En Tamaulipas comienza a repetirse una idea que suena bien, pero que no resiste el mínimo análisis jurídico ni político. La versión de que en 2028 el estado deberá ser gobernado por una mujer se ha instalado como si fuera una verdad inevitable.
El planteamiento resulta atractivo en tiempos de paridad y discursos de igualdad. Sin embargo, convertirlo en una supuesta obligación legal es, cuando menos, una afirmación imprecisa.
No existe en la Constitución, ni en la legislación electoral, ni en los criterios del INE o del Tribunal Electoral, ninguna norma que establezca turnos de género para las gubernaturas.
La paridad en México no opera por estado, sino por partidos y por conjunto de candidaturas. Esa es la clave que suele omitirse en el discurso público.
Los partidos están obligados a postular mujeres y hombres en equilibrio cuando hay varios cargos en disputa de manera simultánea. No cuando se trata de imponer un género en una entidad específica.
Por eso, afirmar que Tamaulipas debe ser gobernado por una mujer en 2028 carece de sustento legal. Es una interpretación forzada o una narrativa políticamente rentable.
Si en ese proceso electoral Tamaulipas renueva gubernatura de forma aislada o dentro de un paquete reducido, ningún partido estará legalmente obligado a postular a una mujer.
Podrá hacerlo si así lo decide. Pero no porque la ley lo ordene, sino porque su cálculo político así lo determine.
Aquí conviene detenerse en lo esencial. El problema de fondo no es el género de quien gobierne.
El verdadero problema en Tamaulipas ha sido el ejercicio del poder. Hombres y mujeres que han llegado a cargos públicos han terminado, en muchos casos, reproduciendo los mismos vicios.
El uso patrimonial del cargo, las redes de privilegio, la intolerancia a la crítica y la tentación de confundir gobierno con negocio no han distinguido sexo.
El poder, cuando se ejerce sin límites ni convicciones, corrompe por igual. Esa es una constante que el estado conoce bien.
Reducir la discusión a si gobierna una mujer u hombre es una forma cómoda de evadir el debate incómodo. Cómo se gobierna y para quién se gobierna.
El electorado tamaulipeco ya no está para relatos simbólicos ni para consignas de ocasión. La experiencia reciente dejó cicatrices profundas.
Hoy el ciudadano revisa trayectorias, antecedentes y congruencia. Ya no vota con entusiasmo, vota con desconfianza.
La paridad garantiza acceso a candidaturas, no honestidad, no capacidad y mucho menos buen gobierno.
Decir que basta con el género para marcar diferencia es subestimar a una sociedad que ha pagado caro los errores de sus gobernantes.
Claro que Tamaulipas puede ser gobernado por una mujer. Nadie serio discute la capacidad de las mujeres para ejercer el poder.
Pero decir que en 2028 debe ser así es falso. No hay mandato legal, ni obligación política, ni cheque en blanco ciudadano.
El verdadero reto es otro. Encontrar a alguien que no use el poder como botín, que no gobierne desde el rencor y que no confunda autoridad con impunidad.
Porque si algo ha quedado claro es que el problema nunca fue si gobernaba un hombre o una mujer. El problema ha sido que, una vez arriba, muchos terminaron pareciéndose demasiado.
EL RESTO.
Mientras se llegan los tiempos de las decisiones partidistas con respecto al género, una cosa es cierta: en el escenario mediático hay cuatro perfiles femeninos con posibilidades de terminar como candidatas a la gubernatura.
Se trata de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Tania Gisela Contreras López, Olga Sosa Ruiz, por Morena; e Imelda Sanmiguel Sánchez, por el PAN.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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