Por: Luis Enrique Arreola Vidal.

En el tablero de la geopolítica contemporánea, México ocupa un lugar singular y peligroso: es demasiado grande para ser invadido y demasiado importante para ser dejado a su suerte.

Esta paradoja define hoy la relación con Estados Unidos, en un momento de máxima tensión donde la crisis del fentanilo, la violencia del crimen organizado y la retórica electoral han convertido a la frontera común en un frente de prioridad estratégica.

Estados Unidos no invade por capricho.

Interviene cuando el costo de la inacción se vuelve políticamente insoportable.

En Washington, el debate sobre México dejó de ser académico: es electoral, de seguridad nacional y urgente.

Donald Trump no discute estadísticas; habla de tumbas.

Cuando invoca más de 300 mil muertes por fentanilo —cifras “extraoficiales”, según él— no busca precisión científica, sino construir un mandato.

El fentanilo deja de ser una crisis de salud pública para convertirse en una agresión transnacional.

Y cuando una superpotencia decide llamar “guerra” a una tragedia, cambia el lenguaje… y cambian las respuestas.

Trump ha sido explícito: Estados Unidos tiene identificadas todas las rutas marítimas e hídricas que conectan México con su territorio.

No es una fanfarronada; es señalización estratégica.

Decir “sabemos” equivale a decir “podemos”.

La inteligencia estadounidense ha cuadriculado el Pacífico Oriental y el Golfo de México; monitorea flujos, detecta patrones, anticipa movimientos.

En seguridad, el conocimiento es poder; en política, anunciarlo prepara el terreno.

En ese contexto emerge un dato incómodo: la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos es la más profunda de su historia.

Extradiciones de alto perfil, decomisos conjuntos de fentanilo y precursores, intercambio de inteligencia y sincronía operativa.

La figura de Omar García Harfuch simboliza esa fase: cuando México decide actuar, puede hacerlo con eficacia.

Pero la eficacia tiene un reverso cruel: eleva expectativas.

Cada golpe exitoso reduce el pretexto, pero acorta la paciencia del socio.

El éxito, paradójicamente, invita a exigir más.

Aquí aparece el contraste que define la época.

Cuba sobrevive por irrelevancia estratégica.

Es símbolo, propaganda, conflicto congelado.

No presiona fronteras, no controla rutas críticas, no mata a cientos de miles de estadounidenses por sobredosis.

Es un expediente moral, no un problema de seguridad inmediata.

Por eso nadie la invade.

Venezuela es otra cosa: energía, región, migración continental. Se le presiona con sanciones, se le asfixia financieramente, se le usa como palanca geopolítica.

Aun así, la intervención directa se calcula con cautela: el costo regional es alto y el beneficio incierto.

México, en cambio, sí cumple todos los criterios que activan la alarma: una frontera de más de tres mil kilómetros; cadenas de suministro integradas; comercio bilateral que supera los 900 mil millones de dólares; migración constante; y, sobre todo, drogas sintéticas que Washington ya define como amenaza existencial.

México no es símbolo ni periferia: es bisagra.

No es un problema externo: es parte del sistema.

Por eso México no es candidato a una invasión convencional.

Sería un suicidio geopolítico. No se invade al socio con el que compartes industria, frontera y estabilidad regional.

Lo que se diseña es otra cosa: intervención sin ocupación.

Drones, interdicción marítima, golpes financieros quirúrgicos, sanciones selectivas, operaciones especiales que entran y salen sin dejar huella.

La guerra del siglo XXI no entra por la puerta principal.

Trump empuja la narrativa hasta el límite y acusa que la presidenta Claudia Sheinbaum “tiene miedo” de los cárteles.

No es análisis; es encuadre político.

Coloca en el foco el caso Sinaloa y en una tesis que recorre Washington: retirar a los líderes desata guerras internas por el control del territorio, expandiendo la violencia como incendio en temporada de sequía.

En su lógica, no actuar es permitir que el fuego avance; actuar es asumir el costo político de apagarlo.

Ese discurso no busca convencer a México. Busca convencer a Estados Unidos: a su Congreso, a su electorado, a sus aliados.

Porque cuando el argumento se formula así —sabemos las rutas, conocemos a los actores, cooperamos como nunca y aun así mueren cientos de miles— la conclusión se vuelve peligrosa: si el socio no puede o no quiere, alguien más lo hará.

La paradoja mexicana es profunda: demostrar capacidad es indispensable, pero no suficiente.

Cada extradición, cada decomiso, cada operación conjunta reduce el pretexto, pero alimenta la idea de que una acción más agresiva es viable y necesaria.

La soberanía no se pierde de golpe: se erosiona poco a poco.

Primero con palabras. Luego con “cooperación”.

Al final, con hechos consumados que alguien llamará “inevitables”.

La verdadera fragilidad de México no está en su tamaño ni en su economía.

Está en la infiltración sistémica del crimen organizado en estructuras políticas, judiciales y cuerpos de seguridad.

Corrupción en prisiones, policías locales capturadas, redes de protección que alcanzan a funcionarios y exfuncionarios del más alto nivel.

Sin erradicar esa permeabilidad, los logros operativos serán temporales y, peor aún, alimentarán las demandas externas.

Cuba cae fuera del cálculo por irrelevante.

Venezuela entra y sale del tablero según el precio del petróleo y la presión regional.

México no tiene ese margen.

Es demasiado grande para invadir… y demasiado importante para que lo dejen colapsar.

Esa es la verdad incómoda de nuestro tiempo, del 2026 en México.