cubran conforme a la ley y no bajo acuerdos a la baja, producto de la desesperación.
De forma paralela, la presencia activa de autoridades laborales y municipales en la planta debe impedir la sustracción de activos mientras el conflicto no se resuelva, porque el vaciamiento físico del centro de trabajo suele ser el preludio de una evasión de responsabilidades patronales.
Al mismo tiempo, el gobierno local tiene el reto de construir una red de apoyo inmediato: programas municipales de alimentos, salud, asesoría jurídica y vinculación con el Servicio Nacional de Empleo pueden amortiguar parcialmente el golpe y facilitar la recolocación de parte de esta mano de obra calificada en otras maquiladoras o sectores de la región. No obstante, el problema rebasa un conflicto puntual y exige una negociación estratégica con el corporativo.
El esquema de reestructura en Estados Unidos no implica, necesariamente, una desaparición definitiva de la operación industrial, por lo que el gobierno estatal y federal pueden sentarse a explorar alternativas de continuidad parcial, venta de la unidad productiva como “empresa en marcha” o entrada de nuevos inversionistas dispuestos a mantener una fracción significativa de los puestos de trabajo.
Para que esto sea viable, se puede diseñar un paquete acotado de incentivos temporales –fiscales, energéticos, de apoyo a reconversión–, estrictamente condicionados a metas verificables de conservación de empleo y transparencia en el plan de negocio. La experiencia reciente en Matamoros también obliga a revisar el modelo laboral.
Fortalecer la conciliación obrero–patronal, profesionalizar la mediación, garantizar procesos sindicales democráticos y dar certidumbre a las revisiones contractuales es clave para que la frontera sea competitiva sin precarizar a las personas trabajadoras.
Finalmente, el caso Tridonex debería acelerar una agenda de reconversión: utilizar el hub logístico del norte de Tamaulipas para atraer nuevas inversiones de nearshoring, diversificar hacia autopartes para vehículos eléctricos y manufacturas de mayor valor agregado y construir, con la federación, una narrativa binacional de estabilidad que convierta esta crisis en punto de inflexión hacia un modelo industrial más sólido y menos dependiente de un solo corporativo.
