Nuevo Laredo, Tam.- La Preparatoria Municipal “Manuel Gómez Morín” enfrenta una creciente ola de inconformidades por parte de maestros, alumnos y padres de familia, quienes denuncian presuntos actos de acoso laboral, irregularidades administrativas y decisiones que estarían afectando directamente la estabilidad académica y económica de la comunidad escolar, sin que hasta ahora exista una respuesta contundente de las autoridades educativas municipales.
De acuerdo con los denunciantes, existen múltiples quejas formales registradas en el sistema municipal de denuncias de servidores públicos, así como reportes presentados directamente en las oficinas de Educación. Sin embargo, acusan una falta de seguimiento real, ausencia de investigaciones visibles y una aparente omisión institucional que ha permitido que la problemática continúe escalando.
Los inconformes señalan que el responsable de las preparatorias municipales, el maestro Adán Hernández Ríos, ha sido informado directamente de la situación tras sostener reuniones con docentes afectados; no obstante, afirman que las inconformidades habrían sido minimizadas, sin que se reflejen acciones concretas para frenar los presuntos abusos.
La mayoría de los señalamientos recaen en la directora del plantel, Elida Isabela López Ramos, a quien se le atribuyen presuntas prácticas de hostigamiento laboral, como amenazas de despido, reducción arbitraria de cargas horarias y un clima permanente de presión. Como consecuencia, algunos docentes habrían solicitado cambio de adscripción, otros habrían renunciado y se reportan incluso presuntos despidos derivados de este conflicto.
A esta situación se suma el señalamiento de que la directora mantiene una plaza activa como docente en una escuela local, lo cual, de acuerdo con versiones de los propios afectados, sería incompatible con su función directiva, aun cuando cuente con permiso sindical. Esta condición ha despertado cuestionamientos sobre la legalidad, ética y supervisión del cargo que actualmente desempeña.
En el plano académico, estudiantes denuncian un cambio repentino en el sistema de evaluación, elevando el mínimo aprobatorio a 7, medida que habría incrementado significativamente el número de alumnos reprobados y, por ende, el cobro de exámenes extraordinarios, lo que para muchos padres representa un impacto económico adicional y una decisión carente de sustento pedagógico.
El malestar de las familias también se ha intensificado por el incremento en el costo de las preinscripciones, ya que aseguran que previamente se les garantizó que no habría aumentos. A pesar de ello, el pago semestral pasó de 2,200 a 2,500 pesos, situación que consideran una falta de transparencia y un incumplimiento de compromisos. Asimismo, padres denuncian el cambio unilateral de un grupo del turno matutino al vespertino, sin previo aviso ni justificación, afectando la dinámica familiar y laboral de muchos hogares.
Adicionalmente, jefes de grupo han reportado la existencia de grupos de WhatsApp administrados por la dirección, donde presuntamente se han emitido comentarios ofensivos hacia docentes. También se ha señalado que alumnos han sido abordados por la directora y la psicóloga para recabar señalamientos contra maestros y que, al no existir elementos claros, se habrían ejercido presiones para obtener o incluso construir versiones, generando un ambiente de intimidación dentro del plantel.
Ante este panorama, la comunidad escolar exige una intervención inmediata y una auditoría administrativa y académica, así como el deslinde de responsabilidades. Padres, docentes y alumnos advierten que, de no existir una respuesta institucional seria y transparente, el conflicto podría escalar y derivar en movilizaciones o acciones legales.–
