Golpe a golpe
Por Sánchez Mendoza
El decreto presidencial publicado el día último del año que nos antecede, le puso fin a la regularización de vehículos llamados ‘chocolate’, abrogando 1) el acuerdo original de octubre de 2021; 2) el decreto principal (de diciembre de 2022); y 3) todas sus modificaciones posteriores.
En lo sucesivo, las unidades de procedencia extranjera que ingresen a territorio nacional para quedarse deberán apegarse a las normas generales de comercio exterior vigentes.
Con esto, para importar un vehículo usado a México se deberán pagar entre un 30 y un 60 por ciento del valor del vehículo tasado por la autoridad aduanal y no sobre lo que manifieste el propietario; el Impuesto General de Importación (IGI) que es del 10% sobre el precio fijado; más entre un 8 y 16 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
También el pago de regularización estimado en dos mil 500 pesos; y el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), más pre validación y emplacamiento.
Obviamente, la derogación del decreto lópezobradorista ha irritado a la población que invirtió sus ahorros y aguinaldo para comprar vehículos en la temporada decembrina, con la idea de regularizarlos este año.
Y como era de esperarse, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) celebró esa derogación del decreto al considerar que la regularización de casi tres millones de unidades (en los últimos cuatro años) afectó negativamente al sector automotriz e incrementó el parque vehicular altamente contaminante y deterioró la seguridad vial.
Unos y otros tienen razón.
Los adquirientes de vehículos ‘chocolate’ al justificar su compra por no tener capacidad económica para adquirir unidades ‘nacionales’ nuevas, por sus altos precios. Y los distribuidores, por sentirse afectados en sus ventas, aunque igual tienen razón al afirmar que muchos ‘chocolates’ sólo generan contaminación y problemas viales al presentar deterioros mecánicos.
Estimaciones sobre la regularización vehicular, en cuatro años, indican que hay ciudades, sobre todo fronterizas, donde se observa una saturación de unidades ‘chocolate’.
Y eso ha provocado más accidentes e inseguridad.
En el primer caso, porque muchos de los conductores sólo se suben al vehículo, lo encienden y avanzan al ahí se va. Y, en el segundo, porque las unidades ‘chocolate’ son utilizadas por la ‘maña’ en la comisión de delitos.
También hay casos, miles, de gente que no puede adquirir un vehículo nuevo o seminuevo, ante sus elevados precios, por lo que en diciembre decidieron comprar un ‘chocolate’ para regularizarlo este año.
Lamentablemente, para ellos, esto ya no será posible por el decreto de Claudia Sheinbaum Pardo que anula la disposición de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, en auxilio de los más jodidos.
Así que, desde el día primero del año que cursamos, los vehículos que hayan sido introducidos al país, y no estén regularizados, son considerados contrabando.
Como sea, la permanencia ilegal de vehículos extranjeros no es un asunto privativo de Tamaulipas, pues se da en casi todas las entidades del país, aunque registre mayores índices en los seis estados fronterizos con la Unión Americana.
A la fecha, no existe una estimación convincente sobre la cantidad de vehículos ‘chocolate’ (sin regularizar) que circulan a lo largo y ancho de la República Mexicana –con o sin ‘permiso’ de la ONAPAFA–, pero se supone que serían +/- 2.5 millones; y en el caso concreto de Tamaulipas se presume una cantidad cercana a las 100 mil unidades.
Como fuere, los tenedores de esos vehículos ya manifiestan temor de que se desate una ‘cacería’ por parte de policías y/o agentes de tránsito en aras de extorsionarlos por poseer o conducir unidades de contrabando.
Y es, precisamente en este tiempo, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, debe al menos diseñar y difundir un manual para que los propietarios de vehículos ‘chocolate’ tengan información de los lugares donde puedan regularizar su estatus, los regresen a la Unión Americana o los entreguen a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Carmen Lilia convence
En la encuesta más reciente de Consulta Mitofsky, levantada en diciembre de 2025, sobre la aceptación ciudadana de 150 alcaldes, aparece Carmen Lilia Canturosas Villarreal en el cuarto lugar a nivel nacional; y en el ámbito estatal ocupa la primera posición, al obtener el 58.3% de opinión favorable.
El resultado es reflejo de la comunión que la munícipe mantiene con la población de Nuevo Laredo, de su trabajo administrativo y de su asistencia social, pues está dedicada de tiempo completo a procurar el mejoramiento de los servicios públicos sin descuidar, por cierto, el buen manejo del erario ni la atención ciudadana.
Hay indicadores que refieren la recuperación de la localidad fronteriza y, por supuesto, su transformación, que la convierten en un fuerte atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros.
Correo: [email protected]
…
