Por José Gregorio Aguilar
Martes 06 de enero 2026
El subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, anunció que el Ejecutivo estatal trabaja en una iniciativa de ley para regular el uso de cámaras de video vigilancia en Tamaulipas. El proyecto busca que estos dispositivos, instalados en comercios y espacios públicos, se conviertan en herramientas de apoyo ciudadano y no en instrumentos del crimen organizado.
El funcionario explicó que actualmente existen miles de cámaras en tiendas de conveniencia, cadenas transnacionales y negocios locales, pero no todas están integradas al sistema de seguridad estatal. La nueva ley pretende que estas cámaras puedan conectarse al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), ampliando la red de vigilancia y fortaleciendo las investigaciones en materia de seguridad.
“Lo que se busca es que las cámaras realmente sirvan para apoyar a la ciudadanía y no sean utilizadas para fines peligrosos”, señaló Pérez Sánchez. En este sentido, adelantó que se realizará un empadronamiento de todos los sistemas privados de video vigilancia, con el objetivo de tener un control y evitar que sean aprovechados por grupos criminales.
Sobre el número de cámaras actualmente bajo control del C5, el subsecretario reconoció que no existe un dato preciso, ya que apenas se está realizando un barrido en negocios y establecimientos. Sin embargo, aseguró que el estudio permitirá conocer cuántos equipos podrían incorporarse al sistema estatal y con ello ampliar significativamente la cobertura de vigilancia.
La iniciativa se presentará al Congreso local a finales de enero, una vez que inicie el periodo de sesiones. El subsecretario indicó que el proyecto se está fortaleciendo con reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría Ejecutiva y con autoridades de otros estados que ya cuentan con experiencia en este tipo de regulación. “Queremos que Tamaulipas tenga un marco legal sólido y actualizado en materia de video vigilancia”, afirmó.
Actualmente, Tamaulipas no cuenta con una ley específica sobre video vigilancia, por lo que esta propuesta representaría un cambio histórico en la regulación tecnológica aplicada a la seguridad pública. De aprobarse, permitiría que las cámaras privadas se conviertan en aliadas del Estado en la prevención del delito y en la protección de la ciudadanía
