Enfoque Sociopolítico |

Por Agustin Peña Cruz*
Por momentos, los sistemas democráticos revelan su fragilidad no en los grandes discursos,
sino en los casos concretos donde el poder decide a quién señalar. El proceso iniciado
contra el periodista Rafael “Lafita” León Segovia, acusado de delitos contra la seguridad
pública tras informar sobre un hecho de violencia ocurrido en una zona turística de
Veracruz, es uno de esos episodios que obligan a una reflexión profunda sobre los límites
del Estado y el papel de la prensa.
El núcleo del problema no puede pasar por desapercibido: ¿puede el ejercicio periodístico
—informar sobre hechos reales y verificables— ser equiparado a conductas propias del
terrorismo o de una amenaza a la seguridad pública? Desde una lectura jurídica seria, la
respuesta es negativa. Desde una perspectiva democrática, el solo planteamiento de esa
posibilidad resulta inquietante.
La Constitución mexicana es clara. Los artículos 6º y 7º consagran la libertad de expresión y
el derecho a difundir información sin censura previa. Estas garantías no existen para
proteger opiniones cómodas o narrativas oficiales, sino precisamente para salvaguardar la
difusión de hechos que incomodan, exhiben fallas institucionales o revelan realidades que
se preferiría ocultar. La violencia, en particular, es un asunto de interés público por
excelencia.
El Código Penal del Estado de Veracruz tipifica el terrorismo como una conducta que exige
dolo específico: la intención deliberada de provocar alarma, zozobra o desorden social
mediante la simulación o falsedad de actos violentos. Informar sobre un hecho que ocurrió
—y que no fue provocado ni manipulado por el periodista— carece de ese elemento
subjetivo esencial. Sin intención de generar pánico, no hay tipo penal. Sin simulación, no
hay delito.
Intentar forzar esta figura jurídica para encuadrar la labor informativa no solo vulnera el
principio de legalidad penal, sino que abre la puerta a un uso expansivo y peligroso del
derecho penal como herramienta de control narrativo. Hoy es un reportaje sobre violencia
en un destino turístico; mañana podría ser una investigación sobre corrupción, abusos
policiales o fallas estructurales del Estado.
El portal veracruzano Gobernantes.com, precisa que “de acuerdo con los reportes, el pretexto
habría sido un incidente registrado con la abogada Leticia Zurita Dávila, quien lo amenazó: “¡Te
voy a hacer un desmadre, vas a ver!, luego de que el periodista cubrió un accidente en el
malecón donde se vio involucrada la hija de la abogada”.
La acción promovida por la abogada Zurita Dávila trasciende el expediente judicial. Plantea
una pregunta incómoda: ¿qué se busca proteger realmente, la seguridad pública o la
imagen pública?. En los estándares internacionales de derechos humanos, la respuesta es

inequívoca. La seguridad no se construye desde el silencio ni desde la intimidación judicial,
sino desde la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.
No hay que perder de vista ni del sentido común que la criminalización del periodismo es
una señal temprana de erosión democrática. No se trata de una hipérbole: cuando informar
se vuelve un riesgo penal, la sociedad entera pierde su derecho a saber.
El caso de Lafita León no debería resolverse en los tribunales penales, sino en el terreno
donde siempre ha estado el periodismo: el debate público, la verificación de los hechos y la
responsabilidad profesional. Si hubo errores informativos, existen vías civiles, éticas y de
réplica. El derecho penal, por definición, debe ser la última ratio, no el primer reflejo.
Defender a un periodista en este contexto no es un acto corporativo ni ideológico. Es una
defensa del principio elemental de que contar la realidad no puede ser considerado un
crimen. Cuando el Estado confunde al mensajero con la causa del mensaje, el problema ya
no es de seguridad pública, sino de libertad. Y esa es una frontera que ninguna democracia
debería cruzar.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]

• El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales,
  Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista
  investigador independiente y catedrático.