Enfoque Sociopolítico |

● 4 de enero, México celebra el Día del Periodista. Una fecha que, más allá del
reconocimiento profesional, debería sonar como alarma frente a un persistente y
letal asedio al derecho a informar.
Por Agustin Peña Cruz*
Cada 4 de enero, nuestro país conmemora el Día Nacional del Periodista, en memoria de
Manuel Caballero, pionero del oficio y considerado uno de los primeros reporteros
modernos de México, fallecido un 4 de enero de 1926. Esta efeméride fue consolidada
como celebración formal décadas después, en reconocimiento a su legado y la labor
informativa que ha acompañado a la vida pública mexicana por más de un siglo.
Sin embargo, la celebración oficial contrasta con una realidad brutal: la práctica del
periodismo en México se ha convertido, en las últimas dos décadas, en uno de los oficios
más riesgosos del mundo. Según Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados más
de 150 periodistas en el ejercicio de su labor, con cifras que incluso alcanzan los 170
homicidios al cierre de 2024 y comienzos de 2025.

EL OFICIO EN RIESGO: CIFRAS, VIOLENCIA E IMPUNIDAD
México figura entre los países más letales para ejercer el periodismo fuera de zonas de
guerra. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19 coinciden en
que la violencia se ha consolidado no sólo como fenómeno criminal sino como herramienta
estructural para restringir la libertad de prensa.
Durante 2022, Artículo 19 documentó 696 agresiones contra medios y periodistas,
promediando un ataque cada 13 horas. Ese mismo año se documentaron 12 asesinatos de
periodistas, cifra que sitúa a México como el país más letal del continente americano para
ejercer esta profesión.
En 2023, el número de agresiones contra la prensa, según la misma organización, fue de
561 casos, con un promedio de un ataque cada 16 horas.
Los datos señalan que los agresores no son únicamente grupos criminales, sino también
autoridades estatales y actores políticos: en 2022, aproximadamente 42 % de las
agresiones fueron cometidas por agentes del Estado, exponiendo un patrón de
hostigamiento institucionalizado.
Las cifras de homicidios entre 2000 y 2025 son alarmantes. Reportes compilados por
organizaciones independientes registran más de 150 periodistas asesinados vinculados
directamente con su trabajo informativo.
Además, el aumento de acoso judicial como nueva forma de censura ha marcado 2025:
entre enero y julio, Artículo 19 identificó 51 casos de procesos legales contra 39 periodistas

y 12 medios, muchos impulsados por autoridades públicas que utilizan figuras penales o
civiles para silenciar la crítica.
La violencia no es solo estadística. La impunidad es brutal, con menos del 5 % de los casos
con sentencias condenatorias, a pesar de la existencia de la Fiscalía Especializada en
Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), creada en 2010.
En 2025 eventos recientes confirman esta tendencia: asesinatos como los de Alejandro
Gallegos en Tabasco o Kristian Uriel Martínez Zavala en Guanajuato son parte de un patrón
que se repite, donde incluso medios de protección fueron ineficaces o retirados por las
víctimas antes de ser agredidos nuevamente.

MECANISMO DE PROTECCIÓN Y LA EXIGENCIA DE UN ESTADO GARANTE
Ante esta crisis, el Estado mexicano ha creado instrumentos legales y administrativos para
proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. El más relevante es el
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
establecido en 2012 con el objetivo de salvaguardar vidas ante situaciones de riesgo.
Este mecanismo opera con capacidad de respuesta rápida —clara en su diseño— y
contempla medidas materiales de protección para periodistas amenazados. Sin embargo,
su eficacia ha sido cuestionada. Documentos oficiales y denuncias de organizaciones
señalan que en al menos ocho casos recientes, periodistas que tenían medidas de
protección fueron asesinados, lo que demuestra fallas graves en la implementación,
evaluación de riesgos y protocolos de actuación.
Además, muchos estados carecen incluso de leyes locales de protección equivalentes a la
norma federal, prolongando espacios de vulnerabilidad.
Las recomendaciones recurrentes de la sociedad civil —CNDH, RSF, Artículo 19 y
organismos internacionales— insisten en la necesidad de una política pública integral que
combine prevención, investigación efectiva, y sanción real para quienes atacan a
periodistas.
Sin embargo, el discurso institucional muchas veces se queda en promesas ceremoniales y
no se traduce en acciones concretas. Las cifras de agresiones persisten o incluso
aumentan, mientras que la protección ofrecida queda relegada a meros protocolos
administrativos sin un presupuesto y capacidad operativa adecuados.
A nivel local, esta deficiencia también se replica. En Tamaulipas, un caso paradigmático de
la vulnerabilidad del periodista fue la amenaza que este servidor, recibió el año pasado por
parte de una autoridad municipal de Altamira, regidora Epifania Morán Villeda, un episodio
que trasciende el ámbito individual para evidenciar un patrón de intimidación política hacia
comunicadores críticos.
Este tipo de amenazas, aunque no siempre terminan en homicidio, cortan carreras, generan
autocensura y debilitan la democracia, debido a que el miedo desactiva el rol fiscalizador del
periodismo frente al poder público.

Es indispensable —hoy más que nunca— que el gobierno de Tamaulipas y otras
autoridades estatales asuman con compromiso real la protección de la libertad de expresión
no sólo como promesa retórica institucional, sino como política pública con respaldo
presupuestal, capacitación judicial, evaluación de riesgos permanente, y participación de la
sociedad civil en el diseño de protocolos.
La conmemoración del Día Nacional del Periodista no debe ser únicamente una jornada de
discursos laudatorios o premiaciones; debe convertirse en un momento de rendir cuentas,
evaluar mecanismos fallidos, rescatar la integridad física y moral de quienes informan, y
garantizar que informar no sea sinónimo de morir o ser censurado.
La libertad de prensa, columna vertebral de cualquier sociedad democrática, no es
negociable: exige protección real, mecanismos efectivos y una justicia que deje de ser
cómplice por la impunidad. El reto que tenemos como sociedad va más allá del
reconocimiento: es asegurar que el periodismo siga vivo, libre y seguro para ejercer su
función crítica y transformadora.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]

• El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales,
  Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista
  investigador independiente y catedrático.