Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El viernes que se aproxima vence el plazo para el registro de los aspirantes a la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Sin embargo, asoman pocos interesados en ocupar esa cartera quizás por considerarla una ‘papa caliente’, ya que desde su creación (en el 2017) contadas denuncias se han integrado, acertadamente, para llevar a juicio a tanto ladrón del erario.
Ha tenido tres cabecillas: Javier Castro Ormaechea, quien la estrenara por la imposición del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca; Raúl Ramírez Castañeda –otra imposición del hoy ex mandatario–, y Jesús Eduardo Govea Orozco en dos ocasiones (una ilegal y otra legal) de donde saltó como fiscal general de justicia.
Durante su ejercicio cada cual tuvo la oportunidad de integrar carpetas de investigación con pruebas irrefutables para llevar a juicio a delincuentes, cumpliendo estrictamente su función, pero sólo procedieron en contra de la burocracia delictiva de menor monta, facilitando la huida de ‘peces gordos’.
Y eso que, se supone, tuvieron tiempo para documentar delitos. Como el peculado, cohecho, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, malversación de fondos y uso indebido de atribuciones, por ser los más comunes.
Pero no lo hicieron.
Así que el nuevo fiscal anticorrupción estaría obligado a corregir tantas fallas u omisiones cometidas por sus antecesores, so pena de ser señalado de inepto o incapaz para judicializar las más de mil carpetas abiertas contra alrededor de 1,200 ex servidores públicos.
Más las que se acumulen, considerando que la Comisión de Vigilancia de la LXVI Legislatura rehusó aprobar cerca de 200 cuentas públicas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, al menos, por detectar graves irregularidades en el manejo de recursos públicos, lo que provocaría acusaciones formales de corrupción ante la fiscalía especializada en caso de que las autoridades, o ex, encargadas de su aplicación, no ofrezcan explicación convincente del destino que se les dio a esos dineros.
Como fuere, advierto que la decisión sobre quién será el próximo fiscal anticorrupción ya está tomada.
Por ello tal vez pocos son los abogados interesados en participar en el proceso selectivo montado por el Congreso local.
Reacomodo en puerta
El cambio de funcionarios públicos de nivel medio ha sido una constante en la administración del doctor Américo Villarreal Anaya. Y se ha reproducido, aunque en menor cantidad, en rangos superiores.
Esto para bien, tomando en cuenta que el mandatario estatal requiere que todo el aparato gubernamental trabaje en una misma frecuencia.
Inclusive, de acuerdo con las reglas del sistema político mexicano –no escritas, por cierto–, ya transita la segunda mitad de su administración y para enfrentar los tiempos debe evaluar el desempeño de todos y cada uno de sus colaboradores.
Él está en todo su derecho de mover las piezas del ajedrez como parte del difícil arte de ejercer el poder.
Así que, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, el mandatario puede disponer con entera libertad de las carteras que integran el gabinete.
Sobre todo, cuando es preocupación suya hacer que la maquinaria del gobierno redoble esfuerzos para beneficio del pueblo tamaulipeco.
La tradición política marca (también) que los relevos se ejecuten para retirar a los ineficientes, premiar a los esforzados, foguear cuadros y, por supuesto, cubrir los flancos que se han tornado vulnerables.
De ahí que no cause sorpresa, entonces, que a partir de este mes en la estructura gubernamental personajes de primer nivel dejen sus cargos para atender distintas tareas, en el mejor de los casos, o contribuyan a la estadística del desempleo.
Tampoco me extrañaría que, al renovado gabinete, incluso ampliado, se incorporasen individuos cuyos fierros corresponden a establos ajenos, porque si algo distingue a Villarreal Anaya es que sabe ser incluyente.
La pasividad, durante los primeros tres años y lo que va del cuarto, ha sido una constante en varias áreas de la administración pública estatal, por lo que mucho mérito tiene la disposición del gobernador para ejecutar cambios y enroques en su equipo de trabajo, pues sólo de esta forma, insisto, haría más funcional el aparato burocrático.
Esta consideración, además, la respalda el hecho de que el régimen no haya mantenido un mismo ritmo de productividad durante su ejercicio; y que haya sido el propio mandatario, precisamente, quien atienda casi todo lo que en su tiempo y circunstancia no supieron resolver los actores más infructuosos que se desempeñan como virreyes, sin ofrecer resultados que contribuyan al desarrollo y la transformación de Tamaulipas.
Eso sin contar a los segundones que tanto gustan ponerles trampas a sus jefes, pues codician sustituirlos en el cargo, sin entender que para ello se requiere más que ganas.
Por ejemplo, lealtad, institucionalidad, talento y humanismo, que son cuatro valores que, según se ha visto, les están negados.
En ‘radio pasillo’ y cafés hay mucha especulación sobre los cambios.
Pero sólo el doctor sabe cuándo y por qué habrán de darse.
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