Por Agustín Peña Cruz
Ciudad Madero, Tamps.- La decisión del alcalde Erasmo González Robledo de remover a
la cúpula de Comunicación Social de su administración no fue un ajuste menor ni un simple
relevo administrativo. Fue, en los hechos, una ruptura política con un esquema de control
informativo que durante meses operó bajo la lógica del favoritismo, la opacidad y el
desprecio sistemático hacia el periodismo crítico.
La salida de Lorenzo Martínez Rubio, director general de Comunicación Social, y de
Deanise Adriana Rueda Hernández, directora de Atención a Medios —y suplente de la
síndica primera— ocurre tras una acumulación de señales de alarma: trato preferencial a
replicadores de transmisiones en vivo, exclusión deliberada de periodistas de investigación
y una administración discrecional de la publicidad oficial, en abierta contradicción con los
principios de legalidad, equidad y disciplina financiera que rigen el gasto público.
Versiones extraoficiales apuntan a que la Auditoría Superior del Estado (ASE) habría
detectado irregularidades en la asignación de contratos de comunicación social,
presuntamente vinculadas a relaciones familiares y de compadrazgo, así como la
inexistencia de mecanismos normativos claros para regular la publicidad gubernamental. De
confirmarse, el caso no sería un desliz administrativo, sino un patrón estructural de captura
institucional.
A este contexto se suman hechos documentados. Noticias PC giró oficios formales al
presidente municipal y al secretario del Ayuntamiento solicitando, al no tener éxito, la
distribución equitativa de comunicados y agendas públicas. Pese a reiteradas peticiones, la
Dirección de Comunicación Social incurrió en omisiones sistemáticas. La tensión escaló
cuando, el miércoles 13 de enero, el alcalde instruyó de manera directa el envío de
información oficial al medio; la orden fue ignorada. Dos días después, un nuevo oficio dejó
constancia escrita de la exigencia de cumplir con la obligación mínima de transparencia
informativa.
La pregunta que quedó flotando —y que fue planteada abiertamente al secretario del
Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez— ¿cómo un funcionario de nivel inferior podía
desobedecer instrucciones directas del alcalde sin consecuencias inmediatas? La
respuesta, implícita, apuntaba a un poder informal enquistado en la estructura municipal.
Las investigaciones internas abiertas contra Martínez Rubio profundizaron la grieta. Además
de su doble condición como empleado municipal y funcionario estatal en la Secretaría de
Salud —sin que se hiciera público el formato de compatibilidad de horarios—, surge como
un evidente conflicto de interés: el vínculo directo con el medio digital “La Prensa Hoy”,
dirigido por su hijo Obed Martínez Purata y señalado por fuentes gubernamentales como
uno de los principales beneficiarios de recursos publicitarios durante su gestión.
El desenlace llegó esta semana. Francisco Alemán Lara y Emma Flor Torres Cantú
asumieron de manera provisional las funciones del área, confirmando de facto el relevo.

Más allá de los nombres, el mensaje político refleja que: la cercanía personal no puede
imponerse sobre la legalidad, la transparencia ni el respeto irrestricto a la dignidad de la
prensa.
La decisión del alcalde González Robledo no borra las prácticas del pasado, pero sí marca
un punto de inflexión. Por consiguiente donde la publicidad oficial ha sido históricamente
utilizada como herramienta de control narrativo, la sacudida en Comunicación Social abre
una interrogante mayor: si se trata de un acto aislado de contención de daños o del inicio de
una revisión profunda sobre cómo se comunica —y se gobierna— desde el poder municipal.

REMEMBRANA NECESARIA
Hace nueve meses, Noticias PC documentó un hecho que hoy cobra nueva relevancia: la
censura en una conferencia municipal durante el Día del Comunicador, cuando preguntas
incómodas fueron silenciadas en transmisiones oficiales. Entonces, como ahora, el nombre
de Lorenzo Martínez Rubio apareció como operador clave de una estrategia orientada a
moldear el discurso público.
La diferencia es que hoy, por primera vez, esa lógica parece haber encontrado un límite
político. En Ciudad Madero, la crisis de Comunicación Social no sólo expuso malas
prácticas; puso sobre la mesa una discusión más amplia sobre democracia, rendición de
cuentas y el lugar que ocupa la prensa en el ejercicio real del poder.