Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Altamira, Tamps.- A 21 días de que el regidor panista Félix Guillu Meraz difundiera
en redes sociales un video con cuestionamientos directos al manejo financiero y legal de la
supuesta adquisición de un camión de bomberos, el alcalde de Altamira, Armando Martínez
Manríquez, abordó el tema de manera puntual durante la llamada mañanera número 222,
en la que sostuvo que el municipio no erogó recurso público alguno y que el procedimiento
seguido se ajusta a las obligaciones administrativas y patrimoniales del Ayuntamiento.
El contexto de la controversia se originó cuando el regidor expresó públicamente: “En la
vida pública, las decisiones no sólo se miden por su impacto inmediato, sino por la legalidad
que las sustenta y la responsabilidad con la que se toman”, precisando que sus
cuestionamientos no obedecían a una oposición al progreso, sino a la obligación
constitucional y legal de “proteger el ejercicio de las finanzas así como la responsabilidad
que tenemos como funcionarios públicos”. En ese mismo mensaje, Guillu Meraz planteó
dudas específicas sobre el origen y autorización de los recursos, advirtiendo una posible
omisión del Cabildo y citando el artículo 52 del Código Municipal para el Estado de
Tamaulipas como eje de su señalamiento.
Frente a ese señalamiento, el alcalde inició su intervención informando sobre el avance
físico de la nueva estación del Heroico Cuerpo de Bomberos en la colonia Alameda,
indicando que la obra registra un 74 por ciento de avance y que “el edificio ya cuenta con la
estructura completa al 100%, incluyendo muros, losas aplanados y perfilado de puertas y
ventanas”.
Detalló que actualmente se trabaja en acabados interiores, vitropiso, cableado, sellado de
muros y la primera mano de pintura, además de labores en fachadas, cisterna, red
hidrosanitaria exterior, techumbre y accesos. “Para fines de este mes dicen que ya nos
entregan la obra para inaugurarla en febrero”, afirmó.
En ese mismo contexto, el presidente municipal anunció que la nueva estación será
inaugurada con un camión de bomberos completamente nuevo y explicó que, previo a su
operación, se llevará a cabo un proceso intensivo de capacitación. “Les quiero informar que
pasado mañana, el 7 de enero, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de enero, van a estar aquí
capacitadores de la empresa Scania, que es la marca de este camión de bomberos. Vienen
a capacitar a todo el equipo de bomberos”, señaló.
Precisó que la capacitación no será básica, sino integral, con simulacros reales de
incendios, uso de mangueras, llenado de tanques, atención a accidentes y manejo de las
llamadas “quijadas de la vida”, que en este caso son eléctricas, tecnología que, dijo, “no
existe, eso no es conocido”, subrayando el nivel de especialización del equipo.
El alcalde enfatizó que el camión cuenta con equipamiento completo, incluyendo una planta
de luz alterna para emergencias inmediatas, y abordó de manera directa el punto central de

la controversia: el costo y su facturación. “Todo ese equipo cuesta 12 millones 6 mil pesos,
lo facturamos, ya le explicaba yo al regidor Guillu que lo facturamos porque una donación se
tiene que facturar”, sostuvo.
Añadió que mostró al regidor la factura correspondiente, donde se especifica que se trata de
“equipo donado”, aclarando que la duda surgió por la percepción de que el Ayuntamiento
había pagado el monto. “No pagamos ni un peso. El Ayuntamiento de Altamira no erogamos
ni una cantidad de dinero”, recalcó.
Martínez Manríquez amplió la explicación al señalar que el mismo esquema se aplicó con el
camión Vactor, valuado en 10.8 millones de pesos, el cual también fue recibido en calidad
de donación por parte de Petróleos Mexicanos. “Fue una donación… a una gestión y el
respaldo que me da el señor gobernador, Américo Villarreal Anaya, pues ya tenemos la
oportunidad de contar con ese equipo nuevo sin que le cueste un solo peso al
ayuntamiento”, afirmó.
Desde el punto de vista administrativo, el alcalde argumentó que la facturación no implica
una erogación, sino una obligación legal y contable. “Sí tenemos que facturarlo. ¿Por qué?
Porque tenemos que darlo de alta en el patrimonio de activos fijos de nuestro municipio y
también la empresa que los dona tiene que tener un documento en dónde salió ese dinero y
cómo lo compraron o cómo nos lo donaron. Esa es la razón por la cual se factura”, explicó,
insistiendo en que este procedimiento ya fue aclarado directamente al regidor.
El intercambio deja al descubierto una tensión recurrente en la vida municipal: la frontera
entre la percepción política y el procedimiento jurídico-administrativo. Mientras el regidor
advirtió que “la ley no estorba, ordena” y que excluir al Cabildo “debilita la rendición de
cuentas y erosiona la confianza pública”, el alcalde sostuvo que no existió compromiso de
recursos públicos y, por tanto, no se configuró la hipótesis de aprobación de gasto que
señala el Código Municipal.
En ese cruce de versiones, el debate se desplaza del terreno de la necesidad del
equipamiento —reconocida por ambas partes— al de la interpretación legal del acto
administrativo. La respuesta del alcalde busca cerrar el tema precisando la donación, la
facturación y el registro patrimonial no sólo son legales, sino obligatorios, mientras que el
señalamiento del regidor mantiene abierto el escrutinio público sobre los mecanismos de
control, transparencia y comunicación institucional en decisiones de alto impacto para la
seguridad y el patrimonio municipal.