Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
En el ajedrez geopolítico de América del Norte y el Caribe, México ha movido una pieza que no solo reconfigura el tablero regional, sino que amenaza con tensionar el pilar central de su estabilidad económica: el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
No se trata de una discusión ideológica.
Se trata de costos, percepciones y consecuencias.
Desde 2025, México se ha consolidado como el principal proveedor de petróleo de Cuba, desplazando a Venezuela y asumiendo, de facto, el papel de sostén energético de un régimen sometido a sanciones internacionales.
Los flujos —estimados entre 12 y 17 mil barriles diarios, cerca del 44 % de las importaciones totales de crudo de la isla— no representan un incremento histórico en volumen, como insiste el gobierno mexicano.
Pero sí representan un cambio estratégico en relevancia.
Y en política internacional, la relevancia pesa más que la estadística.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido esta relación bajo el argumento de la soberanía y la cooperación humanitaria, evocando la tradición diplomática mexicana y el vínculo histórico con Cuba.
El principio es legítimo. El contexto, no.
Hoy, con Estados Unidos endureciendo nuevamente su política hacia regímenes considerados hostiles, y con una revisión del T-MEC programada para 2026, México aparece ante Washington como el sustituto energético de un aliado caído, justo cuando la Casa Blanca exige aislar política y financieramente a La Habana.
El punto de fricción: el T-MEC.
El problema no es solo el petróleo.
Legisladores estadounidenses han comenzado a señalar que la relación de México con Cuba podría entrar en conflicto con el Capítulo 23 del T-MEC, que prohíbe el trabajo forzado y obliga a los Estados parte a garantizar estándares laborales verificables.
La referencia es directa: los programas de médicos cubanos en México, ampliamente documentados por organismos internacionales como esquemas de retención salarial, vigilancia y coerción estatal.
Aquí el debate deja de ser diplomático y se vuelve jurídico y comercial.
El T-MEC no es un tratado simbólico. Es el andamiaje de un comercio trilateral que supera los 800 mil millones de dólares anuales, sostiene cadenas de suministro críticas y define el atractivo de México como destino de inversión y nearshoring.
Convertirlo en rehén de una política exterior mal calibrada sería un error estratégico de gran escala.
Una escena que explica el dilema.
Mientras México envía petróleo subsidiado a Cuba, una empresa automotriz en el Bajío reevalúa su expansión ante la posibilidad de fricciones comerciales.
Mientras se habla de solidaridad internacional, un médico mexicano sin plaza observa cómo el Estado paga contratos externos cuestionados.
Mientras se invoca soberanía, los mercados leen riesgo.
Ese es el contraste que hoy define la discusión.
Soberanía no es aislamiento.
México tiene derecho a una política exterior independiente.
Nadie lo discute.
Pero la soberanía no se ejerce en el vacío: se ejerce con responsabilidad estratégica.
Persistir en una relación que Washington percibe como apoyo estructural a un régimen sancionado —en un contexto de creciente proteccionismo y uso político de los aranceles— es abrir una grieta innecesaria con el socio que absorbe la mayor parte de nuestras exportaciones, inversiones y remesas.
No es una amenaza inmediata.
Es algo más peligroso: una acumulación de fricciones.
El verdadero riesgo.
El riesgo no es que México comercie con Cuba.
El riesgo es que esa relación se convierta en moneda de cambio durante la revisión del T-MEC.
Aranceles selectivos, retrasos regulatorios, presión sobre reglas de origen o cláusulas laborales: las herramientas existen y ya han sido utilizadas antes.
Pensar que esta vez será distinto es ignorar la historia reciente.
La alianza con Cuba puede ser un derecho soberano.
Pero en el contexto actual, puede convertirse en un lujo geopolítico que México no está en posición de pagar.
El desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum no es elegir entre humanismo y pragmatismo, sino evitar que uno destruya al otro.
Porque si el T-MEC se debilita, no será Cuba quien pague el precio.
Será México.
Y la historia —esa que no perdona errores estratégicos— ya empezó a tomar nota.
