DESMEMORIA.
Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
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Es una política de poder. Y hoy, su manifestación más grave se concentra en la reforma electoral que Morena impulsa para 2026: un cambio estructural cocinado exclusivamente entre las tribus morenistas, sin consulta real a la oposición ni a las minorías, rompiendo la pluralidad democrática que costó décadas construir y silenciando voces disidentes bajo el pretexto de “austeridad”.
México vive una paradoja inquietante: nunca había tenido tanto acceso a información y, al mismo tiempo, nunca había sabido tan poco de su propia historia.
Las nuevas generaciones transitan la vida pública sin comprender por qué existen las instituciones ni contra qué abusos fueron creadas.
En 1990, Mario Vargas Llosa definió al sistema político mexicano como la dictadura perfecta: un régimen que simulaba democracia mientras concentraba el poder, cooptaba a los críticos y administraba la disidencia.
No se sostenía solo con censura, sino con inteligencia política: incorporando intelectuales y abriendo espacios controlados para la crítica.
Ese modelo comenzó a desmontarse cuando el propio sistema entendió que debía reformarse para sobrevivir.
Con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se construyó un entramado institucional inédito: árbitros electorales autónomos, contrapesos legislativos y profesionalización judicial.
No fue altruismo; fue necesidad histórica. Esa arquitectura —hoy descalificada como “neoliberal”— fue la base mínima de una democracia funcional, donde la representación proporcional (plurinominales) garantizó que ninguna mayoría aplastara a las minorías y que todas las voces —incluso las disidentes— tuvieran eco en el Congreso.
El proyecto actual, encabezado por Movimiento Regeneración Nacional, no busca perfeccionar ese sistema, sino sustituirlo.
No asistimos a la restauración de la dictadura perfecta, sino a algo más tosco y peligroso: una dictadura vulgar, sin debate real, sin críticos incómodos, sostenida por cuadros obedientes cuya principal virtud es la lealtad.
La erosión institucional ha sido sistemática, pero su clímax es esta reforma electoral que se cocina en Palacio Nacional entre las tribus morenistas —Sheinbaum, Monreal, Adán Augusto, Pablo Gómez y aliados cercanos (PT y PVEM)— sin invitar a la oposición ni a expertos independientes.
En las audiencias de 2025, ningún partido opositor presentó propuestas formales porque no fueron convocados de verdad; las “consultas” se limitaron a militantes y simpatizantes del oficialismo.
Ahora, en enero 2026, la iniciativa se define en reuniones cerradas, ignorando voces disidentes y afines no alineadas, para eliminar o reducir drásticamente las diputaciones y senadurías plurinominales —conquista histórica de la oposición para garantizar pluralidad y evitar que una mayoría concentre todo el poder—, recortar financiamiento a partidos, centralizar el control electoral (elección popular de consejeros facilitando captura por el partido dominante) y debilitar mecanismos de fiscalización independientes.
El resultado es claro: un retroceso que rompe el pacto democrático que evitó el autoritarismo unipartidista del siglo XX, concentra el poder en el Ejecutivo y silencia la pluralidad al dejar fuera a minorías políticas, voces críticas y hasta aliados incómodos dentro de la propia coalición.
A ello se suma el desmantelamiento de la independencia judicial, la desaparición de fideicomisos para ciencia, cultura y víctimas, y un sistema de salud vaciado de recursos.
Las grandes obras públicas —presentadas como símbolos de soberanía— exhiben opacidad, improvisación y costos sociales y ambientales elevados: el Tren Maya, ecocidio masivo que ha destruido selva y cenotes violando derechos indígenas, ha sufrido múltiples descarrilamientos en 2025 (vagón volcado en Limones, Quintana Roo, el 30 de enero, con lesionados; choque y descarrilamiento en Izamal, Yucatán, el 19 de agosto); y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec registró un grave descarrilamiento el 28 de diciembre de 2025 en Nizanda, Oaxaca (Línea Z), con al menos 13 muertos y más de 98 heridos, revelando negligencia técnica y corrupción en contratos.
El frente más delicado, sin embargo, está en las aulas. Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, los libros de texto dejaron de ser herramientas pedagógicas para convertirse en vehículos ideológicos.
Se minimizan episodios centrales como la masacre de 1968 (Tlatelolco: cientos de muertos por represión estatal) y se omiten otros como la represión de 1971 (Halconazo: paramilitares masacraron estudiantes, dejando al menos 120 muertos y heridos), privando a los estudiantes del contexto necesario para entender por qué la memoria es un antídoto contra el abuso de poder.
La autonomía universitaria —conquistada en 1929 tras huelgas contra la injerencia presidencial y formalizada en la Ley Orgánica de la UNAM (1933, actualizada 1945)— se diluye en los relatos oficiales.
La pluralidad se reemplaza por una narrativa única. La educación deja de formar ciudadanos críticos para producir militantes tempranos.
La ironía es brutal: quienes lucharon por la representación proporcional y los contrapesos hoy buscan eliminarlos desde el poder, incluso desde el pizarrón, sin escuchar a quienes alguna vez defendieron esas conquistas.
La mayor pérdida no está en los balances ni en las cifras, sino en el silencio impuesto.
Un pueblo sin pasado es un pueblo sin defensas. Y una generación educada con relatos únicos —y un sistema electoral controlado por una sola tribu— está condenada a repetir la historia mientras la aplaude.
Recordar no es nostalgia. Es resistencia cívica.
Hoy, en México, recordar —y defender la pluralidad que se pretende borrar con esta reforma unilateral— se ha vuelto un acto profundamente subversivo.
