Por: Luis Enrique Arreola Vidal
Esto no es una discusión técnica sobre portafolios de inversión ni un debate contable sobre rendimientos bursátiles.
Es, en sentido estricto, un intento de demolición de la autonomía universitaria por la vía presupuestal, que históricamente ha sido la más eficaz y la menos ruidosa.
Fuentes confidenciales consultadas por un servidor señalan que la firma Value otorgaba al rector en turno un recurso mensual de hasta 12 millones de pesos bajo la figura de gasto discrecional. La afirmación se sostiene en un contexto que hoy queda documentado: la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada el 14 de noviembre de 2025 por el Grupo Parlamentario de Morena y el Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del Congreso de Tamaulipas.
Dicha iniciativa propone reformar la Constitución Política del Estado y diversas leyes orgánicas —incluida la Ley Constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)— con un objetivo central: impedir que los órganos constitucionales autónomos inviertan en títulos de bolsa y obligarlos a retirar esos recursos para reintegrarlos, junto con sus rendimientos, a la Secretaría de Finanzas del Estado.
En términos claros: quitarle a la universidad el control de su patrimonio.
La iniciativa es explícita. Pretende adicionar el Artículo 162 Bis constitucional y establece, en su Artículo Transitorio Segundo, que los recursos invertidos deberán transferirse al Ejecutivo estatal en un plazo de 45 días. En el caso de la UAT, esto impacta inversiones estimadas en 3,560 millones de pesos realizadas a través de Value.
El discurso oficial habla de “austeridad republicana” y de evitar manejos discrecionales. Pero el propio documento reconoce un vacío normativo en la Ley de Gasto Público y, en lugar de fortalecer los mecanismos de fiscalización interna, opta por la centralización del dinero. Es decir, castiga a la autonomía en lugar de corregir la opacidad.
Desde el punto de vista jurídico, el problema es aún más grave.
La reforma vulnera el Artículo 3º de la Constitución Federal, que garantiza la autonomía universitaria, incluida la administración de su patrimonio. Contraviene además criterios firmes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sostenido que la autonomía financiera es parte esencial de la libertad universitaria (tesis 1a./J. 12/2010 y Amparo en Revisión 204/2013).
Forzar la liquidación anticipada de inversiones —como reconoce el propio proyecto— puede generar daño patrimonial, lo que abre la puerta a responsabilidades conforme al Artículo 109 constitucional. Y obligar a entregar los recursos al Ejecutivo no es fiscalizar: es someter.
El argumento histórico tampoco resiste análisis.
Después de Tlatelolco, México entendió que la autonomía universitaria no era un privilegio, sino un muro de contención frente al autoritarismo. Por eso la defendieron figuras como Francisco Hernández García, Francisco de P. Arreola, Pedro Morales y muchos otros universitarios que comprendieron que quitarle el dinero a la universidad es quitarle la voz.
Hoy, ese muro vuelve a ser golpeado.
No con tanques.
No con bayonetas.
Sino con decretos y artículos transitorios.
La iniciativa no se limita a la UAT. Abarca fiscalías, comisiones y otros órganos autónomos. Es una lógica de concentración de poder, disfrazada de control financiero, que reproduce prácticas autoritarias que México ya pagó muy caras.
A algunos actores políticos —viejos conocidos del sistema, reciclados bajo nuevas siglas— hoy no les queda proyecto ni legitimidad institucional. Les quedan las cuentas pendientes, las investigaciones en curso y la responsabilidad histórica de haber apostado por el lado equivocado.
Porque esto no va de personas.
Va de principios.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas no es una caja chica del gobierno en turno. Es patrimonio del conocimiento, de la sociedad y del futuro. Y quien no lo entienda debe saberlo desde ahora: la historia no absuelve a quienes asaltan la autonomía universitaria.
La autonomía no se defiende cuando ya fue arrebatada.
Se defiende ahora.
Diciembre de 2025
