DE PRIMERA …….LA DAMA DE LA NOTICIA
POR ARABELA GARCIA ……
El Agua en México: ¿Derecho Humano o Centralismo de Estado?
México llega al cierre de 2025 sediento, no solo de líquido, sino de certezas. Mientras el país se distrae con el «tiempo de abrazos» y el fervor de las fiestas decembrinas, la realidad hídrica nos golpea con un balde de agua fría: la recién aprobada Ley General de Aguas. Bajo el noble estandarte del «derecho humano», el Estado ha ejecutado una maniobra de centralismo absoluto que promete orden, pero que hoy siembra pánico en el campo y en la industria.
El Fin del Mercado, el Inicio del Control
La nueva legislación es un golpe de timón agresivo. Se acabó la era de la transmisión de concesiones entre particulares. Ahora, la Conagua es el único árbitro, jugador y dueño del balón. Si un agricultor vende su tierra, el agua no se va con ella automáticamente; el nuevo dueño debe «rogar» al Estado una nueva asignación.
Esta medida, que busca frenar el mercado negro y el acaparamiento, tiene un reverso tenebroso: la incertidumbre jurídica. ¿Quién invertirá en un campo cuya sangre (el agua) depende del criterio burocrático de turno? La intención de desmercantilizar el recurso es ética, pero la ejecución administrativa amenaza con ser un cuello de botella paralizante.
El Trasvase: Entre la Deuda y el Desierto
Mientras en el centro del país discutimos leyes, en el norte la realidad es de aritmética pura y dura. El reciente acuerdo para iniciar el trasvase de la presa La Amistad hacia Estados Unidos es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. México está pagando su deuda hídrica con el vecino del norte mientras sus propias presas en Chihuahua y Coahuila agonizan por debajo del 40% de su capacidad.
Es una ironía trágica: enviamos agua para evitar sanciones comerciales de la administración Trump, mientras nuestros «paisanos» agricultores ven cómo el suelo se agrieta. El trasvase no es solo un movimiento técnico; es un termómetro de nuestra soberanía comprometida por décadas de mala gestión y una sequía que ya no es noticia, sino un estado permanente.
Recuento de una Crisis Anunciada
La nueva ley tipifica por primera vez delitos hídricos con penas de cárcel. Es una respuesta reactiva a un problema que requería prevención. ¿De qué sirve castigar el «huachicoleo» de agua si el Estado no ha invertido lo suficiente en infraestructura de captación pluvial o desalinización?
Objetivamente, la ley tiene aciertos: prioriza el consumo doméstico y busca transparencia con el nuevo Registro Nacional del Agua. Pero críticamente, parece una ley diseñada para un país con abundancia, cuando habitamos un territorio con estrés hídrico extremo.
El agua en México ha dejado de ser un recurso para convertirse en un arma política y un botín administrativo. La nueva ley es un experimento de alto riesgo: si el Estado no demuestra eficiencia operativa inmediata, el «derecho humano al agua» se quedará solo en el papel, mientras en la realidad, el grifo se sigue cerrando
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